Derechos humanos y prácticas policiales.

Presentación e introducción.

Se comienza el curso el día 23 de marzo de 2017 con la presentación de la materia, su modalidad de dictado y evaluación. Se comunicó a los docentes-alumnos la posibilidad de utilizar la internet como medio de comunicación e interacción con el docente responsable.

Se indicó la realización de un trabajo práctico y de autoevaluación como instrumento pedagógico para profundizar el aprendizaje de los contenidos a la vez que complementar los  resultados de un examen final.

Con el propósito de fijar el perfil de los contenidos de su dictado y como ejemplificación de la misma, se enfatizó que la misión fundamental de la policía, más allá de las coyunturas, y momentos políticos, siempre estuvo orientada a la protección, la salvaguarda y la restitución misma de los derechos humanos y por ende, sus acciones deben responder en todo momento y circunstancias, a sus postulados.

La institución policial es la respuesta y compromiso de todo Estado para la tutela y protección de los derechos humanos, aunque se reconoce que desde diferentes sectores, se han levantado voces de reproche hacia la misma, generalizándose por el accionar de alguno de sus integrantes.

Este protectorado oficial de los derechos humanos que posee la policía desde los tiempos mismos de su conformación, amerita revalorizar y potenciar en beneficio de todos.

Empero, existe una creencia generalizada entre los agentes policiales acerca de que los derechos humanos existen sólo para proteger y beneficiar a los delincuentes y no para ellos. Que entorpecen su desempeño laboral, tornándolo dificultoso y en no pocas ocasiones el resultado se vuelve en su contra vía judicial.

Nada más absurdo y falto de razón, pero desde su posicionamiento funcional e institucional, se corresponde a una línea argumental basada y sustentada en presupuestos tales como una administración de justicia que no consideran tan justa, en su régimen funcional estructurado y jerarquizado con ribetes feudales que les impide el correcto ejercicio profesional y los sitúa en un estado de vulnerabilidad laboral, en la existencia de un código oculto que los conmina a una práctica cotidiana estresante, sinuosa y controvertida, a través de directivas emanadas por sus superiores que no siempre se leen en documentos ni se oyen a viva voz, sino susurran su cumplimiento con la implicancia de transgresión a la ley, a la abstención de formular peticiones, reclamos o denuncias sobre asuntos relacionados a la función y a la violación y restauración de sus propios derechos.

El descreimiento y la desazón se suceden también al comprobar que los contenidos de los documentos internacionales de derechos humanos, llegan a conocimiento de la delincuencia antes que a ellos y, que aun conociéndolos, la institución policial no ha formulado ni adaptado a sus protocolos de actuación. Es más, si bien su enseñanza está presente en diferentes capacitaciones, se verifica un divorcio con la metodología que se les exige en sus lugares de trabajo.

Aun en la actualidad, muchos agentes policiales, en especial quienes tienen contacto permanente con la gente, desconocen la existencia de instrumentos internacionales de derechos humanos relacionados con su trabajo y cómo emplearlos correctamente, pese a que algunos están incorporados en sus legislaciones internas.

Lamentablemente, el problema se ha visto agudizado en muchos casos, cuando en diferentes cursos (conferencias, jornadas, seminarios), algunos docentes responsables -o irresponsables-, más allá de los métodos de enseñanza empleados y de los contenidos teóricos, se ubican al frente de la clase y, sutilmente -aunque a veces no tanto- inician una suerte de reproches, recriminaciones, acusaciones, descalificaciones y hasta imputaciones, concluyéndose, por si no hubiera sido poco, que como representantes del Estado los agentes policiales son los únicos que pueden vulnerar los derechos humanos y no así los delincuentes, pues su transgresión se encuentra tipificada en el Código Penal. Una interpretación, quizás de contenido ideológico o conveniente o convencional, pero que va más allá de la letra misma de las normas y la doctrina.

Esta desagradable situación, si bien sustentada en bibliografía reconocida por algunos institutos académicos, genera desconcierto y molestia entre los agentes quienes se sienten prejuzgados y vulnerados, a la vez que condiciona la eficiencia del dictado y la eficacia del mismo, para poder transferir los conocimientos adquiridos al desempeño de su labor cotidiana.

Además, en no pocas ocasiones se aborda el tema de los deberes humanos, vinculados inseparablemente al pleno goce y ejercicio de los derechos, parcializando o limitando su enseñanza y dejando la amarga sensación que los miembros de la comunidad, a quienes deben proteger, sólo tienen derechos y ninguna obligación.

Entendemos -y así estamos enfocados- una enseñanza de los derechos humanos para los agentes policiales desde una perspectiva absolutamente abierta, receptora y ecuánime, de entendimiento, de comprensión pero no de justificación, tolerancia o confrontación. Estamos convencidos que desde el amor y no desde el odio, es la única forma de enseñar, y no aprovechando el aula como tribuna para exteriorizar personalismos ideológicos.

Algunas organizaciones no gubernamentales y medios masivos de comunicación social se nutren del fracaso policial en el cumplimiento de su misión y en oportunidades, so pretexto del derecho a la información, se extralimitan desmereciendo a la institución y a sus integrantes. Muchas noticias con fuerte argumentación llegan a la gente dando a entender que la policía desde su origen es falsa, de proceder incierto, no creíble e incontrolable, siendo sus agentes poco o nada confiables y menos aún profesionales, cuestionando su práctica y la legalidad de sus acciones.

