Ética Aplicada y Derechos Humanos.

Presentación e introducción.

Se comienza el curso con la presentación de la asignatura, su modalidad de dictado y evaluación. Se ofreció a los alumnos la posibilidad de utilizar Internet como medio de comunicación e interacción con el docente responsable.

Se indicó la realización de un trabajo práctico y de autoevaluación como instrumento pedagógico para profundizar el aprendizaje de los contenidos a la vez que complementar los  resultados de un examen final.

Ética y moral.

El diccionario de la Real Academia Española define la ética como: "Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida". De manera tal que no podemos hablar de ética sin hacerlo de normas morales, de moral, a la vez que reflexionar sobre la frase genérica de "…cualquier ámbito de la vida".

La Moral tiene una base social que influye desde el exterior en la conducta de las personas. Esta base social está representada por un conjunto de normas, tradiciones y costumbres, que van conservándose o modificándose través de generaciones y períodos históricos de forma diferente para cada pueblo. De esta manera, estas normas de carácter moral siempre han estado presentes en nosotros y sirven de reaseguro pues influencian en cada persona para una conducta adecuada y pertinente, que responda al grupo social de pertenencia.

Por ello las normas morales son construcciones sociales que aparecen y desaparecen conforme el devenir histórico del grupo y tienen por fin último el bien común. Ahora bien, analizadas que son interiormente por cada quien, implica la formación de diferentes respuestas o manifestaciones externas a las cuales llamamos éticas.

La Ética surge del interior de cada quien, como resultado de su propia reflexión y su propia elección, influyendo también en su conducta pero esta vez desde su misma conciencia. Las respuestas éticas se caracterizan por el nivel de presión del valor captado y apreciado internamente como tal.

El fundamento de las normas éticas son los valores humanos, no aquellos que llegan del entorno, sino aquél internamente descubierto o emergente de la reflexión personal. Entendemos por valores humanos, aquellos principios o fundamentos por los cuales nos guiamos cotidianamente para vivir mejor, con los cuales nos regimos, defendemos y exhortamos al prójimo. Son patrimonio intelectual de cada persona que guían su conducta y a su vez, al exteriorizarlas junto a las de sus semejantes pueden conservar, evolucionar o modificar la moral imperante.

La ética entonces, es la ciencia que estudia la moral y la acción humana. De esta acción, le interesa determinar lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido o prohibido referente a un caso concreto, sea una decisión o una acción. Por ello, el objeto material de la ética son los actos humanos y el objeto formal son los resultados de tales actos desde el punto de vista del bien y del mal.

Ética aplicada.

Su objetivo es el abordaje de problemas éticos surgidos de la vida cotidiana, motivo de lo cual, se enfoca en casos prácticos para resolverlos y tomar decisiones. Comprende a la ética profesional, a la vez que se interesa de los códigos y prácticas profesionales. Examina los dilemas que pudiesen presentarse en el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad laboral en general, como la policial en particular, a fin de lograr una práctica idónea, honesta y enmarcada en la ley. Interviene entonces en la codificación de los valores que se persiguen para servir de guía a los profesionales.

Ética profesional.

Retomemos la frase: "…cualquier ámbito de la vida". Hablemos entonces de profesión y de ética profesional.

Cuando hablamos de profesión, en sentido amplio, lo hacemos de toda actividad personal, vocacional y consuetudinaria al servicio de las personas. No necesariamente comprende profesiones surgidas de carreras de educación superior, sino alcanza a todos los oficios que importen trabajos remunerados, desarrollados digna y honradamente.

La ética profesional se orienta en regular las actividades que se realizan en este marco, pues su ejercicio encierra responsabilidades, obligaciones, prohibiciones, deberes y derechos definidos desde el punto de vista legal. Se trata de una disciplina que está incluida dentro de la ética aplicada ya que hace referencia a una parte específica de la realidad.

Por ello, la idea y concreción de códigos de ética resulta tan necesaria y fundamental para todas las profesiones, oficios o actividades, y por supuesto a la policía con el propósito de fijar preceptos éticos de ejercicio profesional compatibles con un estado de derecho.

Por ello, cuando hablamos de profesionalismo policial, no comprendemos únicamente a los conocimientos, habilidades y experiencia adquiridos, sino de profesarlos de manera ética y legal.

Todo código de ética profesional, es un texto que contiene un conjunto de valores y preceptos, surgidos de la necesidad de facilitar el desarrollo de correctas acciones profesionales, estableciéndose para su práctica, lo que está bien o mal y en cuyo caso, las responsabilidades que deban asumir. Definida su moral social, cada sociedad impone a sus profesionales la manera en que deben llevar adelante tal práctica.

El pensamiento de los agentes policiales pertenece a su privacidad y en consecuencia está protegido por la ley. Es de suma importancia que estén convencidos de los valores y principios que deben proteger pues se reflejaría de mejor manera en su labor cotidiana, pero jamás lo sabremos. Entonces, nos interesa que como funcionarios, su extroversión y compromiso con sus semejantes, responda a una conducta ética.

Ajustándose a derecho, los funcionarios encargados de hacer cumpli la ley, no deberían padecer dilemas éticos. Empero, la realidad nos demuestra que en la multiplicidad de situaciones que les toca vivir a diario, pueden llevarlos a optar o dudar sobre ciertos comportamientos. Es entonces materia de competencia de la ética aplicada su tratamiento y resolución.

Ética policial.

Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Estudiaremos el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues es un código de ética profesional, que establece un conjunto de obligaciones, deberes y prohibiciones cuyo fin último es el “bien”, es decir, hacer lo correcto respetando los valores que se corresponden con una profesión.

Nuestro Código, es un importante documento de derechos humanos porque fue concebido como tal y basándose en otros documentos de derechos humanos que veremos más adelante. Además, se encuentra incorporado en la legislación policial de la provincia de Buenos Aires con la mención que su incumplimiento es falta grave de competencia originaria de la Auditoria General de Asuntos Internos. No es de carácter coercitivo, ya que no impone castigos legales. En todo caso ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un Estado de derecho, sea en la faz judicial como administrativa, pero en sí mismo, no es punitivo desde el punto de vista jurídico, sino que promueve una autorregulación.

