Ética Aplicada y Derechos Humanos.

Presentación e introducción.

Se comienza el curso con la presentación de la asignatura, su modalidad de dictado y evaluación.

Ética y moral.

El diccionario de la Real Academia Española define la ética como: "Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida". De manera tal que no podemos hablar de ética sin hacerlo de normas morales, de moral, a la vez que reflexionar sobre la frase genérica de "…cualquier ámbito de la vida".

La Moral tiene una base social que influye desde el exterior en la conducta de las personas. Esta base social está representada por un conjunto de normas, tradiciones y costumbres, que se mantienen o modifican través de generaciones y períodos históricos de forma diferente para cada pueblo. De esta manera, estas normas de carácter moral siempre han estado presentes en nosotros y sirven de reaseguro pues influencian en cada persona para una conducta adecuada y pertinente, que responda al grupo social de pertenencia.

Por ello las normas morales son construcciones sociales que aparecen y desaparecen conforme el devenir histórico del grupo y tienen por fin último el bien común. Ahora bien, analizadas que son interiormente por cada quien, implica la formación de diferentes respuestas o manifestaciones externas a las cuales llamamos éticas.

La Ética surge del interior de cada quien, como resultado de su propia reflexión y su propia elección, influyendo también en su conducta pero esta vez desde su misma conciencia. Las respuestas éticas se caracterizan por el nivel de presión del valor captado y apreciado internamente como tal.

El fundamento de las normas éticas son los valores humanos, no aquellos que llegan del entorno, sino aquél internamente descubierto o emergente de la reflexión personal. Entendemos por valores humanos, aquellos principios o fundamentos por los cuales nos guiamos cotidianamente para vivir mejor, con los cuales nos regimos, defendemos y exhortamos al prójimo. Son patrimonio intelectual de cada persona que guían su conducta y a su vez, al exteriorizarlas junto a las de sus semejantes pueden conservar, evolucionar o modificar la moral imperante.

La ética entonces, es la ciencia que estudia la moral y la acción humana. De esta acción, le interesa determinar lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido o prohibido referente a un caso concreto, sea una decisión o una acción. Por ello, el objeto material de la ética son los actos humanos y el objeto formal son los resultados de tales actos desde el punto de vista del bien y del mal.

Ética aplicada.

Su objetivo es el abordaje de problemas éticos surgidos de la vida cotidiana, motivo de lo cual, se enfoca en casos prácticos para resolverlos y tomar decisiones. Comprende a la ética profesional, a la vez que se interesa de los códigos y prácticas profesionales. Examina los dilemas que pudiesen presentarse en el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad laboral en general, como la policial en particular, a fin de lograr una práctica idónea, honesta y enmarcada en la ley. Interviene entonces en la codificación de los valores que se persiguen para servir de guía a los profesionales.

Ética profesional.

Retomemos la frase: "…cualquier ámbito de la vida". Hablemos entonces de profesión y de ética profesional.

Cuando hablamos de profesión, en sentido amplio, lo hacemos de toda actividad personal, vocacional y consuetudinaria al servicio de las personas. No necesariamente comprende profesiones surgidas de carreras de educación superior, sino alcanza a todos los oficios que importen trabajos remunerados, desarrollados digna y honradamente.

La ética profesional se orienta en regular las actividades que se realizan en este marco, pues su ejercicio encierra responsabilidades, obligaciones, prohibiciones, deberes y derechos definidos desde el punto de vista legal. Se trata de una disciplina que está incluida dentro de la ética aplicada ya que hace referencia a una parte específica de la realidad.

Por ello, la idea y concreción de códigos de ética resulta tan necesaria y fundamental para todas las profesiones, oficios o actividades, y por supuesto a la policía con el propósito de fijar preceptos éticos de ejercicio profesional compatibles con un estado de derecho.

Por ello, cuando hablamos de profesionalismo policial, no comprendemos únicamente a los conocimientos, habilidades y experiencia adquiridos, sino de profesarlos de manera ética y legal.

Todo código de ética profesional, es un texto que contiene un conjunto de valores y preceptos, surgidos de la necesidad de facilitar el desarrollo de correctas acciones profesionales, estableciéndose para su práctica, lo que está bien o mal y en cuyo caso, las responsabilidades que deban asumir. Definida su moral social, cada sociedad impone a sus profesionales la manera en que deben llevar adelante tal práctica.