Breve historia sobre los derechos humanos.

Hablar de derechos humanos es hacerlo sobre aquello que es inherente al ser humano, que es natural y legítimo para los fines de su vida. Dicho esto, no existe restricción alguna por cuestiones geográficas, económicas, sociales, culturales o políticas, de manera que comprende a todos los seres humanos por igual.

Esta internacionalidad y universalidad se pierde en la historia de la humanidad. Siempre los seres humanos fueron titulares de derechos por su sola condición humana. El problema o el estudio, según se lo enfoque, no radica entonces desde cuándo los humanos poseen derechos por su sola condición de tales, pues los tuvieron siempre, sino a partir de cuándo los diferentes regímenes políticos comenzaron a reconocerlos y consecuentemente garantizarlos y protegerlos.

En la antigüedad (occidental-europea), la sola condición humana no confería derechos frente a la organización política imperante. En el mundo greco-romano los seres humanos poseían ciertos derechos a condición de vivir en una Ciudad-Estado, es decir por que vivían en comunidad (ciudadanos) y por ende pertenecían a un grupo social, pero no por su sola condición de tales. Estos derechos, otorgados por el Estado, estaban condicionados y diferenciados en función del lugar que ocupaban en la estratificación social, comprendiendo igualmente a quienes pertenecían al grupo mejor posicionado.

El relato de la conquista de Babilonia por parte del rey Ciro fue grabado en un cilindro de barro cocido en el cual se detallaban una serie de medidas adoptadas (539 a. C.), tales como la libertad de los esclavos, el derecho de las personas a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial, representando en la actualidad, el antecedente de reconocimiento y protección de los derechos humanos más antiguo del mundo, y que fuera traducido a los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

Tanto en la filosofía estoica como en el cristianismo, encontramos caminos importantes que se abren para asignar a esta inherencia humana una situación de independencia frente al estatus político y jurídico vigentes.

En el año 1215, el entonces Rey de Inglaterra Juan Sin Tierra, firma la Carta Magna. En realidad es un pacto con los barones del reino que no fue cumplida sino hasta años más tarde. No vamos a analizar su contenido, pues se aleja de nuestro cometido pero baste señalar que conforma un cuerpo de normas de diversa naturaleza en el plano social, político, económico y jurídico de significativa proyección como antecedente importante en la historia de los derechos humanos. Ejemplo de ello, si bien no lo crea como tal, consagra garantías que se corresponden con el procedimiento de habeas corpus. Asimismo, se advierte la mención y consideración a futuro de instituciones preexistentes y con funciones policiales como la del "Sheriff", el "Constable" y el "bailiff".

En África, las Cartas de Mandé (1222) que consta de siete declaraciones en prosa dirigidas "a todos los oídos del mundo" y las de Kurukan Fuga (1236) de 44 artículos, dirigida "a las doce partes del mundo", representan las primeras declaraciones de derechos humanos concebidas como tales y no como meras aproximaciones. En ambas encontramos garantías que en la actualidad bien podríamos reconocerlas de estatus constitucional y procesal, tales como el habeas corpus, la igualdad ante la ley, la inmunidad diplomática y la prescripción de delitos y faltas, se declama derechos a la vida, a la libre circulación, a la integridad física, al trabajo, a la libertad de expresión, a la educación, la prohibición de la tortura, la prevención de los conflictos, la igualdad de sexos y la defensa del medio ambiente.  Además de una serie de deberes, tales como: que nadie robe a su vecino, cause dolor a su prójimo, martirice a su semejante, que cada uno vele por su prójimo, venere a sus progenitores, vele por el país de sus padres, que cada cual eduque como es debido a sus hijos y cubra las necesidades de los miembros de su familia,. Los principios emanados de las cartas son de inequívoco carácter transnacional y universal.

En nuestra América Latina y el Caribe, antes de la invasión europea de 1492, baste citar el pensamiento de la civilización Maya. Que todos los seres humanos, hombres y mujeres, traen su estrella, misión, vocación y carisma, asimismo se adquiere su ser, esencia, dignidad y libertad desde el momento de la concepción, por lo que no existe razón alguna para sostener discriminación de género y de edad. Consecuentemente con ello, los mayas poseían una organización socio-política y un sistema judicial que satisfacía sus necesidades y aseguraba la convivencia pacífica de sus integrantes en comunidad. Un miembro emblemático y representativo de esta cultura fue el Tupil (Del náhuatl topille), quien cumplía funciones policiales a las órdenes del Juez. Se trataba de un cargo oficial de aceptación y confianza comunitaria que exigía de prestigio personal. Es sin duda, el primer funcionario encargado de hacer cumplir la ley en nuestras tierras.

En muchos de nuestros pueblos originarios, el reconocimiento y protección de los derechos humanos formaba parte de su cultura, de su organización socio-política y se manifestaba en el diario vivir.

