Derechos Humanos y Seguridad ciudadana

Parte I. Derechos Humanos.

Introducción.

La misión fundamental de la policía, más allá de las coyunturas, y momentos políticos, siempre estuvo orientada a la protección, la salvaguarda y la restitución misma de los derechos humanos y por ende, sus acciones deben responder en todo momento y circunstancias, a sus postulados.

La institución policial es la respuesta y compromiso de todo Estado para la tutela y protección de los derechos humanos, aunque se reconoce que desde diferentes sectores, se han levantado voces de reproche hacia la misma, generalizándose por el accionar de alguno de sus integrantes.

Este protectorado oficial de los derechos humanos que posee la policía desde los tiempos mismos de su conformación, amerita revalorizar y potenciar en beneficio de todos.

Breve historia sobre los derechos humanos.

Hablar de derechos humanos es hacerlo sobre aquello que es inherente al ser humano, que es natural y legítimo para los fines de su vida. Dicho esto, no existe restricción alguna por cuestiones geográficas, económicas, sociales, culturales o políticas, de manera que comprende a todos los seres humanos por igual.

Esta internacionalidad y universalidad se pierde en la historia de la humanidad. Siempre los seres humanos fueron titulares de derechos por su sola condición humana. El problema o el estudio, según se lo enfoque, no radica entonces desde cuándo los humanos poseen derechos por su sola condición de tales, pues los tuvieron siempre, sino a partir de cuándo los diferentes regímenes políticos comenzaron a reconocerlos y consecuentemente garantizarlos y protegerlos.

En la antigüedad (occidental-europea), la sola condición humana no confería derechos frente a la organización política imperante. En el mundo greco-romano los seres humanos poseían ciertos derechos a condición de vivir en una Ciudad-Estado, es decir por que vivían en comunidad (ciudadanos) y por ende pertenecían a un grupo social, pero no por su sola condición de tales. Estos derechos, otorgados por el Estado, estaban condicionados y diferenciados en función del lugar que ocupaban en la estratificación social, comprendiendo igualmente a quienes pertenecían al grupo mejor posicionado.

El relato de la conquista de Babilonia por parte del rey Ciro fue grabado en un cilindro de barro cocido en el cual se detallaban una serie de medidas adoptadas (539 a. C.), tales como la libertad de los esclavos, el derecho de las personas a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial, representando en la actualidad, el antecedente de reconocimiento y protección de los derechos humanos más antiguo del mundo, y que fuera traducido a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

Tanto en la filosofía estoica como en el cristianismo, encontramos caminos importantes que se abren para asignar a esta inherencia humana una situación de independencia frente al estatus político y jurídico vigentes.

En el año 1215, el entonces Rey de Inglaterra Juan Sin Tierra, firma la Carta Magna. En realidad es un pacto con los barones del reino que no fue cumplida sino hasta años más tarde. No vamos a analizar su contenido, pues se aleja de nuestro cometido pero baste señalar que conforma un cuerpo de normas de diversa naturaleza en el plano social, político, económico y jurídico de significativa proyección como antecedente importante en la historia de los derechos humanos. Ejemplo de ello, si bien no lo crea como tal, consagra garantías que se corresponden con el procedimiento de habeas corpus. Asimismo, se advierte la mención y consideración a futuro de instituciones preexistentes y con funciones policiales como la del "Sheriff", el "Constable" y el "bailiff".

En África, las Cartas de Mandé (1222) que consta de siete declaraciones en prosa dirigidas "a todos los oídos del mundo" y las de Kurukan Fuga (1236) de 44 artículos, dirigida "a las doce partes del mundo", representan las primeras declaraciones de derechos humanos concebidas como tales y no como meras aproximaciones. En ambas encontramos garantías que en la actualidad bien podríamos reconocerlas de estatus constitucional y procesal, tales como el habeas corpus, la igualdad ante la ley, la inmunidad diplomática y la prescripción de delitos y faltas, se declama derechos a la vida, a la libre circulación, a la integridad física, al trabajo, a la libertad de expresión, a la educación, la prohibición de la tortura, la prevención de los conflictos, la igualdad de sexos y la defensa del medio ambiente.  Además de una serie de deberes, tales como: que nadie robe a su vecino, cause dolor a su prójimo, martirice a su semejante, que cada uno vele por su prójimo, venere a sus progenitores, vele por el país de sus padres, que cada cual eduque como es debido a sus hijos y cubra las necesidades de los miembros de su familia,. Los principios emanados de las cartas son de inequívoco carácter transnacional y universal.