La necesidad e interés de regular a través de textos las acciones de las personas, determinándoles en ellos, lo que está bien o mal y en cuyo caso, las responsabilidades que deban asumir, se pierde en la historia de la humanidad.

En todas las sociedades vamos a encontrar expresiones de precisión y prohibición que definen su moral social.

Nuestro Código, es una de las tantas respuestas que aparecen en la historia universal. Su origen, respondió a la iniciativa de funcionarios policiales concurrentes al IV Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Japón, 1970), canalizada por la Interpol para el dictado de un Código Internacional de Ética para la Policía con el propósito fundamental de establecer fehacientemente cuales son las obligaciones, deberes, derechos y prohibiciones del personal encargado de hacer cumplir la ley de manera tal de llevar adelante su función ajustada a derecho, de manera descansada y sin presiones institucionales adversas.

Consecuentemente con ello, en el V Congreso de 1975, en Ginebra-Suiza, se trataron las “Nuevas funciones de la policía y otros organismos de aplicación de la ley, con especial referencia a las cambiantes expectativas y a niveles mínimos de ejecución”. El documento detalla entre otras cuestiones tres sistemas policiales. El anglosajón, el francés y el soviético. Concluye con la presentación de tres anteproyectos de código de ética para consideración del Congreso. Si bien es un documento de importantísimo valor, resulta incompleto al no considerar, por ejemplo, el sistema español (con su influencia árabe) y los originarios existentes en la actual América Latina y el Caribe antes de la invasión de 1492.

El Congreso de Ginebra no resolvió su aprobación sino que solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas la conformación de un comité de expertos para estudiar la cuestión del código internacional de ética policial. El resultado de la labor de este comité es el actual código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado mediante Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictada en su 106ª Sesión plenaria del 17 de diciembre de 1979.

Es importante tener presente que en los tiempos de su dictado, existía en el Mundo un nivel de conflictividad alarmante, habida cuenta de la bipolaridad surgida tras la finalización de la 2da. Guerra Mundial conocida como la “Guerra Fría”, sumado a guerras focalizadas en varios países de distintos continentes y gobiernos surgidos de golpes militares que hicieran del Código de Conducta, un documento oculto.

Su incorporación al derecho positivo argentino se efectiviza en la Ley de Seguridad Interior 24.059/91. La policía de la Provincia de Buenos Aires en 2002 lo publica en su Orden del Día para consideración de sus integrantes y se halla incorporado en su actual legislación (ver Leyes 13.482/06 y 13.982/09).

En sus considerandos, la Asamblea General de las Naciones Unidas se basó en los siguientes documentos internacionales:

•      Carta de las Naciones Unidas (1945);

•      Declaración Universal de Derechos Humanos (1948);

•      Pactos Internacionales de Derechos Humanos (1966, Pacto internacional de Derechos civiles y políticos y, Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y culturales);

•      Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975).

Se da lectura y análisis al artículo 1º explicándose sus comentarios, haciéndose hincapié en: 1. a quienes corresponde la denominación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 2. Al bloque de legalidad que deben respetar y hacer cumplir y 3. Al servicio a la comunidad. En este último aspecto se dio lectura y análisis al correspondiente contenido:

“c) En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.”

Consecuentemente, toda norma legal interna que se dicte para reglamentar el servicio a la comunidad no podrá alterar el contenido de la Ley Provincial 13.982/09 (Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su artículo 1º comentario “c”).

El artículo 2º de nuestro Código de Conducta, exhorta a la promoción, respeto y protección de la dignidad humana y los derechos humanos, sin ninguna clase de distinción, consagrados a nivel nacional e internacional, y enumerando en su comentario, los instrumentos internacionales correspondientes.

Como ya expresáramos, las personas siempre tuvimos dignidad y derechos humanas, el tema de estudio entonces es desde cuando los regímenes de turno los respetaran y protegieran. Al decir de la ley, estamos hablando del Bloque de legalidad.

En cuando al artículo 3º, si bien no prohíbe el empleo de la fuerza, exhorta a considerarla en situaciones extremas, adecuando la acción de los agentes policiales, a los principios de necesidad, razonabilidad y gradualidad, de manera tal que sea la estrictamente necesaria, acorde a la situación producida y con proporcionalidad a aquello que se pretenda lograr. El empleo de la fuerza y las armas de fuego deben desarrollarse en el marco del respeto a los derechos humanos. Su contenido sirvió de antecedente para el dictado de los "Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hace cumplir la ley", que veremos más adelante. Algunos conceptos de su texto se encuentran incorporados en ordenamientos jurídicos policiales.

En la ley orgánica, el artículo 9º menciona los principios de razonabilidad y gradualidad en los procedimientos policiales. Algunos principios básicos (9º y 10º por ejemplo) se encuentran en el artículo 13º incisos “f, g, e i”.

Principio de necesidad.

También conocido como de excepcionalidad. En su artículo 3º y comentario a) del Código de Conducta, se refiere a este principio de la siguiente manera:

"Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas… Comentario: a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites".

Es decir, que el empleo de la fuerza sobre las personas por parte de los agentes policiales, es un recurso excepcional, fuera de lo común y ordinario, consecuente con situaciones en que fracasen medidas menos extremas. En tales casos, el principio de necesidad o excepcionalidad debe unirse al principio de intervención mínima, es decir, la adopción de medidas mínimas pero indispensables para lograr el cometido.

No solamente en oportunidades en que proceda el empleo de la fuerza y las armas de fuego se corresponde el principio de excepcionalidad, sino en toda circunstancia de contacto policía-habitante pues, hasta qué nivel, el interés común hace necesaria la intervención del Estado sobre el pleno ejercicio de los derechos individuales. En este sentido los agentes policiales deben describir la situación -y justificar- que por sus características surgió la necesidad de limitar los derechos de las personas.

Razonabilidad y proporcionalidad.

Se trata de dos principios que tienen su origen en el Derecho y de suma importancia en la teoría y práctica jurídica. Empero, su evolución los ha convertido en criterios de aplicación por parte de la agencia policial para la garantía de los derechos fundamentales.

La razón de estos principios es la protección de las garantías fundamentales ante posibles arbitrariedades del poder público, por ende, su alcance en las actividades de la fuerza policial es consecuente con su finalidad.