El surgimiento y expansión de la Reforma Protestante, produjo en Europa un fuerte cimbronazo y guerras que se concluyen con los Tratados de Westfalia de 1648. La paz trajo el reconocimiento de la libertad de prédica religiosa, aún con ciertos límites pues los habitantes de un Estado estaban obligados a profesar la religión oficial pero dejando la posibilidad de reconocer a las minorías religiosas. Esto abrió nuevamente caminos hacia la libertad de conciencia, es decir, la independencia religiosa y por extensión de pensamiento, frente al poder del Estado (caso de Inglaterra), representando un importante antecedente para nuestro estudio.

Tanto en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) como en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) consecuente de la Revolución Francesa, reconocen que los seres humanos con independencia de su relación frente al Estado poseen derechos naturales anteriores y superiores que deben protegerse, lo cual significa un salto significativo pues el Estado como asociación jurídico-política es una creación de las personas para la defensa de sus derechos como la atención y satisfacción de sus necesidades.

Empero, escapa a nuestro cometido analizar la controversia surgida "a posteriori" de sus respectivos dictados, pues los valores en ellas consagrados fueron sistemáticamente violados por los sistemas políticos emergentes. En el caso de los Estados Unidos, una república que sostuvo y fortaleció un régimen esclavista donde un grupo importante de personas no eran consideradas tales y sus consecuentes prácticas inhumanas. Para el caso francés, la sistemática y sangrienta represión revolucionaria llevada a cabo. No obstante, las tomamos y nos quedamos con la significancia de documentos fundamentales en la historia de los derechos humanos.

"(….). Artículo 1.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común….Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. (….). Artículo 12.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada." (Declaración francesa, 1789)

Del contenido de estos artículos, resulta el reconocimiento de la libertad e igualdad de derechos de los hombres, la finalidad del Estado que es justamente la conservación de tales derechos (naturales), la enumeración de los mismos y la necesidad de contar con una fuerza pública, que no es otra cosa que una institución policial garante de los derechos humanos de todos e independiente de cualquier fracción social y política.

El avance y reconocimiento de los derechos humanos incide en la transformación del Estado absolutista hacia el Estado constitucional y comienza a configurarse el Estado de derecho, en el cual el ejercicio del poder no es absoluto sino regulado y limitado por la ley, para asegurar el pleno goce y protección de los derechos de los habitantes.

Los avatares sufridos por el reconocimiento y protección de los derechos humanos van unidos a la aparición de los movimientos socialistas del siglo XIX y por supuesto las dramáticas guerras de 1914-1918 (1ª Guerra) y 1939-1945 (2ª Guerra).

Al término de la Primera Guerra, se crea la Sociedad de Naciones (SDN) por imperio del Tratado de Versalles (París, 1919). Los propósitos de la naciente organización fueron, entre otros: fomentar la cooperación entre las naciones, garantizar la paz y la seguridad mundial, sobre la base de no recurrir a conflictos armados y la resolución pacífica de las controversias.

La Sociedad no fue tan eficaz como se esperaba y absteniéndonos de analizar los motivos que llevaron a su fracaso y proceso de desintegración al inicio de la 2da. Guerra, cabe destacarse un antecedente que fuera lapidario para su futuro. En 1925, se afilia a la SDN, la Comisión Internacional de Prisiones (CIP, Londres, 1872) que en oportunidad de la reunión de Berlín de 1935, cambiara su nombre por Comisión Internacional Penal y Penitenciaria (ICPP). La fecha y el lugar de la misma, dio cabida a la asistencia de numerosos simpatizantes del nazismo, influyendo y presionando de tal manera en la Comisión, que convenientemente financiada, consintiera la publicación de las históricamente conocidas teorías satánicas sobre los orígenes raciales y biológicos del delito y su represión a través de medidas crueles y sanguinarias. Baste con citar uno de los temas sustantivos tratados en aquella oportunidad para conocer claramente lo indigno e innoble de su conducta:

"Las leyes de todos los países deben autorizar la práctica de la castración, a petición o con consentimiento del interesado. Igualmente se planteó la autorización de la esterilización por motivos sanitarios o eugenésicos.".

Creada la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al término de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de San Francisco durante 1945, sus propósitos y principios se encuentran establecidos en el documento internacional conocido como "La Carta de las Naciones Unidas".

Una de las medidas inmediatas de la naciente Organización fue la creación de la Comisión de Derechos Humanos, encomendándosele la redacción de una Carta Internacional de Derechos Humanos. La comisión consideró que la situación política mundial condicionaba en cierta medida la adopción de un tratado de derechos humanos que estableciera normas obligatorias de carácter legal. Empero consideraba favorable la formulación de una declaración de valor moral. De esta manera surge la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

Es el primer documento de derechos humanos promulgado por una organización internacional universal. Por su "status" moral y su importancia legal y política, la Declaración se convirtió a través de los años, en punto referencial y bandera representativa de la lucha de los seres humanos por su libertad y dignidad.

En sus Artículos 1° y 28°, se proclama:

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…)"

"Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos".

La Declaración consta de 30 artículos de los cuales 28 enumeran derechos, el artículo 29º se refiere a los deberes y finalmente el artículo 30º, reasegura la protección de su plena vigencia y por ende, el respeto y pleno goce de derechos.

