Ética Aplicada y Derechos Humanos.

Parte II. Ética Aplicada

Ética y moral.

El diccionario de la Real Academia Española define la ética como: "Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida". De manera tal que no podemos hablar de ética sin hacerlo de normas morales, de moral, a la vez que reflexionar sobre la frase genérica de "…cualquier ámbito de la vida".

La Moral tiene una base social que influye desde el exterior en la conducta de las personas. Esta base social está representada por un conjunto de normas, tradiciones y costumbres, que se mantienen o modifican través de generaciones y períodos históricos de forma diferente para cada pueblo. De esta manera, estas normas de carácter moral siempre han estado presentes en nosotros y sirven de reaseguro pues influencian en cada persona para una conducta adecuada y pertinente, que responda al grupo social de pertenencia.

Por ello las normas morales son construcciones sociales que aparecen y desaparecen conforme el devenir histórico del grupo y tienen por fin último el bien común. Ahora bien, analizadas que son interiormente por cada quien, implica la formación de diferentes respuestas o manifestaciones externas a las cuales llamamos éticas.

La Ética surge del interior de cada quien, como resultado de su propia reflexión y su propia elección, influyendo también en su conducta pero esta vez desde su misma conciencia. Las respuestas éticas se caracterizan por el nivel de presión del valor captado y apreciado internamente como tal.

El fundamento de las normas éticas son los valores humanos, no aquellos que llegan del entorno, sino aquél internamente descubierto o emergente de la reflexión personal. Entendemos por valores humanos, aquellos principios o fundamentos por los cuales nos guiamos cotidianamente para vivir mejor, con los cuales nos regimos, defendemos y exhortamos al prójimo. Son patrimonio intelectual de cada persona que guían su conducta y a su vez, al exteriorizarlas junto a las de sus semejantes pueden conservar, evolucionar o modificar la moral imperante.

La ética entonces, es la ciencia que estudia la moral y la acción humana. De esta acción, le interesa determinar lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido o prohibido referente a un caso concreto, sea una decisión o una acción. Por ello, el objeto material de la ética son los actos humanos y el objeto formal son los resultados de tales actos desde el punto de vista del bien y del mal.

Ética aplicada.

Su objetivo es el abordaje de problemas éticos surgidos de la vida cotidiana, motivo de lo cual, se enfoca en casos prácticos para resolverlos y tomar decisiones. Comprende a la ética profesional, a la vez que se interesa de los códigos y prácticas profesionales. Examina los dilemas que pudiesen presentarse en el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad laboral en general, como la policial en particular, a fin de lograr una práctica idónea, honesta y enmarcada en la ley. Interviene entonces en la codificación de los valores que se persiguen para servir de guía a los profesionales.

Ética profesional.

Retomemos la frase: "…cualquier ámbito de la vida". Hablemos entonces de profesión y de ética profesional.

Cuando hablamos de profesión, en sentido amplio, lo hacemos de toda actividad personal, vocacional y consuetudinaria al servicio de las personas. No necesariamente comprende profesiones surgidas de carreras de educación superior, sino alcanza a todos los oficios que importen trabajos remunerados, desarrollados digna y honradamente.

La ética profesional se orienta en regular las actividades que se realizan en este marco, pues su ejercicio encierra responsabilidades, obligaciones, prohibiciones, deberes y derechos definidos desde el punto de vista legal. Se trata de una disciplina que está incluida dentro de la ética aplicada ya que hace referencia a una parte específica de la realidad.

Por ello, la idea y concreción de códigos de ética resulta tan necesaria y fundamental para todas las profesiones, oficios o actividades, y por supuesto a la policía con el propósito de fijar preceptos éticos de ejercicio profesional compatibles con un estado de derecho.

Por ello, cuando hablamos de profesionalismo policial, no comprendemos únicamente a los conocimientos, habilidades y experiencia adquiridos, sino de profesarlos de manera ética y legal.

Todo código de ética profesional, es un texto que contiene un conjunto de valores y preceptos, surgidos de la necesidad de facilitar el desarrollo de correctas acciones profesionales, estableciéndose para su práctica, lo que está bien o mal y en cuyo caso, las responsabilidades que deban asumir. Definida su moral social, cada sociedad impone a sus profesionales la manera en que deben llevar adelante tal práctica.