El diccionario de la RAE define razonable como: "1. Adecuado, conforme a razón"; "2. Proporcionado o no exagerado". Para nuestro cometido indistintamente valen las dos acepciones, pues cualifican el comportamiento de los agentes policiales en oportunidad de sus procedimientos.

La aplicación de la ley exige de funcionarios que procedan de manera razonable, prudente y con sentido común, de conformidad al ordenamiento jurídico. Su relación y contacto cotidiano policía-habitante puede suscitar posibilidades de abusos, excesos o actos discriminatorios.

El artículo 4º refiere sobre el secreto profesional. Pese a la claridad de tu texto, cabe señalarse que no solamente aspectos relacionados a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación, sino la posibilidad de ser factor de corrupción por parte de los agentes policiales. El artículo no es absoluto en su cometido sino que admite la excepcionalidad, sea por el cumplimiento del deber o a requerimiento de la justicia.

El artículo 5º habla del deber de los funcionarios policiales de cumplir la ley y proteger a las personas contra actos de torturas, tratos o penas crueles, in-humanos o degradantes. Es un artículo de alcance absoluto, no admite excepciones, lo cual es lógico pues so pretexto de cumplir la ley no se la puede violar.

El artículo 6º se refiere a nuestras obligaciones para con la salud de las personas que se encuentran bajo nuestra custodia. Es de carácter absoluto por no existe justificación alguna para su incumplimiento.

En todos los casos se ha ejemplificado el contenido de los artículos, atendiéndose los emergentes grupales.

El artículo 7º exhorta al estricto cumplimiento de la Ley desestimando todo acto de corrupción, extensivo al abuso del poder como a toda figura transgresora del ordenamiento jurídico. En el caso de los policías, la comisión delictual queda agravada por su condición de tales.

El alcance de los contenidos del Art. 8º amerita ampliar el comentario. El artículo se divide en dos párrafos. El primero exhorta una vez más al respeto a la ley y al presente Código, con un accionar preventivo que impida su violación y en caso de haberse sucedido, oponerse y combatir el acto delictual. El segundo, establece para los funcionarios, un orden de prelación de medidas legítimas con el propósito de impedir y oponerse a la violación de la ley. Este orden pretende que los funcionarios cumplan con la ley, sin vulnerar la disciplina interna de la institución a la cual pertenecen ni el secreto profesional, comenzando con la comunicación a sus superiores, promover la intervención de los organismos de asuntos internos de la institución a la cual pertenece, la intervención de la justicia e incluye a los medios masivos de comunicación social. En este contexto, será el funcionario encargado de hacer cumplir la ley quien evalúe discrecionalmente el empleo del medio de denuncia más eficaz y que concilie sus obligaciones funcionales con la disciplina interna de la institución a la cual pertenece como de su seguridad personal y la de sus afectos inmediatos.

En los comentarios se menciona además que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, merecen el respeto, el apoyo y la protección de la agencia a la cual pertenecen y de la comunidad en general, situación que debe estar debidamente garantizada e instrumentada por el Estado.

Ahora bien, para el correcto y eficaz cumplimiento de las normas y principios establecidos por nuestro Código de Conducta, los organismos de aplicación de la ley deben ser receptivos a su aplicación, contando en su estructura organizativa y funcional con un sistema eficaz que garantice a sus funcionarios, el respaldo y la protección institucional necesarios para prevenir y coaccionar ante cualquier acto de violación a la ley y al Código de Conducta.

Cuando hablamos de un sistema eficaz, lo hacemos en función de ciertos mecanismos y normas de funcionamiento, arraigados en el cuerpo axiológico que guía a la institución de aplicación de la ley y que permitan a sus funcionarios, el correcto y eficaz desempeño de sus funciones en los términos del Código de Conducta, con profesionalismo, de manera ordenada y adecuada.

Derechos Humanos.

Introducción.

La misión fundamental de la policía, más allá de las coyunturas, y momentos políticos, siempre estuvo orientada a la protección, la salvaguarda y la restitución misma de los derechos humanos y por ende, sus acciones deben responder en todo momento y circunstancias, a sus postulados.

La institución policial es la respuesta y compromiso de todo Estado para la tutela y protección de los derechos humanos, aunque se reconoce que desde diferentes sectores, se han levantado voces de reproche hacia la misma, generalizándose por el accionar de alguno de sus integrantes.

Este protectorado oficial de los derechos humanos que posee la policía desde los tiempos mismos de su conformación, amerita revalorizar y potenciar en beneficio de todos.

Empero, existe una creencia generalizada entre los agentes policiales acerca de que los derechos humanos existen sólo para proteger y beneficiar a los delincuentes y no para ellos. Que entorpecen su desempeño laboral, tornándolo dificultoso y en no pocas ocasiones el resultado se vuelve en su contra vía judicial.

Nada más absurdo y falto de razón, pero desde su posicionamiento funcional e institucional, se corresponde a una línea argumental basada y sustentada en presupuestos tales como una administración de justicia que no consideran tan justa, en su régimen funcional estructurado y jerarquizado con ribetes feudales que les impide el correcto ejercicio profesional y los sitúa en un estado de vulnerabilidad laboral, en la existencia de un código oculto que los conmina a una práctica cotidiana estresante, sinuosa y controvertida, a través de directivas emanadas por sus superiores que no siempre se leen en documentos ni se oyen a viva voz, sino susurran su cumplimiento con la implicancia de transgresión a la ley, a la abstención de formular peticiones, reclamos o denuncias sobre asuntos relacionados a la función y a la violación y restauración de sus propios derechos.

El descreimiento y la desazón se suceden también al comprobar que los contenidos de los documentos internacionales de derechos humanos, llegan a conocimiento de la delincuencia antes que a ellos y, que aun conociéndolos, la institución policial no ha formulado ni adaptado a sus protocolos de actuación. Es más, si bien su enseñanza está presente en diferentes capacitaciones, se verifica un divorcio con la metodología que se les exige en sus lugares de trabajo.

Aun en la actualidad, muchos agentes policiales, en especial quienes tienen contacto permanente con la gente, desconocen la existencia de instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con su trabajo y cómo emplearlos correctamente, pese a que algunos están incorporados en sus legislaciones internas.