En nuestra América Latina y el Caribe, antes de la invasión europea de 1492, baste citar el pensamiento de la civilización Maya. Que todos los seres humanos, hombres y mujeres, traen su estrella, misión, vocación y carisma, asimismo se adquiere su ser, esencia, dignidad y libertad desde el momento de la concepción, por lo que no existe razón alguna para sostener discriminación de género y de edad. Consecuentemente con ello, los mayas poseían una organización socio-política y un sistema judicial que satisfacía sus necesidades y aseguraba la convivencia pacífica de sus integrantes en comunidad. Un miembro emblemático y representativo de esta cultura fue el Tupil (Del náhuatl topille), quien cumplía funciones policiales a las órdenes del Juez. Se trataba de un cargo oficial de aceptación y confianza comunitaria que exigía de prestigio personal. Es sin duda, el primer funcionario encargado de hacer cumplir la ley en nuestras tierras.

En muchos de nuestros pueblos originarios, el reconocimiento y protección de los derechos humanos formaba parte de su cultura, de su organización socio-política y se manifestaba en el diario vivir.

El surgimiento y expansión de la Reforma Protestante, produjo en Europa un fuerte cimbronazo y guerras que se concluyen con los Tratados de Westfalia de 1648. La paz trajo el reconocimiento de la libertad de prédica religiosa, aún con ciertos límites pues los habitantes de un Estado estaban obligados a profesar la religión oficial pero dejando la posibilidad de reconocer a las minorías religiosas. Esto abrió nuevamente caminos hacia la libertad de conciencia, es decir, la independencia religiosa y por extensión de pensamiento, frente al poder del Estado (caso de Inglaterra), representando un importante antecedente para nuestro estudio.

Tanto en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) como en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) consecuente de la Revolución Francesa, reconocen que los seres humanos con independencia de su relación frente al Estado poseen derechos naturales anteriores y superiores que deben protegerse, lo cual significa un salto significativo pues el Estado como asociación jurídico-política es una creación de las personas para la defensa de sus derechos como la atención y satisfacción de sus necesidades.

Empero, escapa a nuestro cometido analizar la controversia surgida "a posteriori" de sus respectivos dictados, pues los valores en ellas consagrados fueron sistemáticamente violados por los sistemas políticos emergentes. En el caso de los Estados Unidos, una república que sostuvo y fortaleció un régimen esclavista donde un grupo importante de personas no eran consideradas tales y sus consecuentes prácticas inhumanas. Para el caso francés, la sistemática y sangrienta represión revolucionaria llevada a cabo. No obstante, las tomamos y nos quedamos con la significancia de documentos fundamentales en la historia de los derechos humanos.

"(….). Artículo 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común….Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. (….). Artículo 12.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada." (Declaración francesa, 1789)

Del contenido de estos artículos, resulta el reconocimiento de la libertad e igualdad de derechos de los hombres, la finalidad del Estado que es justamente la conservación de tales derechos (naturales), la enumeración de los mismos y la necesidad de contar con una fuerza pública, que no es otra cosa que una institución policial garante de los derechos humanos de todos e independiente de cualquier fracción social y política.

El avance y reconocimiento de los derechos humanos incide en la transformación del Estado absolutista hacia el Estado constitucional y comienza a configurarse el Estado de derecho, en el cual el ejercicio del poder no es absoluto sino regulado y limitado por la ley, para asegurar el pleno goce y protección de los derechos de los habitantes.

Los avatares sufridos por el reconocimiento y protección de los derechos humanos van unidos a la aparición de los movimientos socialistas del siglo XIX y por supuesto las dramáticas guerras de 1914-1918 (1ª Guerra) y 1939-1945 (2ª Guerra).

Al término de la Primera Guerra, se crea la Sociedad de Naciones (SDN) por imperio del Tratado de Versalles (París, 1919). Los propósitos de la naciente organización fueron, entre otros: fomentar la cooperación entre las naciones, garantizar la paz y la seguridad mundial, sobre la base de no recurrir a conflictos armados y la resolución pacífica de las controversias.

