PLAN DE ACCIÓN DE MILÁN

 

  1. La delincuencia es un importante problema de dimensiones nacionales y en algunos casos, internacionales. Ciertas formas de delincuencia pueden obstaculizar el progreso político, económico, social y cultural de los pueblos y amenazar los derechos humanos, las libertades fundamentales y la paz, la estabilidad y la seguridad. En ciertos casos, exige una respuesta concertada de la comunidad de naciones para reducir las oportunidades de comisión de delitos y tratar los factores socioeconómicos pertinentes, como la pobreza, la desigualdad y el desempleo. En este contexto, incumbe un papel importante al foro universal de las Naciones Unidas, cuya retribución a la cooperación multilateral en esa esfera debiera hacerse más efectiva.

 

  1. En los últimos años, la mayoría de los países han experimentado transformaciones sociales, y económicas rápidas y de vasto alcance. El desarrollo  no es criminógeno per se, especialmente cuando sus frutos se distribuyen equitativamente entre todos los pueblos, contribuyendo de ese modo a mejorar las condiciones sociales generales, no obstante, un desarrollo desequilibrado o inadecuadamente planificado contribuye al aumento de la delincuencia.

 

  1. El éxito de los sistemas de justicia penal y de las estrategias de prevención del delito depende de los progresos que se consigan en el mantenimiento de la paz, el mejoramiento de las condiciones sociales, la promoción de un nuevo orden económico internacional y la elevación del nivel de vida. La índole multisectorial e interdisciplinaria de la prevención del delito y la justicia penal, y en particular sus vínculos con la paz, exigen la atención coordinada de diversos organismos y disciplinas.

 

  1. La prevención del delito y la justicia penal deberían ser consideradas en el contexto del desarrollo económico de los sistemas políticos, de los valores sociales y culturales y de la evolución social, así como en el contexto del nuevo orden económico internacional. El sistema de justicia penal debería responder plenamente a la diversidad de sistemas políticos, económicos y sociales y a las condiciones siempre cambiantes de la sociedad.

 

  1. A la luz de esas consideraciones generales, se formulan las siguientes recomendaciones como elementos esenciales de un plan de acción eficaz que se somete a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas:

 

a.    Los gobiernos deberían conceder alta prioridad a la prevención del delito y la justicia penal mediante, entre otras cosas, el fortalecimiento de los mecanismos nacionales de prevención del delito y la asignación de recursos adecuados;

 

b.    Los gobiernos interesados deberían cooperar, bilateral y multilateralmente, lo más posible en el reforzamiento de las medidas de prevención del delito y de los procedimientos de justicia penal, emprendiendo con ese objeto programas y proyectos orientados hacia la acción;

 

c.    Como la delincuencia es un concepto dinámico, las Naciones Unidas deberían seguir robusteciendo su capacidad de investigación y tomar medidas para elaborar las imprescindibles bases de datos sobre delincuencia y justicia penal. En particular, debería prestarse atención a las posibles relaciones entre la delincuencia y aspectos concretos del desarrollo, tales como la estructura demográfica y el aumento de la población, la urbanización, la industrialización, la vivienda, la migración y las oportunidades de empleo;

 

d.    Es igualmente necesario proseguir el estudio del delito y de la delincuencia en relación con los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como investigar tanto las formas tradicionales como las nuevas formas de delincuencia;

 

e.    Los Estados Miembros deberían adoptar medidas concretas y urgentes para erradicar la discriminación racial, en particular en apartheid y otras formas de opresión y discriminación contra los pueblos, y abstenerse de todo acto que menoscabe la soberanía y la independencia de los países;

 

f.     Debe darse prioridad a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, incluso, cuando proceda, mediante una acción coordinada y concertada de la comunidad internacional;

 

g.    Es imprescindible emprender una acción de gran envergadura para controlar y en último término, erradicar los fenómenos destructivos del tráfico y el uso indebido de drogas y de la delincuencia organizada, que minan y desestabilizan la sociedad;

 

h.    Debería prestarse continua atención al mejoramiento de los sistemas de justicia penal, para adecuarlos mejor a las condiciones y necesidades cambiantes de la sociedad y a las nuevas dimensiones del delito y de la delincuencia. Las Naciones Unidas deberían facilitar el intercambio de información y de experiencia entre los Estados Miembros y estudiar e investigar las políticas aprovechando el saber técnico disponible;

 

i.      Las organizaciones no gubernamentales deberían seguir participando eficazmente de la labor de las Naciones Unidas en  la esfera de la prevención del delito y la justicia penal;

 

j.      Se pide al Secretario General de las Naciones Unidas que, en consulta con el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, examine el funcionamiento y el programa de trabajo de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, inclusivo los institutos regionales e interregionales de las Naciones Unidas, a fin de establecer prioridades y garantizar la pertinencia y la adecuación constantes de las Naciones Unidas a las nuevas necesidades. En este examen, debería prestarse especial atención al mejoramiento de la coordinación de las actividades pertinentes de las Naciones Unidas en todas las esferas afines. Dada la diversidad de las situaciones económicas, sociales y culturales, es también imperativo iniciar y reforzar, con el concurso de los Estados Miembros interesados, los programas subregionales, regionales e interregionales de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal;

 

k.    Deberían robustecerse los institutos regionales e interregionales de las Naciones Unidas y reforzarse sus programas, para atender las necesidades de sus respectivas regiones. Deberían adoptarse además medidas para el inmediato establecimiento en África del instituto regional de prevención del delito y tratamiento del delincuente, tantas veces demorado;

 

l.      Debería reforzarse con urgencia la capacidad de las Naciones Unidas para prestar cooperación técnica a los países en desarrollo que lo soliciten, en particular en las esferas de la capacitación, la planificación, el intercambio de información y de experiencia, la reevaluación de los sistemas jurídicos en relación con las circunstancias socioeconómicas cambiantes y las medidas adecuadas para combatir la delincuencia en todas sus formas. También debería adoptarse las medidas necesarias para promover los servicios regionales de asesoramiento en esta esfera. Todos esos esfuerzos requieren recursos adecuados;

 

m. Los Estados Miembros deberían intensificar sus esfuerzos para conseguir la mayor participación posible del público en la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia, y con ese objeto, adoptar medidas para desarrollar lo más posible la educación de dicho público.

 

  1. Se insta a los Estados Miembros a que apliquen el presente Plan de Acción como empeño colectivo de la comunidad internacional para resolver un importante problema cuyas repercusiones desestabilizadoras y desquiciadoras de la sociedad se intensificarán necesariamente si no se toman, con carácter urgente y prioritario, medidas concretas y constructivas.

 

Milán, 26 de agosto – 6 de setiembre de 1985.

Asamblea General, 96ª. Sesión plenaria, 29 de noviembre de 1985.