Lamentablemente, el problema se ha visto agudizado en muchos casos, cuando en diferentes cursos (conferencias, jornadas, seminarios), algunos docentes responsables -o irresponsables-, más allá de los métodos de enseñanza empleados y de los contenidos teóricos, se ubican al frente de la clase y, sutilmente -aunque a veces no tanto- inician una suerte de reproches, recriminaciones, acusaciones, descalificaciones y hasta imputaciones, concluyéndose, por si no hubiera sido poco, que como representantes del Estado los agentes policiales son los únicos que pueden vulnerar los derechos humanos y no así los delincuentes, pues su transgresión se encuentra tipificada en el Código Penal. Una interpretación, quizás de contenido ideológico o conveniente o convencional, pero que va más allá de la letra misma de las normas y la doctrina.

Esta desagradable situación, si bien sustentada en bibliografía reconocida por algunos institutos académicos, genera desconcierto y molestia entre los agentes quienes se sienten prejuzgados y vulnerados, a la vez que condiciona la eficiencia del dictado y la eficacia del mismo, para poder transferir los conocimientos adquiridos al desempeño de su labor cotidiana.

Además, en no pocas ocasiones se aborda el tema de los deberes humanos, vinculados inseparablemente al pleno goce y ejercicio de los derechos, parcializando o limitando su enseñanza y dejando la amarga sensación que los miembros de la comunidad, a quienes deben proteger, sólo tienen derechos y ninguna obligación.

Entendemos -y así estamos enfocados- una enseñanza de los derechos humanos para los agentes policiales desde una perspectiva absolutamente abierta, receptora y ecuánime, de entendimiento, de comprensión pero no de justificación, tolerancia o confrontación. Estamos convencidos que desde el amor y no desde el odio, es la única forma de enseñar, y no aprovechando el aula como tribuna para exteriorizar personalismos ideológicos.

Algunas organizaciones no gubernamentales y medios masivos de comunicación social se nutren del fracaso policial en el cumplimiento de su misión y en oportunidades, so pretexto del derecho a la información, se extralimitan desmereciendo a la institución y a sus integrantes. Muchas noticias con fuerte argumentación llegan a la gente dando a entender que la policía desde su origen es falsa, de proceder incierto, no creíble e incontrolable, siendo sus agentes poco o nada confiables y menos aún profesionales, cuestionando su práctica y la legalidad de sus acciones.

Breve historia sobre los derechos humanos.

Hablar de derechos humanos es hacerlo sobre aquello que es inherente al ser humano, que es natural y legítimo para los fines de su vida. Dicho esto, no existe restricción alguna por cuestiones geográficas, económicas, sociales, culturales o políticas, de manera que comprende a todos los seres humanos por igual.

Esta internacionalidad y universalidad se pierde en la historia de la humanidad. Siempre los seres humanos fueron titulares de derechos por su sola condición humana. El problema o el estudio, según se lo enfoque, no radica entonces desde cuándo los humanos poseen derechos por su sola condición de tales, pues los tuvieron siempre, sino a partir de cuándo los diferentes regímenes políticos comenzaron a reconocerlos y consecuentemente garantizarlos y protegerlos.

En la antigüedad (occidental-europea), la sola condición humana no confería derechos frente a la organización política imperante. En el mundo greco-romano los seres humanos poseían ciertos derechos a condición de vivir en una Ciudad-Estado, es decir por que vivían en comunidad (ciudadanos) y por ende pertenecían a un grupo social, pero no por su sola condición de tales. Estos derechos, otorgados por el Estado, estaban condicionados y diferenciados en función del lugar que ocupaban en la estratificación social, comprendiendo igualmente a quienes pertenecían al grupo mejor posicionado.

El relato de la conquista de Babilonia por parte del rey Ciro fue grabado en un cilindro de barro cocido en el cual se detallaban una serie de medidas adoptadas (539 a. C.), tales como la libertad de los esclavos, el derecho de las personas a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial, representando en la actualidad, el antecedente de reconocimiento y protección de los derechos humanos más antiguo del mundo, y que fuera traducido a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

Tanto en la filosofía estoica como en el cristianismo, encontramos caminos importantes que se abren para asignar a esta inherencia humana una situación de independencia frente al estatus político y jurídico vigentes.

En el año 1215, el entonces Rey de Inglaterra Juan Sin Tierra, firma la Carta Magna. En realidad es un pacto con los barones del reino que no fue cumplida sino hasta años más tarde. No vamos a analizar su contenido, pues se aleja de nuestro cometido pero baste señalar que conforma un cuerpo de normas de diversa naturaleza en el plano social, político, económico y jurídico de significativa proyección como antecedente importante en la historia de los derechos humanos. Ejemplo de ello, si bien no lo crea como tal, consagra garantías que se corresponden con el procedimiento de habeas corpus. Asimismo, se advierte la mención y consideración a futuro de instituciones preexistentes y con funciones policiales como la del "Sheriff", el "Constable" y el "bailiff".

En África, las Cartas de Mandé (1222) que consta de siete declaraciones en prosa dirigidas "a todos los oídos del mundo" y las de Kurukan Fuga (1236) de 44 artículos, dirigida "a las doce partes del mundo", representan las primeras declaraciones de derechos humanos concebidas como tales y no como meras aproximaciones. En ambas encontramos garantías que en la actualidad bien podríamos reconocerlas de estatus constitucional y procesal, tales como el habeas corpus, la igualdad ante la ley, la inmunidad diplomática y la prescripción de delitos y faltas, se declama derechos a la vida, a la libre circulación, a la integridad física, al trabajo, a la libertad de expresión, a la educación, la prohibición de la tortura, la prevención de los conflictos, la igualdad de sexos y la defensa del medio ambiente.  Además de una serie de deberes, tales como: que nadie robe a su vecino, cause dolor a su prójimo, martirice a su semejante, que cada uno vele por su prójimo, venere a sus progenitores, vele por el país de sus padres, que cada cual eduque como es debido a sus hijos y cubra las necesidades de los miembros de su familia,. Los principios emanados de las cartas son de inequívoco carácter transnacional y universal.