El pensamiento de los agentes policiales pertenece a su privacidad y en consecuencia está protegido por la ley. Es de suma importancia que estén convencidos de los valores y principios que deben proteger pues se reflejaría de mejor manera en su labor cotidiana, pero jamás lo sabremos. Entonces, nos interesa que como funcionarios, su extroversión y compromiso con sus semejantes, responda a una conducta ética.

Ajustándose a derecho, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no deberían padecer dilemas éticos. Empero, la realidad nos demuestra que en la multiplicidad de situaciones que les toca vivir a diario, pueden llevarlos a optar o dudar sobre ciertos comportamientos. Es entonces materia de competencia de la ética aplicada su tratamiento y resolución.

Ética policial.

Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Estudiaremos el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues es un código de ética profesional, que establece un conjunto de obligaciones, deberes y prohibiciones cuyo fin último es el “bien”, es decir, hacer lo correcto respetando los valores que se corresponden con la profesión policial.

Nuestro Código, es un importante documento de derechos humanos porque fue concebido como tal y basándose en otros documentos de derechos humanos que veremos más adelante. Además, se encuentra incorporado en la legislación policial de la provincia de Buenos Aires con la mención que su incumplimiento es falta grave de competencia originaria de la Auditoria General de Asuntos Internos. No es de carácter coercitivo, ya que no impone castigos legales. En todo caso ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un Estado de derecho, sea en la faz judicial como administrativa, pero en sí mismo, no es punitivo desde el punto de vista jurídico, sino que promueve una autorregulación.

La necesidad e interés de regular a través de textos las acciones de las personas, determinándoles en ellos, lo que está bien o mal y en cuyo caso, las responsabilidades que deban asumir, se pierde en la historia de la humanidad.

En todas las sociedades vamos a encontrar expresiones de precisión y prohibición que definen su moral social.

Nuestro Código, fue aprobado mediante Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictada en su 106ª Sesión plenaria del 17 de diciembre de 1979.

La policía de la Provincia de Buenos Aires en 2002 lo publica en su Orden del Día para consideración de sus integrantes y se halla incorporado en su actual legislación.

El artículo 1º hace hincapié en: 1. a quienes corresponde la denominación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 2. Al bloque de legalidad que deben respetar y hacer cumplir y 3. Al servicio a la comunidad. En este último aspecto se dio lectura y análisis al correspondiente contenido:

“c) En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.”

Consecuentemente, toda norma legal interna que se dicte para reglamentar el servicio a la comunidad no podrá alterar el contenido de la Ley Provincial 13.982/09 (Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su artículo 1º comentario “c”).

El artículo 2º de nuestro Código de Conducta, exhorta a la promoción, respeto y protección de la dignidad humana y los derechos humanos, sin ninguna clase de distinción, consagrados a nivel nacional e internacional, y enumerando en su comentario, los instrumentos internacionales correspondientes.

En cuando al artículo 3º, si bien no prohíbe el empleo de la fuerza, exhorta a considerarla en situaciones extremas, adecuando la acción de los agentes policiales, a los principios de necesidad, razonabilidad y gradualidad, de manera tal que sea la estrictamente necesaria, acorde a la situación producida y con proporcionalidad a aquello que se pretenda lograr. El empleo de la fuerza y las armas de fuego deben desarrollarse en el marco del respeto a los derechos humanos. Su contenido sirvió de antecedente para el dictado de los "Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hace cumplir la ley". Algunos principios se encuentran incorporados en la legislación policial bonaerense.

"Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas… Comentario: a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites".

Es decir, que el empleo de la fuerza, como de armas de fuego, sobre las personas por parte de los agentes policiales, es un recurso excepcional, fuera de lo común y ordinario, consecuente con situaciones en que fracasen medidas menos extremas. En tales casos, el principio de necesidad o excepcionalidad debe unirse al principio de intervención mínima, es decir, la adopción de medidas mínimas pero indispensables para lograr el cometido.

No solamente en oportunidades en que proceda el empleo de la fuerza y las armas de fuego, sino en toda circunstancia de contacto policía-habitante pues, hasta qué nivel, el interés común hace necesaria la intervención del Estado sobre el pleno ejercicio de los derechos individuales. En este sentido los agentes policiales deben describir la situación -y justificar- que por sus características surgió la necesidad de limitar los derechos de las personas.