La Declaración no es un tratado y el camino para lograrlo demandó casi dos décadas, cuando en diciembre de 1966 se aprobaron y quedaron abiertos a la firma, ratificación y adhesión, los Pactos Internacionales  de derechos económicos, sociales y culturales, y de derechos civiles y políticos (que emanan de la propia Declaración). Pero aun así, transcurrió una década más para que fueran ratificados y entraran en vigencia en 1976 (de derechos económicos, sociales y culturales, a partir del 3 de enero, y de derechos civiles y políticos, a partir del 23 de marzo) con el voto de 35 países miembros de la ONU.

Por su "status" de tratados, los pactos crean obligaciones convencionales para los Estados, de manera tal que el cumplimiento y goce de todos y cada uno de los derechos que garantizan son asuntos de carácter internacional y están, por lo tanto, fuera del dominio exclusivo de cada país (derechos supranacionales).

Durante la década de los años setenta, el jurista Karel Vasak del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Francia, propuso una división de los derechos humanos en tres generaciones. De esta manera, los derechos civiles y políticos se los reconocen como aquellos derechos humanos referidos a la libertad y a la participación política de las personas, protegiéndolas de posibles excesos por parte del Estado, denominándolos de Primera Generación (Ej.: derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, a no ser objeto de arresto, detención o exilio arbitrario, al debido proceso judicial, etc.).

Los derechos económicos, sociales y culturales se los reconocen como los derechos humanos referidos a la igualdad de los seres humanos, demandando al Estado una gestión de bienestar general e igualdad de oportunidades para todos y se los denomina de Segunda Generación (Ej.: derecho a la seguridad social, al trabajo, a igual salario por igual trabajo, a la protección contra el desempleo y a una remuneración justa y favorable, al descanso y reposo, a un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar personal y el de su familia, a la educación, etc.).

La Tercera Generación de Derechos Humanos, representa aquellos derechos surgidos mediante acuerdos en respuesta a demandas de la comunidad internacional y se refieren a la solidaridad y la fraternidad entre las personas (derecho a un medio ambiente decente, derecho al agua pura, derecho al aire puro, el derecho a la paz, al desarrollo, a la comunicación, al patrimonio de la humanidad).

Es dable destacar que Vasak, nacido en la ex-Checoslovaquia (actual República Checa) y naturalizado francés, era un admirador incondicional de la República Francesa, de su historia y de los valores que ella representaba, de manera tal que la división en tres generaciones es un homenaje a su lema tradicional y oficial: "Libertad (1ra. G), Igualdad (2da. G) y Fraternidad (3ra. G)".

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre es anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y con la cual tiene mucho en común, fue proclamada en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá durante 1948, oportunidad en que fuera creada e inaugurada oficialmente la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Declaración contiene una lista de 27 derechos y 10 deberes, comprendiendo tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. De esta manera encontramos el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la igualdad ante la ley, a la protección de la honra, la reputación y a la vida privada y familiar, como deberes hacia la sociedad, a la instrucción, al sufragio, a la obediencia a la ley, y de servir a la comunidad.

De la Declaración a la Convención Americana de Derechos Humanos, transcurrieron más de veinte años, siendo proclamada el 22 de noviembre de 1969 y entrada en vigor el 18 de julio de 1978, siendo conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.

"(…) Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional (…)." (Convención americana-Preámbulo)

Posteriormente, en San Salvador, durante 1988 se proclama el Primer protocolo anexo al Pacto de San José, sobre derechos económicos, sociales y culturales.

Es importante señalar que si bien la obligatoriedad de respeto y garantía de los derechos civiles y políticos son exigibles a los Estados partes de manera inmediata, con relación a los económicos, sociales y culturales, establece el compromiso de adoptar providencias, medidas, para lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos (Art. 26º de la Convención Americana y Art. 1º Protocolo de San Salvador).

Por lo anterior, queda establecido que los derechos humanos son inherentes a la persona humana, es decir que por la sola condición de serlo, es titular de derechos llevándolos consigo más allá de las nacionalidades como del lugar donde se encuentre.

Consecuentemente, son inviolables, universales, transnacionales, irreversibles y progresivos, con lo cual, conllevan a la obligatoriedad del Estado de respetarlos y garantizarlos.

"(….) 36. (….) La Conferencia Mundial respaldó decididamente el concepto de unidad y universalidad de los derechos humanos, declarando que "Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso". (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 1993)

El ejercicio del poder por parte del Estado debe orientarse a la defensa de los derechos de las personas pues es inadmisible un pretendido ejercicio lícito que opere en contra de ellos. Su titularidad les corresponde a todas las personas con independencia de regímenes políticos, sociales o culturales, nacionalidad o lugar de residencia pues son superiores al Estado.

Los derechos reconocidos no pueden en el futuro desconocerse o suprimirse su garantía y protección por decisión oficial. De igual manera, su actual reconocimiento y protección no implica la negación de otros que surjan como inherencia a la persona humana.

La Declaración de Viena, exhorta a la comunidad internacional y consecuentemente a los Estados, al tratamiento de los derechos humanos de manera global e integral, sin establecer cuestiones de prioridades de unos sobre otros.