En nuestra América Latina y el Caribe, antes de la invasión europea de 1492, baste citar el pensamiento de la civilización Maya. Que todos los seres humanos, hombres y mujeres, traen su estrella, misión, vocación y carisma, asimismo se adquiere su ser, esencia, dignidad y libertad desde el momento de la concepción, por lo que no existe razón alguna para sostener discriminación de género y de edad. Consecuentemente con ello, los mayas poseían una organización socio-política y un sistema judicial que satisfacía sus necesidades y aseguraba la convivencia pacífica de sus integrantes en comunidad. Un miembro emblemático y representativo de esta cultura fue el Tupil (Del náhuatl topille), quien cumplía funciones policiales a las órdenes del Juez. Se trataba de un cargo oficial de aceptación y confianza comunitaria que exigía de prestigio personal. Es sin duda, el primer funcionario encargado de hacer cumplir la ley en nuestras tierras.

En muchos de nuestros pueblos originarios, el reconocimiento y protección de los derechos humanos formaba parte de su cultura, de su organización socio-política y se manifestaba en el diario vivir.

El surgimiento y expansión de la Reforma Protestante, produjo en Europa un fuerte cimbronazo y guerras que se concluyen con los Tratados de Westfalia de 1648. La paz trajo el reconocimiento de la libertad de prédica religiosa, aún con ciertos límites pues los habitantes de un Estado estaban obligados a profesar la religión oficial pero dejando la posibilidad de reconocer a las minorías religiosas. Esto abrió nuevamente caminos hacia la libertad de conciencia, es decir, la independencia religiosa y por extensión de pensamiento, frente al poder del Estado (caso de Inglaterra), representando un importante antecedente para nuestro estudio.

Tanto en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) como en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) consecuente de la Revolución Francesa, reconocen que los seres humanos con independencia de su relación frente al Estado poseen derechos naturales anteriores y superiores que deben protegerse, lo cual significa un salto significativo pues el Estado como asociación jurídico-política es una creación de las personas para la defensa de sus derechos como la atención y satisfacción de sus necesidades.

Empero, escapa a nuestro cometido analizar la controversia surgida "a posteriori" de sus respectivos dictados, pues los valores en ellas consagrados fueron sistemáticamente violados por los sistemas políticos emergentes. En el caso de los Estados Unidos, una república que sostuvo y fortaleció un régimen esclavista donde un grupo importante de personas no eran consideradas tales y sus consecuentes prácticas inhumanas. Para el caso francés, la sistemática y sangrienta represión revolucionaria llevada a cabo. No obstante, las tomamos y nos quedamos con la significancia de documentos fundamentales en la historia de los derechos humanos.

"(….). Artículo 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común….Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. (….). Artículo 12.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada." (Declaración francesa, 1789)

Del contenido de estos artículos, resulta el reconocimiento de la libertad e igualdad de derechos de los hombres, la finalidad del Estado que es justamente la conservación de tales derechos (naturales), la enumeración de los mismos y la necesidad de contar con una fuerza pública, que no es otra cosa que una institución policial garante de los derechos humanos de todos e independiente de cualquier fracción social y política.

El avance y reconocimiento de los derechos humanos incide en la transformación del Estado absolutista hacia el Estado constitucional y comienza a configurarse el Estado de derecho, en el cual el ejercicio del poder no es absoluto sino regulado y limitado por la ley, para asegurar el pleno goce y protección de los derechos de los habitantes.

Los avatares sufridos por el reconocimiento y protección de los derechos humanos van unidos a la aparición de los movimientos socialistas del siglo XIX y por supuesto las dramáticas guerras de 1914-1918 (1ª Guerra) y 1939-1945 (2ª Guerra).

Al término de la Primera Guerra, se crea la Sociedad de Naciones (SDN) por imperio del Tratado de Versalles (París, 1919). Los propósitos de la naciente organización fueron, entre otros: fomentar la cooperación entre las naciones, garantizar la paz y la seguridad mundial, sobre la base de no recurrir a conflictos armados y la resolución pacífica de las controversias.

La Sociedad no fue tan eficaz como se esperaba y absteniéndonos de analizar los motivos que llevaron a su fracaso y proceso de desintegración al inicio de la 2da. Guerra, cabe destacarse un antecedente que fuera lapidario para su futuro. En 1925, se afilia a la SDN, la Comisión Internacional de Prisiones (CIP, Londres, 1872) que en oportunidad de la reunión de Berlín de 1935, cambiara su nombre por Comisión Internacional Penal y Penitenciaria (ICPP). La fecha y el lugar de la misma, dio cabida a la asistencia de numerosos simpatizantes del nazismo, influyendo y presionando de tal manera en la Comisión, que convenientemente financiada, consintiera la publicación de las históricamente conocidas teorías satánicas sobre los orígenes raciales y biológicos del delito y su represión a través de medidas crueles y sanguinarias. Baste con citar uno de los temas sustantivos tratados en aquella oportunidad para conocer claramente lo indigno e innoble de su conducta:

"Las leyes de todos los países deben autorizar la práctica de la castración, a petición o con consentimiento del interesado. Igualmente se planteó la autorización de la esterilización por motivos sanitarios o eugenésicos.".

Creada la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al término de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de San Francisco durante 1945, sus propósitos y principios se encuentran establecidos en el documento internacional conocido como "La Carta de las Naciones Unidas".

Una de las medidas inmediatas de la naciente Organización fue la creación de la Comisión de Derechos Humanos, encomendándosele la redacción de una Carta Internacional de Derechos Humanos. La comisión consideró que la situación política mundial condicionaba en cierta medida la adopción de un tratado de derechos humanos que estableciera normas obligatorias de carácter legal. Empero consideraba favorable la formulación de una declaración de valor moral. De esta manera surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Es el primer documento de derechos humanos promulgado por una organización internacional universal. Por su "status" moral y su importancia legal y política, la Declaración se convirtió a través de los años, en punto referencial y bandera representativa de la lucha de los seres humanos por su libertad y dignidad.

En sus Artículos 1° y 28°, se proclama:

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)"

"Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos".

La Declaración consta de 30 artículos de los cuales 28 enumeran derechos, el artículo 29º se refiere a los deberes y finalmente el artículo 30º, reasegura la protección de su plena vigencia y por ende, el respeto y pleno goce de derechos.