El artículo 4º refiere sobre el secreto profesional. Pese a la claridad de tu texto, cabe señalarse que no solamente aspectos relacionados a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación, sino la posibilidad de ser factor de corrupción por parte de los agentes policiales. El artículo no es absoluto en su cometido sino que admite la excepcionalidad, sea por el cumplimiento del deber o a requerimiento de la justicia.

El artículo 5º habla del deber de los funcionarios policiales de cumplir la ley y proteger a las personas contra actos de torturas, tratos o penas crueles, in-humanos o degradantes. Es un artículo de alcance absoluto, no admite excepciones, lo cual es lógico pues so pretexto de cumplir la ley no se la puede violar.

El artículo 6º se refiere a nuestras obligaciones para con la salud de las personas que se encuentran bajo nuestra custodia. Es de carácter absoluto pues no existe justificación alguna para su incumplimiento.

El artículo 7º exhorta al estricto cumplimiento de la Ley desestimando todo acto de corrupción, extensivo al abuso del poder como a toda figura transgresora del ordenamiento jurídico. En el caso de los policías, la comisión delictual queda agravada por su condición de tales.

El alcance de los contenidos del Art. 8º amerita ampliar el comentario. El artículo se divide en dos párrafos. El primero exhorta una vez más al respeto a la ley y al presente Código, con un accionar preventivo que impida su violación y en caso de haberse sucedido, oponerse y combatir el acto delictual. El segundo, establece para los funcionarios, un orden de prelación de medidas legítimas con el propósito de impedir y oponerse a la violación de la ley. Este orden pretende que los funcionarios cumplan con la ley, sin vulnerar la disciplina interna de la institución a la cual pertenecen ni el secreto profesional, comenzando con la comunicación a sus superiores, promover la intervención de los organismos de asuntos internos de la institución a la cual pertenece, la intervención de la justicia e incluye a los medios masivos de comunicación social. En este contexto, será el funcionario encargado de hacer cumplir la ley quien evalúe discrecionalmente el empleo del medio de denuncia más eficaz y que concilie sus obligaciones funcionales con la disciplina interna de la institución a la cual pertenece como de su seguridad personal y la de sus afectos inmediatos, debiendo justificar tal elección.

En los comentarios se menciona además que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, merecen el respeto, el apoyo y la protección de la agencia a la cual pertenecen y de la comunidad en general, situación que debe estar debidamente garantizada e instrumentada por el Estado.

Ahora bien, para el correcto y eficaz cumplimiento de las normas y principios establecidos por nuestro Código de Conducta, los organismos de aplicación de la ley deben ser receptivos a su aplicación, contando en su estructura organizativa y funcional con un sistema eficaz que garantice a sus funcionarios, el respaldo y la protección institucional necesarios para prevenir y coaccionar ante cualquier acto de violación a la ley y al Código de Conducta.

Cuando hablamos de un sistema eficaz, lo hacemos en función de ciertos mecanismos y normas de funcionamiento, arraigados en el cuerpo axiológico que guía a la institución de aplicación de la ley y que permitan a sus funcionarios, el correcto y eficaz desempeño de sus funciones en los términos del Código de Conducta, con profesionalismo, de manera ordenada y adecuada.

Derechos Humanos.

Introducción.

La misión fundamental de la policía, más allá de las coyunturas, y momentos políticos, siempre estuvo orientada a la protección, la salvaguarda y la restitución misma de los derechos humanos y por ende, sus acciones deben responder en todo momento y circunstancias, a sus postulados.

La institución policial es la respuesta y compromiso de todo Estado para la tutela y protección de los derechos humanos, aunque se reconoce que desde diferentes sectores, se han levantado voces de reproche hacia la misma, generalizándose por el accionar de alguno de sus integrantes.

Este protectorado oficial de los derechos humanos que posee la policía desde los tiempos mismos de su conformación, amerita revalorizar y potenciar en beneficio de todos.

Breve historia sobre los derechos humanos.