Es de suma importancia que los agentes policiales estén debidamente compenetrados con la historia de los derechos humanos como de los sistemas de garantía y protección. Más aún, estar absolutamente convencidos sobre su labor cotidiana de garantía y protección inmediata de los derechos de los habitantes como fin último de su condición de tales.

En atención a lo visto precedentemente, sólo la Humanidad toda puede arrogarse un papel hegemónico en la consideración, reconocimiento y sistemas de garantías y protección de los derechos humanos. Su protagonista principal y gestor de la historia, es el ser humano en comunidad, de manera tal que ninguna persona, grupo de personas, civilización o cultura, unilateralmente, puede esgrimir su patrimonio.

No obstante ello, resulta evidente que todo lo avanzado hasta el presente, debe fortalecerse en áreas concretas y con métodos de ejecución más eficaces pues tal y como se presenta la realidad planetaria, hay naciones y culturas que no existen a la luz de los derechos humanos por la particular interpretación que de los mismos hacen las potencias dominantes.

"¿Cómo es posible que perdure la opresión del hombre contra el hombre, que la arrogancia del más fuerte continúe humillando al más débil, arrinconándolo en los márgenes más miserables de nuestro mundo?" (Papa Francisco, mensaje de fin de año 2015)

Violación de derechos humanos.

Vamos a considerar dos aspectos dentro de la doctrina interamericana. Las conductas de los agentes del Estado, en nuestro caso los funcionarios policiales y de los particulares sujetos a su jurisdicción.

Para ello comenzaremos transcribiendo algunos párrafos de interés del libro "Derechos humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales" (IIDH, 2011).

Por parte de agentes policiales.

""Violación de derechos humanos por conductas de los agentes del Estado….En este caso, el Estado será responsable por las acciones u omisiones de sus agentes al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia…..Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que: "La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios. Es suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste.""

El Estado es responsable por la acción u omisión funcional de sus agentes policiales que derive en la violación de derechos consagrados en la Convención Americana. Si bien a los fines de la Comisión Interamericana sólo exige como suficiente que exista una obligación incumplida, toda violación de derechos en ella consagrados por parte de agentes policiales, se encuentra tipificada y sancionada en el ordenamiento jurídico interno con el agravante de su condición de tales.

"1. La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos dimana de:….a) Los tratados en los que un Estado sea parte; b) El derecho internacional consuetudinario; c) El derecho interno de cada Estado. (….). 23. Las garantías de no repetición han de incluir, según proceda, la totalidad o parte de las medidas siguientes, que también contribuirán a la prevención:….a) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; b) La garantía de que todos los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; c) El fortalecimiento de la independencia del poder judicial; d) La protección de los profesionales del derecho, la salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los defensores de los derechos humanos; e) La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; f) La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del personal de empresas comerciales; g) La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales; h) La revisión y reforma de las leyes que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho humanitario o las permitan. (….)." (Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, ONU, 2005)

Como ejemplo, si un agente de policía da muerte a una persona, el Estado será internacionalmente responsable de la violación del derecho humano a la vida por parte de su agente. Representa una acción suficiente de incumplimiento a una obligación del Estado. Empero, el propio agente, será penalmente responsable del delito tipificado y sancionado como homicidio agradado por su condición (genéricamente hablando), en el ordenamiento legal interno.

Por parte de particulares.

""Responsabilidad del Estado por conductas de particulares. La responsabilidad del Estado surge aquí de su deber de garantizar el respeto de los derechos humanos….Este punto tiene directa relación con el ejercicio de las funciones policiales, y se vincula a la obligación positiva de "adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales", lo que implica el cumplimiento por parte del Estado de las siguientes obligaciones: 1. Prevenir: "adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos humanos vinculados a la seguridad ciudadana". Estas medidas deben ser de carácter jurídico, político, administrativo y cultural y promover la salvaguarda de esos derechos. 2. Investigar: "cuando la violación de derechos humanos se ha producido. Esto debe realizarse mediante una "investigación seria, imparcial y efectiva, por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y el enjuiciamiento y eventual castigo de los autores. (….)".""

Está claro que el Estado es responsable de garantizar el pleno goce y protección de los derechos humanos de todos los habitantes, siendo la agencia estatal policial una de las encargadas -y de ejercicio inmediato- de su cumplimiento. El texto refiere -aunque expresamente no lo dice- al accionar de la delincuencia, a su debido y adecuado tratamiento por parte del Estado en cuanto a prevenir la vulneración de derechos humanos -que sí lo expresa- e investigar exhaustivamente para lograr su esclarecimiento, el enjuiciamiento y el eventual castigo a sus autores.

"2. Recomienda que los Estados tengan en cuenta los Principios y directrices básicos, promuevan el respeto de los mismos y los señalen a la atención de los miembros de los órganos ejecutivos de gobierno, en particular los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas militares y de seguridad, los órganos legislativos, el poder judicial, las víctimas y sus representantes, los defensores y abogados de derechos humanos, los medios de comunicación y el público en general; (….)". (Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, ONU, 2005)

Como ejemplo, si una persona diera muerte a otra, sería penalmente responsable (genéricamente hablando) del delito tipificado y sancionado como homicidio en el ordenamiento legal interno,  y el Estado estaría eximido de responsabilidad internacional, en tanto y en cuanto, tenga vigente y en funcionamiento al momento del hecho, todos los recaudos legales y estructuras de carácter político, jurídico y administrativo, para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones interindividuales.