La Declaración no es un tratado y el camino para lograrlo demandó casi dos décadas, cuando en diciembre de 1966 se aprobaron y quedaron abiertos a la firma, ratificación y adhesión, los Pactos Internacionales  de derechos económicos, sociales y culturales, y de derechos civiles y políticos (que emanan de la propia Declaración). Pero aun así, transcurrió una década más para que fueran ratificados y entraran en vigencia en 1976 (de derechos económicos, sociales y culturales, a partir del 3 de enero, y de derechos civiles y políticos, a partir del 23 de marzo) con el voto de 35 países miembros de la ONU.

Por su "status" de tratados, los pactos crean obligaciones convencionales para los Estados, de manera tal que el cumplimiento y goce de todos y cada uno de los derechos que garantizan son asuntos de carácter internacional y están, por lo tanto, fuera del dominio exclusivo de cada país (derechos supranacionales).

Durante la década de los años setenta, el jurista Karel Vasak del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Francia, propuso una división de los derechos humanos en tres generaciones. De esta manera, los derechos civiles y políticos se los reconocen como aquellos derechos humanos referidos a la libertad y a la participación política de las personas, protegiéndolas de posibles excesos por parte del Estado, denominándolos de Primera Generación (Ej.: derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, a no ser objeto de arresto, detención o exilio arbitrario, al debido proceso judicial, etc.).

Los derechos económicos, sociales y culturales se los reconocen como los derechos humanos referidos a la igualdad de los seres humanos, demandando al Estado una gestión de bienestar general e igualdad de oportunidades para todos y se los denomina de Segunda Generación (Ej.: derecho a la seguridad social, al trabajo, a igual salario por igual trabajo, a la protección contra el desempleo y a una remuneración justa y favorable, al descanso y reposo, a un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar personal y el de su familia, a la educación, etc.).

La Tercera Generación de Derechos Humanos, representa aquellos derechos surgidos mediante acuerdos en respuesta a demandas de la comunidad internacional y se refieren a la solidaridad y la fraternidad entre las personas (derecho a un medio ambiente decente, derecho al agua pura, derecho al aire puro, el derecho a la paz, al desarrollo, a la comunicación, al patrimonio de la humanidad).

Es dable destacar que Vasak, nacido en la ex-Checoslovaquia (actual República Checa) y naturalizado francés, era un admirador incondicional de la República Francesa, de su historia y de los valores que ella representaba, de manera tal que la división en tres generaciones es un homenaje a su lema tradicional y oficial: "Libertad (1ra. G), Igualdad (2da. G) y Fraternidad (3ra. G)".

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y con la cual tiene mucho en común, fue proclamada en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá durante 1948, oportunidad en que fuera creada e inaugurada oficialmente la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Declaración contiene una lista de 27 derechos y 10 deberes, comprendiendo tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. De esta manera encontramos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la igualdad ante la ley, a la protección de la honra, la reputación y a la vida privada y familiar, como deberes hacia la sociedad, a la instrucción, al sufragio, a la obediencia a la ley, y de servir a la comunidad.

De la Declaración a la Convención Americana de Derechos Humanos, transcurrieron más de veinte años, siendo proclamada el 22 de noviembre de 1969 y entrada en vigor el 18 de julio de 1978, siendo conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.

"(…) Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional (…)." (Convención americana-Preámbulo)

Posteriormente, en San Salvador, durante 1988 se proclama el Primer protocolo anexo al Pacto de San José, sobre derechos económicos, sociales y culturales.

Es importante señalar que si bien la obligatoriedad de respeto y garantía de los derechos civiles y políticos son exigibles a los Estados partes de manera inmediata, con relación a los económicos, sociales y culturales, establece el compromiso de adoptar providencias, medidas, para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos (Art. 26º de la Convención Americana y Art. 1º Protocolo de San Salvador).

Por lo anterior, queda establecido que los derechos humanos son inherentes a la persona humana, es decir que por la sola condición de serlo, es titular de derechos llevándolos consigo más allá de las nacionalidades como del lugar donde se encuentre.

Consecuentemente, son inviolables, universales, transnacionales, irreversibles y progresivos, con lo cual, conllevan a la obligatoriedad del Estado de respetarlos y garantizarlos.

"(….) 36. (….) La Conferencia Mundial respaldó decididamente el concepto de unidad y universalidad de los derechos humanos, declarando que "Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso". (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993)

El ejercicio del poder por parte del Estado debe orientarse a la defensa de los derechos de las personas pues es inadmisible un pretendido ejercicio lícito que opere en contra de ellos. Su titularidad les corresponde a todas las personas con independencia de regímenes políticos, sociales o culturales, nacionalidad o lugar de residencia pues son superiores al Estado.

Los derechos reconocidos no pueden en el futuro desconocerse o suprimirse su garantía y protección por decisión oficial. De igual manera, su actual reconocimiento y protección no implica la negación de otros que surjan como inherencia a la persona humana.

La Declaración de Viena, exhorta a la comunidad internacional y consecuentemente a los Estados, al tratamiento de los derechos humanos de manera global e integral, sin establecer cuestiones de prioridades de unos sobre otros.

Es de suma importancia que los agentes policiales estén debidamente compenetrados con la historia de los derechos humanos como de los sistemas de garantía y protección. Más aún, estar absolutamente convencidos sobre su labor cotidiana de garantía y protección inmediata de los derechos de los habitantes como fin último de su condición de tales.

En atención a lo visto precedentemente, sólo la Humanidad toda puede arrogarse un papel hegemónico en la consideración, reconocimiento y sistemas de garantías y protección de los derechos humanos. Su protagonista principal y gestor de la historia, es el ser humano en comunidad, de manera tal que ninguna persona, grupo de personas, civilización o cultura, unilateralmente, puede esgrimir su patrimonio.

No obstante ello, resulta evidente que todo lo avanzado hasta el presente, debe fortalecerse en áreas concretas y con métodos de ejecución más eficaces pues tal y como se presenta la realidad planetaria, hay naciones y culturas que no existen a la luz de los derechos humanos por la particular interpretación que de los mismos hacen las potencias dominantes.