Hablar de derechos humanos es hacerlo sobre aquello que es inherente al ser humano, que es natural y legítimo para los fines de su vida. Dicho esto, no existe restricción alguna por cuestiones geográficas, económicas, sociales, culturales o políticas, de manera que comprende a todos los seres humanos por igual.

Esta internacionalidad y universalidad se pierde en la historia de la humanidad. Siempre los seres humanos fueron titulares de derechos por su sola condición humana. El problema o el estudio, según se lo enfoque, no radica entonces desde cuándo los humanos poseen derechos por su sola condición de tales, pues los tuvieron siempre, sino a partir de cuándo los diferentes regímenes políticos comenzaron a reconocerlos y consecuentemente garantizarlos y protegerlos.

Creada la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al término de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de San Francisco durante 1945, sus propósitos y principios se encuentran establecidos en el documento internacional conocido como "La Carta de las Naciones Unidas".

Una de las medidas inmediatas de la naciente Organización fue la creación de la Comisión de Derechos Humanos, encomendándosele la redacción de una Carta Internacional de Derechos Humanos. La comisión consideró que la situación política mundial condicionaba en cierta medida la adopción de un tratado de derechos humanos que estableciera normas obligatorias de carácter legal. Empero consideraba favorable la formulación de una declaración de valor moral. De esta manera surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Es el primer documento de derechos humanos promulgado por una organización internacional universal. Por su "status" moral y su importancia legal y política, la Declaración se convirtió a través de los años, en punto referencial y bandera representativa de la lucha de los seres humanos por su libertad y dignidad.

En sus Artículos 1° y 28°, se proclama:

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)"

"Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos".

La Declaración consta de 30 artículos de los cuales 28 enumeran derechos, el artículo 29º se refiere a los deberes y finalmente el artículo 30º, reasegura la protección de su plena vigencia y por ende, el respeto y pleno goce de derechos.

La Declaración no es un tratado y el camino para lograrlo demandó casi dos décadas, cuando en diciembre de 1966 se aprobaron y quedaron abiertos a la firma, ratificación y adhesión, los Pactos Internacionales  de derechos económicos, sociales y culturales, y de derechos civiles y políticos (que emanan de la propia Declaración). Pero aun así, transcurrió una década más para que fueran ratificados y entraran en vigencia en 1976 (de derechos económicos, sociales y culturales, a partir del 3 de enero, y de derechos civiles y políticos, a partir del 23 de marzo) con el voto de 35 países miembros de la ONU.

Por su "status" de tratados, los pactos crean obligaciones convencionales para los Estados, de manera tal que el cumplimiento y goce de todos y cada uno de los derechos que garantizan son asuntos de carácter internacional y están, por lo tanto, fuera del dominio exclusivo de cada país (derechos supranacionales).

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y con la cual tiene mucho en común, fue proclamada en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá durante 1948, oportunidad en que fuera creada e inaugurada oficialmente la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Declaración contiene una lista de 27 derechos y 10 deberes, comprendiendo tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. De esta manera encontramos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la igualdad ante la ley, a la protección de la honra, la reputación y a la vida privada y familiar, como deberes hacia la sociedad, a la instrucción, al sufragio, a la obediencia a la ley, y de servir a la comunidad.

De la Declaración a la Convención Americana de Derechos Humanos, transcurrieron más de veinte años, al proclamarse el 22 de noviembre de 1969 y entrada en vigor el 18 de julio de 1978, siendo conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.

"(…) Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional (…)." (Convención americana-Preámbulo)

Por lo anterior, queda establecido que los derechos humanos son inherentes a la persona humana, es decir que por la sola condición de serlo, es titular de derechos llevándolos consigo más allá de las nacionalidades como del lugar donde se encuentre.

Consecuentemente, son inviolables, universales, transnacionales, irreversibles y progresivos, con lo cual, conllevan a la obligatoriedad del Estado de respetarlos y garantizarlos.

"(….) 36. (….) La Conferencia Mundial respaldó decididamente el concepto de unidad y universalidad de los derechos humanos, declarando que "Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso". (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993)

El ejercicio del poder por parte del Estado debe orientarse a la defensa de los derechos de las personas pues es inadmisible un pretendido ejercicio lícito que opere en contra de ellos. Su titularidad les corresponde a todas las personas con independencia de regímenes políticos, sociales o culturales, nacionalidad o lugar de residencia pues son superiores al Estado.