En ambos ejemplos, sea su autor, un particular o un agente de policía, estamos hablando de la violación del derecho humano a la vida y en ambos casos son penalmente responsables por transgredir el derecho penal interno, lo que varía es el carácter de la responsabilidad del Estado en el marco del derecho internacional, ante el incumplimiento de sus obligaciones, sea por acción u omisión, o por su deber de garantizar. Si el caso no obtiene el debido tratamiento y menos aún resuelto dentro de la administración de justicia interna, queda habilitada la vía supranacional.

Por lo expuesto, no se comparte una doctrina que sostenga, difunda o pretenda enseñar, que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los agentes de policía.

La vulneración de la dignidad humana y los derechos humanos de las personas ha sido igualmente tratada por las Naciones Unidas en diferentes documentos vinculándola con el accionar de la delincuencia y por ende, la responsabilidad personal de quienes se ubican en conflicto con la ley penal. Valga citar entre otros, la Declaración de Caracas de 1980, el Plan de acción de Milán de 1985 y la Declaración de Valencia de 1998.

"(….). Considerando que el fenómeno delictivo en su interacción social lesiona el desarrollo integral de las naciones, ataca el bienestar espiritual y material de los pueblos, compromete la dignidad humana y crea un clima de temor y violencia que pone en peligro la seguridad personal y deteriora la calidad de la vida, (….)"  (Caracas, 1980)

"(….). La delincuencia es un importante problema de dimensiones nacionales y en algunos casos, internacionales. Ciertas formas de delincuencia pueden obstaculizar el progreso político, económico, social y cultural de los pueblos y amenazar los derechos humanos, las libertades fundamentales y la paz, la estabilidad y la seguridad. (….)." (Milán, 1985)

Resulta claro y de significativa importancia el contenido de los documentos de Caracas y de Milán, en mencionar a la comisión del delito (y por ende, a la persona de su autor) como amenaza a la dignidad humana y la violación a los derechos humanos.

En el año 1998, cincuentenario de la Declaración universal de derechos humanos se reunieron en la ciudad de Valencia-España un grupo de expertos bajo los auspicios de la UNESCO y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, proclamándose la "Declaración universal de responsabilidades y deberes humanos" también conocida como la Declaración de Valencia. En su introducción, rubricada por el presidente del grupo encargado de la misma, Richard J. Goldstone, se consignó:

"(….). No obstante los específicos asuntos escogidos por el Grupo de Alto Nivel, los participantes reconocieron que hay y continúa habiendo responsabilidades personales de los miembros individuales de la comunidad global que trascienden y complementan al ámbito de nuestro esfuerzo. Como miembros individuales de la comunidad global tienen derecho a la totalidad de los derechos humanos, pero también deben a la comunidad ciertas responsabilidades morales. Ellos toman parte para hacer más universal el disfrute de los derechos humanos. La última decisión para la acción moral es de los individuos. (….)"

Por su parte, la Constitución de la República de Ecuador (2008) en su artículo 83º, inciso 5º señala:

"Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (….) Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento".

Está claro entonces, retomando el ejemplo de líneas anteriores, que todo ser humano tiene derecho a la vida pero también el deber de no quitarla y así, de manera concordante con los demás derechos humanos.

"(….) acá hay gente para quien la violación a los derechos humanos es la tortura, desaparición de personas, cárceles. Sí, esa es la violación del primer derecho, el derecho a la vida. Yo soy un sobreviviente de eso, pero los derechos humanos no se agotan ahí. La mortandad infantil, ¿qué es? Que se nos mueran 25 niños de hambre por día en la Argentina es violación a los derechos humanos." (Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, entrevista Revista La Pulseada-Argentina, nº 79, mayo 2010)

El aumento global de la pobreza, la discriminación, la exclusión y la marginación social en que viven millones de personas, nos hace comprender el condicionamiento que tienen los derechos humanos para su pleno goce.

"Yo le señalé que los derechos humanos son integrales. Y que no hay que limitar a los asesinatos de la dictadura, sino también a la pobreza, el ambiente y la vida del pueblo", explicó." (Adolfo Pérez Esquivel, diario Clarín-Argentina, 22-3-13)

Cuando hablamos de violación a los derechos humanos no lo acotamos a muertes, desapariciones y torturas, sino también a la pobreza e indigencia, al hambre, a la mortandad infantil, desigualdades sociales y a las condiciones infrahumanas en que viven millones de personas.

Este deterioro social de la población a causa de la violación continuada de sus derechos frente a un Estado responsable de su salvaguarda y protección, genera escenarios de protesta social, de violencia reprimida y caldo de cultivo de la delincuencia.

Un sistema social injusto, determina a las personas pobres una realidad de plena frustración que puede convertirse y exteriorizarse en agresividad, y en no pocas situaciones manifestarse como furia colectiva y delito.

Aun así, descartamos de plano considerar la pobreza como factor criminógeno, pero las situaciones descriptas en el párrafo anterior generan un estado proclive hacia el escape violento y delictual, en tanto y en cuanto, el Estado no asuma su rol de tal o no funcione a la altura de las circunstancias.