La Sociedad no fue tan eficaz como se esperaba y absteniéndonos de analizar los motivos que llevaron a su fracaso y proceso de desintegración al inicio de la 2da. Guerra, cabe destacarse un antecedente que fuera lapidario para su futuro. En 1925, se afilia a la SDN, la Comisión Internacional de Prisiones (CIP, Londres, 1872) que en oportunidad de la reunión de Berlín de 1935, cambiara su nombre por Comisión Internacional Penal y Penitenciaria (ICPP). La fecha y el lugar de la misma, dio cabida a la asistencia de numerosos simpatizantes del nazismo, influyendo y presionando de tal manera en la Comisión, que convenientemente financiada, consintiera la publicación de las históricamente conocidas teorías satánicas sobre los orígenes raciales y biológicos del delito y su represión a través de medidas crueles y sanguinarias. Baste con citar uno de los temas sustantivos tratados en aquella oportunidad para conocer claramente lo indigno e innoble de su conducta:

"Las leyes de todos los países deben autorizar la práctica de la castración, a petición o con consentimiento del interesado. Igualmente se planteó la autorización de la esterilización por motivos sanitarios o eugenésicos.".

Creada la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al término de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de San Francisco durante 1945, sus propósitos y principios se encuentran establecidos en el documento internacional conocido como "La Carta de las Naciones Unidas".

Una de las medidas inmediatas de la naciente Organización fue la creación de la Comisión de Derechos Humanos, encomendándosele la redacción de una Carta Internacional de Derechos Humanos. La comisión consideró que la situación política mundial condicionaba en cierta medida la adopción de un tratado de derechos humanos que estableciera normas obligatorias de carácter legal. Empero consideraba favorable la formulación de una declaración de valor moral. De esta manera surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Es el primer documento de derechos humanos promulgado por una organización internacional universal. Por su "status" moral y su importancia legal y política, la Declaración se convirtió a través de los años, en punto referencial y bandera representativa de la lucha de los seres humanos por su libertad y dignidad.

En sus Artículos 1° y 28°, se proclama:

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)"

"Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos".

La Declaración consta de 30 artículos de los cuales 28 enumeran derechos, el artículo 29º se refiere a los deberes y finalmente el artículo 30º, reasegura la protección de su plena vigencia y por ende, el respeto y pleno goce de derechos.

La Declaración no es un tratado y el camino para lograrlo demandó casi dos décadas, cuando en diciembre de 1966 se aprobaron y quedaron abiertos a la firma, ratificación y adhesión, los Pactos Internacionales  de derechos económicos, sociales y culturales, y de derechos civiles y políticos (que emanan de la propia Declaración). Pero aun así, transcurrió una década más para que fueran ratificados y entraran en vigencia en 1976 (de derechos económicos, sociales y culturales, a partir del 3 de enero, y de derechos civiles y políticos, a partir del 23 de marzo) con el voto de 35 países miembros de la ONU.

Por su "status" de tratados, los pactos crean obligaciones convencionales para los Estados, de manera tal que el cumplimiento y goce de todos y cada uno de los derechos que garantizan son asuntos de carácter internacional y están, por lo tanto, fuera del dominio exclusivo de cada país (derechos supranacionales).

Durante la década de los años setenta, el jurista Karel Vasak del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Francia, propuso una división de los derechos humanos en tres generaciones. De esta manera, los derechos civiles y políticos se los reconocen como aquellos derechos humanos referidos a la libertad y a la participación política de las personas, protegiéndolas de posibles excesos por parte del Estado, denominándolos de Primera Generación (Ej.: derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, a no ser objeto de arresto, detención o exilio arbitrario, al debido proceso judicial, etc.).

Los derechos económicos, sociales y culturales se los reconocen como los derechos humanos referidos a la igualdad de los seres humanos, demandando al Estado una gestión de bienestar general e igualdad de oportunidades para todos y se los denomina de Segunda Generación (Ej.: derecho a la seguridad social, al trabajo, a igual salario por igual trabajo, a la protección contra el desempleo y a una remuneración justa y favorable, al descanso y reposo, a un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar personal y el de su familia, a la educación, etc.).

La Tercera Generación de Derechos Humanos, representa aquellos derechos surgidos mediante acuerdos en respuesta a demandas de la comunidad internacional y se refieren a la solidaridad y la fraternidad entre las personas (derecho a un medio ambiente decente, derecho al agua pura, derecho al aire puro, el derecho a la paz, al desarrollo, a la comunicación, al patrimonio de la humanidad).

Es dable destacar que Vasak, nacido en la ex-Checoslovaquia (actual República Checa) y naturalizado francés, era un admirador incondicional de la República Francesa, de su historia y de los valores que ella representaba, de manera tal que la división en tres generaciones es un homenaje a su lema tradicional y oficial: "Libertad (1ra. G), Igualdad (2da. G) y Fraternidad (3ra. G)".