Los derechos reconocidos no pueden en el futuro desconocerse o suprimirse su garantía y protección por decisión oficial. De igual manera, su actual reconocimiento y protección no implica la negación de otros que surjan como inherencia a la persona humana.

Es de suma importancia que los agentes policiales estén debidamente compenetrados con la historia de los derechos humanos como de los sistemas de garantía y protección. Más aún, estar absolutamente convencidos sobre su labor cotidiana de garantía y protección inmediata de los derechos de los habitantes como fin último de su condición de tales.

Violación de derechos humanos.

Vamos a considerar dos aspectos dentro de la doctrina interamericana. Las conductas de los agentes del Estado, “en nuestro caso los funcionarios policiales” y de los particulares sujetos a su jurisdicción.

Para ello comenzaremos transcribiendo algunos párrafos de interés del libro "Derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales" (IIDH, 2011).

Por parte de agentes policiales.

""Violación de derechos humanos por conductas de los agentes del Estado….En este caso, el Estado será responsable por las acciones u omisiones de sus agentes al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia…..Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que: "La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste.""

El Estado es responsable por la acción u omisión funcional de sus agentes policiales que derive en la violación de derechos consagrados en la Convención Americana. Si bien a los fines de la Comisión Interamericana sólo exige como suficiente que exista una obligación incumplida, toda violación de derechos en ella consagrados por parte de agentes policiales, se encuentra tipificada y sancionada en el ordenamiento jurídico interno con el agravante de su condición de tales.

"1. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos dimana de:….a) Los tratados en los que un Estado sea parte; b) El derecho internacional consuetudinario; c) El derecho interno de cada Estado. (….). 23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:….a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan. (….)." (Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, ONU, 2005)

Por parte de particulares.

""Responsabilidad del Estado por conductas de particulares. La responsabilidad del Estado surge aquí de su deber de garantizar el respeto de los derechos humanos….Este punto tiene directa relación con el ejercicio de las funciones policiales, y se vincula a la obligación positiva de "adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales", lo que implica el cumplimiento por parte del Estado de las siguientes obligaciones: 1. Prevenir: "adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana". Estas medidas deben ser de carácter jurídico, político, administrativo y cultural y promover la salvaguarda de esos derechos. 2. Investigar: "cuando la violación de derechos humanos se ha producido. Esto debe realizarse mediante una "investigación seria, imparcial y efectiva, por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores. (….)".""

Está claro que el Estado es responsable de garantizar el pleno goce y protección de los derechos humanos de todos los habitantes, siendo la agencia estatal policial una de las encargadas -y de ejercicio inmediato- de su cumplimiento. El texto refiere -aunque expresamente no lo dice- al accionar de la delincuencia, a su debido y adecuado tratamiento por parte del Estado en cuanto a prevenir la vulneración de derechos humanos -que sí lo expresa- e investigar exhaustivamente para lograr su esclarecimiento, el enjuiciamiento y el eventual castigo a sus autores.

Observaciones:

Se autoriza su reproducción parcial o total del presente texto de apoyo producido por el docente responsable con la única condición de mencionar su fuente.

El presente texto de apoyo se completará en aula con las clases y actividades llevadas a cabo por el docente responsable.

Bibliografía.

Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU-1948);

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU-1966);

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (OEA-1948);

Convención Americana de Derechos Humanos (OEA-1969);

Cheves, Raúl Marcelo: “La cuestión policial: Manual para la aplicación de la ley”; Editorial Seis Hermanas, La Plata, 2015 (ISBN: 978-987-24197-2-1); “El modelo policial hegemónico en América Latina: Crónica del servilismo policial”, Editorial Seis Hermanas, La Plata, 2008 (ISBN978-987-24197-0-7);

Código de Procedimiento Penal Provincia de Buenos Aires;

Ley Orgánica Policial 13.482/06;

Ley de Personal Policial 13.982/09 y Decreto 1.050/09;

Derechos Humanos y aplicación de la ley (Manual de capacitación en derechos humanos para la policía) (ONU-1997);

Derechos Humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales (IIDH-OEA-2011);

Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU-1979);

"Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hace cumplir la ley" (ONU-1990).

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La Plata, agosto del año del Señor 2019.

Raúl Marcelo Cheves