Si analizáramos los porcentajes de pobreza e indigencia en nuestra Región en relación a la delincuencia, se llegaría a la conclusión que existe un estado y voluntad de decencia en los pobres. En correlato con lo dicho, un informe producido por las autoridades de salud de un país de nuestra Región nos demuestra (1988) que sobre una población cercana a los 8.000.000 habitantes, poco más del 44 % se encontraba en situación de necesidades básicas insatisfechas (NBI), sin embargo, sólo un porcentaje mínimo de personas se encontraban en conflicto con la ley penal.

Lo dicho nos permite el tratamiento de ciertos aspectos que se relacionan con la delincuencia y la estructura social de una comunidad y, con los cuales, la policía por sí sola, obtendrá un resultado condicionado al fracaso más que al éxito. La marginalidad es uno de ellos, que entendemos no es privativa de determinado nivel socioeconómico, sino de una situación de naturaleza y medio, sea miseria, riqueza, codicia o ambición, promiscuidad, poder político o económico, etc. También, el poder económico que representa un factor preponderante para el desarrollo de una comunidad y la realización personal de sus miembros, pero mal ejercido o descontrolado, será determinante para la marginalidad de ciertos grupos sociales con riesgos probables de provocar conductas violentas y antijurídicas, lo cual nos lleva a la delincuencia.

El aumento o disminución del delito es variable de la adecuada organización y planificación integral de la estructura social, de manera tal que afrontar las situaciones de marginalidad, será un trabajo interdisciplinario y multisectorial que comprometa a toda la comunidad: familia, escuela, entidades intermedias, justicia, policía, etc., siendo el Estado su protagonista principal para lograr el éxito.

En una realidad donde las cosas no están resueltas o están deterioradas en términos sociales, la policía debe cumplir su misión a sabiendas de estar respetando y protegiendo ciertos derechos humanos de quienes previa y sistemáticamente les fueran transgredidos otros.

Es una paradoja que amerita del Estado su pronta reversión, reformulando sus políticas y estrategias de abordaje para la restitución de derechos, porque los miembros de la comunidad,  a la sazón, sujetos de tales derechos, no merecen estar protegidos con la sola respuesta policial.

Ética policial.

Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Comenzaremos a estudiar el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues es un código de ética profesional, que establece un conjunto de obligaciones, deberes y prohibiciones cuyo fin último es el “bien”, es decir, hacer lo correcto respetando los valores que se corresponden con una profesión. Cuando hablamos de profesión, en sentido amplio, lo hacemos de toda una actividad personal, vocacional y consuetudinaria al servicio de las personas. No necesariamente comprende profesiones surgidas de carreras de educación superior, sino alcanza a todos los oficios que importen trabajos remunerados en beneficio propio, desarrollados digna y honradamente.     

Nuestro Código, es un importante documento de derechos humanos porque fue concebido como tal y basándose en otros documentos de derechos humanos que veremos más adelante. Además, se encuentra incorporado en la legislación policial de la provincia de Buenos Aires con la mención que su incumplimiento es falta grave de competencia originaria de la Auditoria General de Asuntos Internos. No es de carácter coercitivo, ya que no impone castigos legales. En todo caso ayuda a la justa aplicación de las normas legales en un Estado de derecho, sea en la faz judicial como administrativa, pero en sí mismo, no es punitivo desde el punto de vista jurídico, sino que promueve una autorregulación.

La necesidad e interés de regular a través de textos las acciones de las personas, determinándoles en ellos, lo que está bien o mal y en cuyo caso, las responsabilidades que deban asumir, se pierde en la historia de la humanidad.

En todas las sociedades vamos a encontrar expresiones de precisión y prohibición que definen su moral social.

Nuestro Código, es una de las tantas respuestas que aparecen en la historia universal.

Como parte de la labor de la ONU, se resolvió que las cuestiones relacionadas con la prevención del delito y el tratamiento de la delincuencia, eran de interés de la Organización. Por ello, entre otras medidas, se resolvió la celebración de congresos mundiales cada 5 años, en lugares y fechas a determinarse sobre la base de la cooperación internacional para la resolución de problemas comunes.

El primer congreso se celebró en 1955, en Ginebra-Suiza, oportunidad en que nuestro país tuvo una excelente representación, dos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, los Inspectores Generales Roberto Pettinato y Juan Carlos García Basalo. Se desarrollaron temas relacionados con el tratamiento de los reclusos y la delincuencia juvenil.

De esta manera y hasta el año 2015 se llevan celebrados trece congresos internacionales en los cuales se han debatido una diversidad de temas relacionados con la delincuencia local y transnacional, la situación penitenciaria, sobre la niñez y la adolescencia como de las instituciones que componen el sistema de justicia penal, entre ellas, la policía.

El origen del código de conducta, responde a la iniciativa de funcionarios policiales concurrentes a los Congresos de Prevención del Delito de las Naciones Unidas (IV Congreso de Japón), canalizada por la Interpol para que la ONU dicte un Código Internacional de Ética para la Policía con el propósito fundamental de establecer fehacientemente cuales son las obligaciones, deberes, derechos y prohibiciones del personal encargado de hacer cumplir la ley de manera tal de llevar adelante su función ajustada a derecho, de manera descansada y sin presiones institucionales adversas.

