Declaración de Caracas.

 

El Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,

 

Teniendo en cuenta la importancia para todos los países de conseguir rápidos progresos en la prevención del delito y tratamiento del delincuente, como consecuencia del aumento considerable de la delincuencia, incluidas nuevas formas delictivas, en diversas partes del mundo,

 

Considerando que el fenómeno delictivo en su interacción social lesiona el desarrollo integral de las naciones, ataca el bienestar espiritual y material de los pueblos, compromete la dignidad humana y crea un clima de temor y violencia que deteriora la calidad de la vida,

 

Considerando que la comunidad internacional debe realizar esfuerzos concertados y sistemáticos para coordinar y vigorizar la cooperación técnica y científica y las políticas de prevención del delito en el marco del desarrollo social, cultural, político y económico,

 

Reconociendo el papel de las Naciones Unidas en sus esfuerzos a nivel internacional en el ámbito de la prevención del delito y el tratamiento del delincuente,

 

Considerando que dicho papel debe, por común acuerdo, ser reforzado a nivel internacional y sobre todo regional para que los tratados en ese ámbito se hagan realmente efectivos y  el funcionamiento de los servicios técnicos de asesoramiento y coordinación sea más sistemático y eficiente,

 

Acogiendo con satisfacción el espíritu de cooperación y de progreso manifestado en el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en el ámbito de la prevención del delito y tratamiento del delincuente,

 

I.          Declara lo siguiente:

 

  1. El éxito de los sistemas de justicia penal y de las estrategias para la prevención del delito, especialmente en vista del aumento de nuevas y sofisticadas formas de delincuencia y las dificultades que enfrenta la administración de la justicia penal, depende ante todo de los progresos que se realicen en el mundo para mejorar las condiciones sociales y para elevar el nivel de calidad de la vida, de esta manera resulta indispensable revisar las estrategias tradicionales para combatir el delito basadas exclusivamente en criterios jurídicos.

 

  1. La prevención del delito y la justicia penal deben ser examinadas dentro del contexto del desarrollo económico, de los sistemas políticos, de los valores sociales y culturales y del cambio social, así como dentro del contexto del nuevo orden económico internacional.

 

  1. Es cuestión prioritaria y de gran importancia que los programas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente se basen en las circunstancias sociales, culturales, políticas y económicas de cada país, dentro de un clima de libertad y respeto de los derechos humanos, que los Estados Miembros desarrollen su capacidad efectiva en la proyección y planificación de la política penal y que toda política de prevención del delito se coordine con las estrategias para el desarrollo social, económico, político y cultural.

 

  1. Es necesario promover la investigación científica, teniendo en cuenta las circunstancias y prioridades pertinentes a cada país o región.

 

  1. Los Estados Miembros deben garantizar que los responsables del funcionamiento del sistema de administración de justicia penal en todos los niveles estén debidamente calificados para el desempeño de sus labores y que las lleven a cabo con independencia sin tener en cuenta intereses personales o de grupo.

 

  1. La política criminal y el sistema de administración de justicia deben basarse en los principios que garanticen la igualdad de todos ante la ley sin discriminación alguna, la efectividad del derecho de defensa y la existencia de órganos judiciales adecuados para administrar una justicia rápida y equitativa, así como procurar a todos mayor seguridad y la protección de sus derechos y libertades.

 

  1. Se deben buscar continuamente nuevos enfoques y desarrollar técnicas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente, y a tal fin se debe desarrollar el derecho penal de manera que desempeñe un papel eficaz e importante en la creación de condiciones sociales estables que eviten la opresión y manipulación.

 

  1. La familia, la escuela y el trabajo tienen un papel vital para fomentar el desarrollo de la política social y de las actitudes positivas que contribuyan a prevenir el delito, y dichos factores deben ser tomados en consideración en la planificación nacional y en el desarrollo de la política criminal y en los programas de prevención del delito.

 

  1. En lo concerniente al papel significativo que han desempeñado las Naciones Unidas en el fomento de la cooperación  internacional y el desarrollo de normas y directrices en el ámbito de la política criminal, es importante que la Asamblea General y el Consejo Económico y Social garanticen que se tomen las medidas adecuadas para reforzar, cuando sea pertinente, las actividades de los órganos competentes de las Naciones Unidas relativas a la prevención del delito y tratamiento del delincuente y muy especialmente las actividades a nivel regional y subregional, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las regiones, entre ellas la creación de institutos de investigación, formación y asistencia técnica en aquellas regiones donde no existan y el fortalecimiento de los ya existentes, y además para llevar a efecto las conclusiones del Sexto Congreso de las Naciones Unidas, incluyendo aquellas relativas a las nuevas perspectivas de la cooperación internacional para la prevención del delito y para procurar asimismo que todos los  órganos de las Naciones Unidas cooperen eficazmente con el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia en el cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General.

  

II.       Invita a la Asamblea General, a la luz de la importancia que otorgan los Estados participantes en el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del

         Delincuente a los términos de la presente Declaración, a que adopte tan pronto como sea posible las medidas apropiadas de acuerdo con la Declaración.

 

Asamblea General, 96ª. Sesión plenaria, 15 de diciembre de 1980.