"¿Cómo es posible que perdure la opresión del hombre contra el hombre, que la arrogancia del más fuerte continúe humillando al más débil, arrinconándolo en los márgenes más miserables de nuestro mundo?" (Papa Francisco, mensaje de fin de año 2015)

Violación de derechos humanos.

Vamos a considerar dos aspectos dentro de la doctrina interamericana. Las conductas de los agentes del Estado, en nuestro caso los funcionarios policiales y de los particulares sujetos a su jurisdicción.

Para ello comenzaremos transcribiendo algunos párrafos de interés del libro "Derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales" (IIDH, 2011).

Por parte de agentes policiales.

""Violación de derechos humanos por conductas de los agentes del Estado….En este caso, el Estado será responsable por las acciones u omisiones de sus agentes al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia…..Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que: "La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste.""

El Estado es responsable por la acción u omisión funcional de sus agentes policiales que derive en la violación de derechos consagrados en la Convención Americana. Si bien a los fines de la Comisión Interamericana sólo exige como suficiente que exista una obligación incumplida, toda violación de derechos en ella consagrados por parte de agentes policiales, se encuentra tipificada y sancionada en el ordenamiento jurídico interno con el agravante de su condición de tales.

"1. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos dimana de:….a) Los tratados en los que un Estado sea parte; b) El derecho internacional consuetudinario; c) El derecho interno de cada Estado. (….). 23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:….a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan. (….)." (Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, ONU, 2005)

Como ejemplo, si un agente de policía da muerte a una persona, el Estado será internacionalmente responsable de la violación del derecho humano a la vida por parte de su agente. Representa una acción suficiente de incumplimiento a una obligación del Estado. Empero, el propio agente, será penalmente responsable del delito tipificado y sancionado como homicidio agradado por su condición (genéricamente hablando), en el ordenamiento legal interno.

Por parte de particulares.

""Responsabilidad del Estado por conductas de particulares. La responsabilidad del Estado surge aquí de su deber de garantizar el respeto de los derechos humanos….Este punto tiene directa relación con el ejercicio de las funciones policiales, y se vincula a la obligación positiva de "adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales", lo que implica el cumplimiento por parte del Estado de las siguientes obligaciones: 1. Prevenir: "adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana". Estas medidas deben ser de carácter jurídico, político, administrativo y cultural y promover la salvaguarda de esos derechos. 2. Investigar: "cuando la violación de derechos humanos se ha producido. Esto debe realizarse mediante una "investigación seria, imparcial y efectiva, por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores. (….)".""

Está claro que el Estado es responsable de garantizar el pleno goce y protección de los derechos humanos de todos los habitantes, siendo la agencia estatal policial una de las encargadas -y de ejercicio inmediato- de su cumplimiento. El texto refiere -aunque expresamente no lo dice- al accionar de la delincuencia, a su debido y adecuado tratamiento por parte del Estado en cuanto a prevenir la vulneración de derechos humanos -que sí lo expresa- e investigar exhaustivamente para lograr su esclarecimiento, el enjuiciamiento y el eventual castigo a sus autores.

"2. Recomienda que los Estados tengan en cuenta los Principios y directrices básicos, promuevan el respeto de los mismos y los señalen a la atención de los miembros de los órganos ejecutivos de gobierno, en particular los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas militares y de seguridad, los órganos legislativos, el poder judicial, las víctimas y sus representantes, los defensores y abogados de derechos humanos, los medios de comunicación y el público en general; (….)". (Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, ONU, 2005)

Como ejemplo, si una persona diera muerte a otra, sería penalmente responsable (genéricamente hablando) del delito tipificado y sancionado como homicidio en el ordenamiento legal interno,  y el Estado estaría eximido de responsabilidad internacional, en tanto y en cuanto, tenga vigente y en funcionamiento al momento del hecho, todos los recaudos legales y estructuras de carácter político, jurídico y administrativo, para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones interindividuales.

En ambos ejemplos, sea su autor, un particular o un agente de policía, estamos hablando de la violación del derecho humano a la vida y en ambos casos son penalmente responsables por transgredir el derecho penal interno, lo que varía es el carácter de la responsabilidad del Estado en el marco del derecho internacional, ante el incumplimiento de sus obligaciones, sea por acción u omisión, o por su deber de garantizar. Si el caso no obtiene el debido tratamiento y menos aún resuelto dentro de la administración de justicia interna, queda habilitada la vía supranacional.

Por lo expuesto, no se comparte una doctrina que sostenga, difunda o pretenda enseñar, que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los agentes de policía.

La vulneración de la dignidad humana y los derechos humanos de las personas ha sido igualmente tratada por las Naciones Unidas en diferentes documentos vinculándola con el accionar de la delincuencia y por ende, la responsabilidad personal de quienes se ubican en conflicto con la ley penal. Valga citar entre otros, la Declaración de Caracas de 1980, el Plan de acción de Milán de 1985 y la Declaración de Valencia de 1998.

"(….). Considerando que el fenómeno delictivo en su interacción social lesiona el desarrollo integral de las naciones, ataca el bienestar espiritual y material de los pueblos, compromete la dignidad humana y crea un clima de temor y violencia que pone en peligro la seguridad personal y deteriora la calidad de la vida, (….)"  (Caracas, 1980)

"(….). La delincuencia es un importante problema de dimensiones nacionales y en algunos casos, internacionales. Ciertas formas de delincuencia pueden obstaculizar el progreso político, económico, social y cultural de los pueblos y amenazar los derechos humanos, las libertades fundamentales y la paz, la estabilidad y la seguridad. (….)." (Milán, 1985)

Resulta claro y de significativa importancia el contenido de los documentos de Caracas y de Milán, en mencionar a la comisión del delito (y por ende, a la persona de su autor) como amenaza a la dignidad humana y la violación a los derechos humanos.

En el año 1998, cincuentenario de la Declaración universal de derechos humanos se reunieron en la ciudad de Valencia-España un grupo de expertos bajo los auspicios de la UNESCO y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, proclamándose la "Declaración universal de responsabilidades y deberes humanos" también conocida como la Declaración de Valencia. En su introducción, rubricada por el presidente del grupo encargado de la misma, Richard J. Goldstone, se consignó:

"(….). No obstante los específicos asuntos escogidos por el Grupo de Alto Nivel, los participantes reconocieron que hay y continúa habiendo responsabilidades personales de los miembros individuales de la comunidad global que trascienden y complementan al ámbito de nuestro esfuerzo. Como miembros individuales de la comunidad global tienen derecho a la totalidad de los derechos humanos, pero también deben a la comunidad ciertas responsabilidades morales. Ellos toman parte para hacer más universal el disfrute de los derechos humanos. La última decisión para la acción moral es de los individuos. (….)"