El pensamiento de los agentes policiales pertenece a su privacidad y en consecuencia está protegido por la ley. Es de suma importancia que estén convencidos de los valores y principios que deben proteger pues se reflejaría de mejor manera en su labor cotidiana, pero jamás lo sabremos. Entonces, nos interesa que como funcionarios, su extroversión y compromiso con sus semejantes, responda a una conducta ética.

Ajustándose a derecho, los funcionarios encargados de hacer cumpli la ley, no deberían padecer dilemas éticos. Empero, la realidad nos demuestra que en la multiplicidad de situaciones que les toca vivir a diario, pueden llevarlos a optar o dudar sobre ciertos comportamientos. Es entonces materia de competencia de la ética aplicada su tratamiento y resolución.

Ética policial.

Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Estudiaremos el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues es un código de ética profesional, que establece un conjunto de obligaciones, deberes y prohibiciones cuyo fin último es el “bien”, es decir, hacer lo correcto respetando los valores que se corresponden con una profesión.

Nuestro Código, es un importante documento de derechos humanos porque fue concebido como tal y basándose en otros documentos de derechos humanos que veremos más adelante. Además, se encuentra incorporado en la legislación policial de la provincia de Buenos Aires con la mención que su incumplimiento es falta grave de competencia originaria de la Auditoria General de Asuntos Internos. No es de carácter coercitivo, ya que no impone castigos legales. En todo caso ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un Estado de derecho, sea en la faz judicial como administrativa, pero en sí mismo, no es punitivo desde el punto de vista jurídico, sino que promueve una autorregulación.

La necesidad e interés de regular a través de textos las acciones de las personas, determinándoles en ellos, lo que está bien o mal y en cuyo caso, las responsabilidades que deban asumir, se pierde en la historia de la humanidad.

En todas las sociedades vamos a encontrar expresiones de precisión y prohibición que definen su moral social.

Nuestro Código, es una de las tantas respuestas que aparecen en la historia universal. Su origen, respondió a la iniciativa de funcionarios policiales concurrentes al IV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Japón, 1970), canalizada por la Interpol para el dictado de un Código Internacional de Ética para la Policía con el propósito fundamental de establecer fehacientemente cuales son las obligaciones, deberes, derechos y prohibiciones del personal encargado de hacer cumplir la ley de manera tal de llevar adelante su función ajustada a derecho, de manera descansada y sin presiones institucionales adversas.

Consecuentemente con ello, en el V Congreso de 1975, en Ginebra-Suiza, se trataron las “Nuevas funciones de la policía y otros organismos de aplicación de la ley, con especial referencia a las cambiantes expectativas y a niveles mínimos de ejecución”. El documento detalla entre otras cuestiones tres sistemas policiales. El anglosajón, el francés y el soviético. Concluye con la presentación de tres anteproyectos de código de ética para consideración del Congreso. Si bien es un documento de importantísimo valor, resulta incompleto al no considerar, por ejemplo, el sistema español (con su influencia árabe) y los originarios existentes en la actual América Latina y el Caribe antes de la invasión de 1492.

El Congreso de Ginebra no resolvió su aprobación sino que solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas la conformación de un comité de expertos para estudiar la cuestión del código internacional de ética policial. El resultado de la labor de este comité es el actual código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado mediante Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictada en su 106ª Sesión plenaria del 17 de diciembre de 1979.

Es importante tener presente que en los tiempos de su dictado, existía en el Mundo un nivel de conflictividad alarmante, habida cuenta de la bipolaridad surgida tras la finalización de la 2da. Guerra Mundial conocida como la “Guerra Fría”, sumado a guerras focalizadas en varios países de distintos continentes y gobiernos surgidos de golpes militares que hicieran del Código de Conducta, un documento oculto.

Su incorporación al derecho positivo argentino se efectiviza en la Ley de Seguridad Interior 24.059/91. La policía de la Provincia de Buenos Aires en 2002 lo publica en su Orden del Día para consideración de sus integrantes y se halla incorporado en su actual legislación (ver Leyes 13.482/06 y 13.982/09).

En sus considerandos, la Asamblea General de las Naciones Unidas se basó en los siguientes documentos internacionales:

•      Carta de las Naciones Unidas (1945);

•      Declaración Universal de Derechos Humanos (1948);

•      Pactos Internacionales de Derechos Humanos (1966, Pacto internacional de Derechos civiles y políticos y, Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y culturales);

•      Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975).