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y con la cual tiene mucho en común, fue proclamada en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá durante 1948, oportunidad en que fuera creada e inaugurada oficialmente la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Declaración contiene una lista de 27 derechos y 10 deberes, comprendiendo tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. De esta manera encontramos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la igualdad ante la ley, a la protección de la honra, la reputación y a la vida privada y familiar, como deberes hacia la sociedad, a la instrucción, al sufragio, a la obediencia a la ley, y de servir a la comunidad.

De la Declaración a la Convención Americana de Derechos Humanos, transcurrieron más de veinte años, siendo proclamada el 22 de noviembre de 1969 y entrada en vigor el 18 de julio de 1978, siendo conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.

"(…) Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional (…)." (Convención americana-Preámbulo)

Posteriormente, en San Salvador, durante 1988 se proclama el Primer protocolo anexo al Pacto de San José, sobre derechos económicos, sociales y culturales.

Es importante señalar que si bien la obligatoriedad de respeto y garantía de los derechos civiles y políticos son exigibles a los Estados partes de manera inmediata, con relación a los económicos, sociales y culturales, establece el compromiso de adoptar providencias, medidas, para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos (Art. 26º de la Convención Americana y Art. 1º Protocolo de San Salvador).

Por lo anterior, queda establecido que los derechos humanos son inherentes a la persona humana, es decir que por la sola condición de serlo, es titular de derechos llevándolos consigo más allá de las nacionalidades como del lugar donde se encuentre.

Consecuentemente, son inviolables, universales, transnacionales, irreversibles y progresivos, con lo cual, conllevan a la obligatoriedad del Estado de respetarlos y garantizarlos.

"(….) 36. (….) La Conferencia Mundial respaldó decididamente el concepto de unidad y universalidad de los derechos humanos, declarando que "Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso". (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993)

El ejercicio del poder por parte del Estado debe orientarse a la defensa de los derechos de las personas pues es inadmisible un pretendido ejercicio lícito que opere en contra de ellos. Su titularidad les corresponde a todas las personas con independencia de regímenes políticos, sociales o culturales, nacionalidad o lugar de residencia pues son superiores al Estado.

Los derechos reconocidos no pueden en el futuro desconocerse o suprimirse su garantía y protección por decisión oficial. De igual manera, su actual reconocimiento y protección no implica la negación de otros que surjan como inherencia a la persona humana.

La Declaración de Viena, exhorta a la comunidad internacional y consecuentemente a los Estados, al tratamiento de los derechos humanos de manera global e integral, sin establecer cuestiones de prioridades de unos sobre otros.

Es de suma importancia que los agentes policiales estén debidamente compenetrados con la historia de los derechos humanos como de los sistemas de garantía y protección. Más aún, estar absolutamente convencidos sobre su labor cotidiana de garantía y protección inmediata de los derechos de los habitantes como fin último de su condición de tales.

En atención a lo visto precedentemente, sólo la Humanidad toda puede arrogarse un papel hegemónico en la consideración, reconocimiento y sistemas de garantías y protección de los derechos humanos. Su protagonista principal y gestor de la historia, es el ser humano en comunidad, de manera tal que ninguna persona, grupo de personas, civilización o cultura, unilateralmente, puede esgrimir su patrimonio.

No obstante ello, resulta evidente que todo lo avanzado hasta el presente, debe fortalecerse en áreas concretas y con métodos de ejecución más eficaces pues tal y como se presenta la realidad planetaria, hay naciones y culturas que no existen a la luz de los derechos humanos por la particular interpretación que de los mismos hacen las potencias dominantes.

"¿Cómo es posible que perdure la opresión del hombre contra el hombre, que la arrogancia del más fuerte continúe humillando al más débil, arrinconándolo en los márgenes más miserables de nuestro mundo?" (Papa Francisco, mensaje de fin de año 2015)

Violación de derechos humanos.

Vamos a considerar dos aspectos dentro de la doctrina interamericana. Las conductas de los agentes del Estado, “en nuestro caso los funcionarios policiales” y de los particulares sujetos a su jurisdicción.

Para ello comenzaremos transcribiendo algunos párrafos de interés del libro "Derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales" (IIDH, 2011).

Por parte de agentes policiales.

""Violación de derechos humanos por conductas de los agentes del Estado….En este caso, el Estado será responsable por las acciones u omisiones de sus agentes al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia…..Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que: "La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste.""

El Estado es responsable por la acción u omisión funcional de sus agentes policiales que derive en la violación de derechos consagrados en la Convención Americana. Si bien a los fines de la Comisión Interamericana sólo exige como suficiente que exista una obligación incumplida, toda violación de derechos en ella consagrados por parte de agentes policiales, se encuentra tipificada y sancionada en el ordenamiento jurídico interno con el agravante de su condición de tales.