Por su parte, la Constitución de la República de Ecuador (2008) en su artículo 83º, inciso 5º señala:

"Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (….) Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento".

Está claro entonces, retomando el ejemplo de líneas anteriores, que todo ser humano tiene derecho a la vida pero también el deber de no quitarla y así, de manera concordante con los demás derechos humanos.

"(….) acá hay gente para quien la violación a los derechos humanos es la tortura, desaparición de personas, cárceles. Sí, esa es la violación del primer derecho, el derecho a la vida. Yo soy un sobreviviente de eso, pero los derechos humanos no se agotan ahí. La mortandad infantil, ¿qué es? Que se nos mueran 25 niños de hambre por día en la Argentina es violación a los derechos humanos." (Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, entrevista Revista La Pulseada-Argentina, nº 79, mayo 2010)

El aumento global de la pobreza, la discriminación, la exclusión y la marginación social en que viven millones de personas, nos hace comprender el condicionamiento que tienen los derechos humanos para su pleno goce.

"Yo le señalé que los derechos humanos son integrales. Y que no hay que limitar a los asesinatos de la dictadura, sino también a la pobreza, el ambiente y la vida del pueblo", explicó." (Adolfo Pérez Esquivel, diario Clarín-Argentina, 22-3-13)

Cuando hablamos de violación a los derechos humanos no lo acotamos a muertes, desapariciones y torturas, sino también a la pobreza e indigencia, al hambre, a la mortandad infantil, desigualdades sociales y a las condiciones infrahumanas en que viven millones de personas.

Este deterioro social de la población a causa de la violación continuada de sus derechos frente a un Estado responsable de su salvaguarda y protección, genera escenarios de protesta social, de violencia reprimida y caldo de cultivo de la delincuencia.

Un sistema social injusto, determina a las personas pobres una realidad de plena frustración que puede convertirse y exteriorizarse en agresividad, y en no pocas situaciones manifestarse como furia colectiva y delito.

Aun así, descartamos de plano considerar la pobreza como factor criminógeno, pero las situaciones descriptas en el párrafo anterior generan un estado proclive hacia el escape violento y delictual, en tanto y en cuanto, el Estado no asuma su rol de tal o no funcione a la altura de las circunstancias.

Si analizáramos los porcentajes de pobreza e indigencia en nuestra Región en relación a la delincuencia, se llegaría a la conclusión que existe un estado y voluntad de decencia en los pobres. En correlato con lo dicho, un informe producido por las autoridades de salud de un país de nuestra Región nos demuestra (1988) que sobre una población cercana a los 8.000.000 habitantes, poco más del 44 % se encontraba en situación de necesidades básicas insatisfechas (NBI), sin embargo, sólo un porcentaje mínimo de personas se encontraban en conflicto con la ley penal.

Lo dicho nos permite el tratamiento de ciertos aspectos que se relacionan con la delincuencia y la estructura social de una comunidad y, con los cuales, la policía por sí sola, obtendrá un resultado condicionado al fracaso más que al éxito. La marginalidad es uno de ellos, que entendemos no es privativa de determinado nivel socioeconómico, sino de una situación de naturaleza y medio, sea miseria, riqueza, codicia o ambición, promiscuidad, poder político o económico, etc. También, el poder económico que representa un factor preponderante para el desarrollo de una comunidad y la realización personal de sus miembros, pero mal ejercido o descontrolado, será determinante para la marginalidad de ciertos grupos sociales con riesgos probables de provocar conductas violentas y antijurídicas, lo cual nos lleva a la delincuencia.

El aumento o disminución del delito es variable de la adecuada organización y planificación integral de la estructura social, de manera tal que afrontar las situaciones de marginalidad, será un trabajo interdisciplinario y multisectorial que comprometa a toda la comunidad: familia, escuela, entidades intermedias, justicia, policía, etc., siendo el Estado su protagonista principal para lograr el éxito.

En una realidad donde las cosas no están resueltas o están deterioradas en términos sociales, la policía debe cumplir su misión a sabiendas de estar respetando y protegiendo ciertos derechos humanos de quienes previa y sistemáticamente les fueran transgredidos otros.

Es una paradoja que amerita del Estado su pronta reversión, reformulando sus políticas y estrategias de abordaje para la restitución de derechos, porque los miembros de la comunidad,  a la sazón, sujetos de tales derechos, no merecen estar protegidos con la sola respuesta policial.

Observaciones:

Se autoriza su reproducción parcial o total del presente texto de apoyo producido por el docente responsable con la única condición de mencionar su fuente.

El presente texto de apoyo se completará en aula con las clases y actividades llevadas a cabo por el docente responsable.

Bibliografía.

Constitución Nacional (RA);

Constitución Provincial (PBA);

Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU-1948);

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU-1966);

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (OEA-1948);

Declaración de responsabilidades y deberes humanos (ONU-1998);

Convención Americana de Derechos Humanos (OEA-1969);

Cheves, Raúl Marcelo: “La cuestión policial: Manual para la aplicación de la ley”; Editorial Seis Hermanas, La Plata, 2015 (ISBN: 978-987-24197-2-1); “El modelo policial hegemónico en América Latina: Crónica del servilismo policial”, Editorial Seis Hermanas, La Plata, 2008 (ISBN978-987-24197-0-7);

Código de Procedimiento Penal Provincia de Buenos Aires;

Ley Orgánica Policial 13.482/06;

Ley de Personal Policial 13.982/09 y Decreto 1.050/09;

Derechos Humanos y aplicación de la ley (Manual de capacitación en derechos humanos para la policía) (ONU-1997);

Derechos Humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales (IIDH-OEA-2011);

Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU-1979);

"Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hace cumplir la ley" (ONU-1990).

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La Plata, mayo del año del Señor 2017.

Raúl Marcelo Cheves