Se da lectura y análisis al artículo 1º explicándose sus comentarios, haciéndose hincapié en: 1. a quienes corresponde la denominación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 2. Al bloque de legalidad que deben respetar y hacer cumplir y 3. Al servicio a la comunidad. En este último aspecto se dio lectura y análisis al correspondiente contenido:

“c) En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.”

Consecuentemente, toda norma legal interna que se dicte para reglamentar el servicio a la comunidad no podrá alterar el contenido de la Ley Provincial 13.982/09 (Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su artículo 1º comentario “c”).

El artículo 2º de nuestro Código de Conducta, exhorta a la promoción, respeto y protección de la dignidad humana y los derechos humanos, sin ninguna clase de distinción, consagrados a nivel nacional e internacional, y enumerando en su comentario, los instrumentos internacionales correspondientes.

Como ya expresáramos, las personas siempre tuvimos dignidad y derechos humanas, el tema de estudio entonces es desde cuando los regímenes de turno los respetaran y protegieran. Al decir de la ley, estamos hablando del Bloque de legalidad.

En cuando al artículo 3º, si bien no prohíbe el empleo de la fuerza, exhorta a considerarla en situaciones extremas, adecuando la acción de los agentes policiales, a los principios de necesidad, razonabilidad y gradualidad, de manera tal que sea la estrictamente necesaria, acorde a la situación producida y con proporcionalidad a aquello que se pretenda lograr. El empleo de la fuerza y las armas de fuego deben desarrollarse en el marco del respeto a los derechos humanos. Su contenido sirvió de antecedente para el dictado de los "Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hace cumplir la ley", que veremos más adelante. Algunos conceptos de su texto se encuentran incorporados en ordenamientos jurídicos policiales.

En la ley orgánica, el artículo 9º menciona los principios de razonabilidad y gradualidad en los procedimientos policiales. Algunos principios básicos (9º y 10º por ejemplo) se encuentran en el artículo 13º incisos “f, g, e i”.

Principio de necesidad.

También conocido como de excepcionalidad. En su artículo 3º y comentario a) del Código de Conducta, se refiere a este principio de la siguiente manera:

"Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas… Comentario: a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites".

Es decir, que el empleo de la fuerza sobre las personas por parte de los agentes policiales, es un recurso excepcional, fuera de lo común y ordinario, consecuente con situaciones en que fracasen medidas menos extremas. En tales casos, el principio de necesidad o excepcionalidad debe unirse al principio de intervención mínima, es decir, la adopción de medidas mínimas pero indispensables para lograr el cometido.

No solamente en oportunidades en que proceda el empleo de la fuerza y las armas de fuego se corresponde el principio de excepcionalidad, sino en toda circunstancia de contacto policía-habitante pues, hasta qué nivel, el interés común hace necesaria la intervención del Estado sobre el pleno ejercicio de los derechos individuales. En este sentido los agentes policiales deben describir la situación -y justificar- que por sus características surgió la necesidad de limitar los derechos de las personas.

Razonabilidad y proporcionalidad.

Se trata de dos principios que tienen su origen en el Derecho y de suma importancia en la teoría y práctica jurídica. Empero, su evolución los ha convertido en criterios de aplicación por parte de la agencia policial para la garantía de los derechos fundamentales.

La razón de estos principios es la protección de las garantías fundamentales ante posibles arbitrariedades del poder público, por ende, su alcance en las actividades de la fuerza policial es consecuente con su finalidad.

El diccionario de la RAE define razonable como: "1. Adecuado, conforme a razón"; "2. Proporcionado o no exagerado". Para nuestro cometido indistintamente valen las dos acepciones, pues cualifican el comportamiento de los agentes policiales en oportunidad de sus procedimientos.

La aplicación de la ley exige de funcionarios que procedan de manera razonable, prudente y con sentido común, de conformidad al ordenamiento jurídico. Su relación y contacto cotidiano policía-habitante puede suscitar posibilidades de abusos, excesos o actos discriminatorios.