"1. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos dimana de:….a) Los tratados en los que un Estado sea parte; b) El derecho internacional consuetudinario; c) El derecho interno de cada Estado. (….). 23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:….a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan. (….)." (Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, ONU, 2005)

Como ejemplo, si un agente de policía da muerte a una persona, el Estado será internacionalmente responsable de la violación del derecho humano a la vida por parte de su agente. Representa una acción suficiente de incumplimiento a una obligación del Estado. Empero, el propio agente, será penalmente responsable del delito tipificado y sancionado como homicidio agradado por su condición (genéricamente hablando), en el ordenamiento legal interno.

Por parte de particulares.

""Responsabilidad del Estado por conductas de particulares. La responsabilidad del Estado surge aquí de su deber de garantizar el respeto de los derechos humanos….Este punto tiene directa relación con el ejercicio de las funciones policiales, y se vincula a la obligación positiva de "adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales", lo que implica el cumplimiento por parte del Estado de las siguientes obligaciones: 1. Prevenir: "adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana". Estas medidas deben ser de carácter jurídico, político, administrativo y cultural y promover la salvaguarda de esos derechos. 2. Investigar: "cuando la violación de derechos humanos se ha producido. Esto debe realizarse mediante una "investigación seria, imparcial y efectiva, por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores. (….)".""

Está claro que el Estado es responsable de garantizar el pleno goce y protección de los derechos humanos de todos los habitantes, siendo la agencia estatal policial una de las encargadas -y de ejercicio inmediato- de su cumplimiento. El texto refiere -aunque expresamente no lo dice- al accionar de la delincuencia, a su debido y adecuado tratamiento por parte del Estado en cuanto a prevenir la vulneración de derechos humanos -que sí lo expresa- e investigar exhaustivamente para lograr su esclarecimiento, el enjuiciamiento y el eventual castigo a sus autores.

"2. Recomienda que los Estados tengan en cuenta los Principios y directrices básicos, promuevan el respeto de los mismos y los señalen a la atención de los miembros de los órganos ejecutivos de gobierno, en particular los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas militares y de seguridad, los órganos legislativos, el poder judicial, las víctimas y sus representantes, los defensores y abogados de derechos humanos, los medios de comunicación y el público en general; (….)". (Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, ONU, 2005)

Como ejemplo, si una persona diera muerte a otra, sería penalmente responsable (genéricamente hablando) del delito tipificado y sancionado como homicidio en el ordenamiento legal interno,  y el Estado estaría eximido de responsabilidad internacional, en tanto y en cuanto, tenga vigente y en funcionamiento al momento del hecho, todos los recaudos legales y estructuras de carácter político, jurídico y administrativo, para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones interindividuales.

En ambos ejemplos, sea su autor, un particular o un agente de policía, estamos hablando de la violación del derecho humano a la vida y en ambos casos son penalmente responsables por transgredir el derecho penal interno, lo que varía es el carácter de la responsabilidad del Estado en el marco del derecho internacional, ante el incumplimiento de sus obligaciones, sea por acción u omisión, o por su deber de garantizar. Si el caso no obtiene el debido tratamiento y menos aún resuelto dentro de la administración de justicia interna, queda habilitada la vía supranacional.

Por lo expuesto, no se comparte una doctrina que sostenga, difunda o pretenda enseñar, que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los agentes de policía.

Bibliografía.

Constitución Nacional (RA);

Constitución Provincial (PBA);

Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU-1948);

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU-1966);

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (OEA-1948);

Declaración de responsabilidades y deberes humanos (ONU-1998);

Convención Americana de Derechos Humanos (OEA-1969);

Cheves, Raúl Marcelo:

“La cuestión policial: Manual para la aplicación de la ley”; Editorial Seis Hermanas, La Plata, 2015 (ISBN: 978-987-24197-2-1);

El modelo policial hegemónico en América Latina: Crónica del servilismo policial”, Editorial Seis Hermanas, La Plata, 2008 (ISBN978-987-24197-0-7);

Código de Procedimiento Penal Provincia de Buenos Aires;

Ley Orgánica Policial 13.482/06;

Ley de Personal Policial 13.982/09 y Decreto 1.050/09;

Derechos Humanos y aplicación de la ley (Manual de capacitación en derechos humanos para la policía) (ONU-1997);

Derechos Humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales (IIDH-OEA-2011);

Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU-1979);

"Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hace cumplir la ley" (ONU-1990).

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La Plata, marzo del año del Señor 2019.

Raúl Marcelo Cheves