El artículo 4º refiere sobre el secreto profesional. Pese a la claridad de tu texto, cabe señalarse que no solamente aspectos relacionados a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación, sino la posibilidad de ser factor de corrupción por parte de los agentes policiales. El artículo no es absoluto en su cometido sino que admite la excepcionalidad, sea por el cumplimiento del deber o a requerimiento de la justicia.

El artículo 5º habla del deber de los funcionarios policiales de cumplir la ley y proteger a las personas contra actos de torturas, tratos o penas crueles, in-humanos o degradantes. Es un artículo de alcance absoluto, no admite excepciones, lo cual es lógico pues so pretexto de cumplir la ley no se la puede violar.

El artículo 6º se refiere a nuestras obligaciones para con la salud de las personas que se encuentran bajo nuestra custodia. Es de carácter absoluto por no existe justificación alguna para su incumplimiento.

En todos los casos se ha ejemplificado el contenido de los artículos, atendiéndose los emergentes grupales.

El artículo 7º exhorta al estricto cumplimiento de la Ley desestimando todo acto de corrupción, extensivo al abuso del poder como a toda figura transgresora del ordenamiento jurídico. En el caso de los policías, la comisión delictual queda agravada por su condición de tales.

El alcance de los contenidos del Art. 8º amerita ampliar el comentario. El artículo se divide en dos párrafos. El primero exhorta una vez más al respeto a la ley y al presente Código, con un accionar preventivo que impida su violación y en caso de haberse sucedido, oponerse y combatir el acto delictual. El segundo, establece para los funcionarios, un orden de prelación de medidas legítimas con el propósito de impedir y oponerse a la violación de la ley. Este orden pretende que los funcionarios cumplan con la ley, sin vulnerar la disciplina interna de la institución a la cual pertenecen ni el secreto profesional, comenzando con la comunicación a sus superiores, promover la intervención de los organismos de asuntos internos de la institución a la cual pertenece, la intervención de la justicia e incluye a los medios masivos de comunicación social. En este contexto, será el funcionario encargado de hacer cumplir la ley quien evalúe discrecionalmente el empleo del medio de denuncia más eficaz y que concilie sus obligaciones funcionales con la disciplina interna de la institución a la cual pertenece como de su seguridad personal y la de sus afectos inmediatos.

En los comentarios se menciona además que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, merecen el respeto, el apoyo y la protección de la agencia a la cual pertenecen y de la comunidad en general, situación que debe estar debidamente garantizada e instrumentada por el Estado.

Ahora bien, para el correcto y eficaz cumplimiento de las normas y principios establecidos por nuestro Código de Conducta, los organismos de aplicación de la ley deben ser receptivos a su aplicación, contando en su estructura organizativa y funcional con un sistema eficaz que garantice a sus funcionarios, el respaldo y la protección institucional necesarios para prevenir y coaccionar ante cualquier acto de violación a la ley y al Código de Conducta.

Cuando hablamos de un sistema eficaz, lo hacemos en función de ciertos mecanismos y normas de funcionamiento, arraigados en el cuerpo axiológico que guía a la institución de aplicación de la ley y que permitan a sus funcionarios, el correcto y eficaz desempeño de sus funciones en los términos del Código de Conducta, con profesionalismo, de manera ordenada y adecuada.

Bibliografía.

Constitución Nacional (RA);

Constitución Provincial (PBA);

Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU-1948);

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU-1966);

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (OEA-1948);

Declaración de responsabilidades y deberes humanos (ONU-1998);

Convención Americana de Derechos Humanos (OEA-1969);

Cheves, Raúl Marcelo: “La cuestión policial: Manual para la aplicación de la ley”; Editorial Seis Hermanas, La Plata, 2015 (ISBN: 978-987-24197-2-1); “El modelo policial hegemónico en América Latina: Crónica del servilismo policial”, Editorial Seis Hermanas, La Plata, 2008 (ISBN978-987-24197-0-7);

Código de Procedimiento Penal Provincia de Buenos Aires;

Ley Orgánica Policial 13.482/06;

Ley de Personal Policial 13.982/09 y Decreto 1.050/09;

Derechos Humanos y aplicación de la ley (Manual de capacitación en derechos humanos para la policía) (ONU-1997);

Derechos Humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales (IIDH-OEA-2011);

Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU-1979);

"Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hace cumplir la ley" (ONU-1990).

------

La Plata, abril del año del Señor 2019.

Raúl Marcelo Cheves