Consecuentemente con ello, en el V Congreso de 1975, en Ginebra-Suiza, se trataron las “Nuevas funciones de la policía y otros organismos de aplicación de la ley, con especial referencia a las cambiantes expectativas y a niveles mínimos de ejecución”. El documento detalla entre otras cuestiones tres sistemas policiales. El anglosajón, el francés y el soviético. Concluye con la presentación de tres anteproyectos de código de ética para consideración del Congreso. Si bien es un documento de importantísimo valor, resulta incompleto al no considerar, por ejemplo, el sistema español y los originarios existentes en la actual América Latina y el Caribe antes de la invasión de 1492.

El Congreso de Ginebra no resolvió su aprobación sino que solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas la conformación de un comité de expertos para estudiar la cuestión del código internacional de ética policial. El resultado de la labor de este comité es el actual código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado mediante Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dictada en su 106ª Sesión plenaria del 17 de diciembre de 1979.

Se mencionó que si bien el Código de Conducta alcanza a todos los funcionarios por igual, la institución es la que debe dar cabida a que sus funcionarios apliquen de manera estricta el Código pues de lo contrario podría caer en una mera expresión de deseos.

Es importante también tener presente que en los tiempos de su dictado, existía en el Mundo un nivel de conflictividad alarmante, habida cuenta de la bipolaridad surgida tras la finalización de la 2da. Guerra Mundial denominada “Guerra Fría”, sumado a guerras focalizadas en varios países de distintos continentes y gobiernos surgidos de golpes militares que hicieran del Código de Conducta, un documento oculto.

Su incorporación al derecho positivo argentino se efectiviza en la Ley de Seguridad Interior 24.059/91. La policía de la Provincia de Buenos Aires en 2002 lo publica en su Orden del Día para consideración de sus integrantes y se halla incorporado en su actual legislación (ver Leyes 13.482/06 y 13.982/09).

En sus considerandos, la Asamblea General de las Naciones Unidas se basó en los siguientes documentos internacionales:

•      Carta de las Naciones Unidas (1945);

•      Declaración Universal de Derechos Humanos (1948);

•      Pactos Internacionales de Derechos Humanos (1966, Pacto internacional de Derechos civiles y políticos y, Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y culturales);

•      Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1975).

Se da lectura y análisis al artículo 1º explicándose sus comentarios, haciéndose hincapié en: 1. a quienes corresponde la denominación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 2. Al bloque de legalidad que deben respetar y hacer cumplir y 3. Al servicio a la comunidad. En este último aspecto se dio lectura y análisis al correspondiente contenido:

“c) En el servicio a la comunidad se procura incluir especialmente la prestación de servicios de asistencia a los miembros de la comunidad que, por razones personales, económicas, sociales o emergencias de otra índole, necesitan ayuda inmediata.”

Consecuentemente, toda norma legal interna que se dicte para reglamentar el servicio a la comunidad no podrá alterar el contenido de la Ley Provincial 13.982/09 (Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en su artículo 1º comentario “c”).

El artículo 2º de nuestro Código de Conducta, exhorta a la promoción, respeto y protección de la dignidad humana y los derechos humanos, sin ninguna clase de distinción, consagrados a nivel nacional e internacional, y enumerando en su comentario, los instrumentos internacionales correspondientes.

Como ya expresáramos, las personas siempre tuvimos dignidad y derechos humanas, el tema de estudio entonces es desde cuando los regímenes de turno los respetaran y protegieran. Al decir de la ley, estamos hablando del Bloque de legalidad.

En cuando al artículo 3º, si bien no prohíbe el empleo de la fuerza, exhorta a considerarla en situaciones extremas, adecuando la acción de los agentes policiales, a los principios de necesidad, razonabilidad y gradualidad, de manera tal que sea la estrictamente necesaria, acorde a la situación producida y con proporcionalidad a aquello que se pretenda lograr. El empleo de la fuerza y las armas de fuego deben desarrollarse en el marco del respeto a los derechos humanos. Su contenido sirvió de antecedente para el dictado de los "Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hace cumplir la ley", que veremos más adelante. Algunos conceptos de su texto se encuentran incorporados en ordenamientos jurídicos policiales.

En nuestra ley orgánica, es de aplicación el artículo 9º, donde se mencionan los principios de razonabilidad y gradualidad en los procedimientos policiales. Algunos principios básicos (9º y 10º) se encuentran en el artículo 13º incisos “f, g, e i”.

El artículo 4º refiere sobre el secreto profesional. Pese a la claridad de tu texto, cabe señalarse que no solamente aspectos relacionados a la vida privada de las personas o redundar en perjuicio de los intereses, especialmente la reputación, sino la posibilidad de ser factor de corrupción por parte de los agentes policiales. El artículo no es absoluto en su cometido sino que admite la excepcionalidad, sea por el cumplimiento del deber o a requerimiento de la justicia.

El artículo 5º habla del deber de los funcionarios policiales de cumplir la ley y proteger a las personas contra actos de torturas, tratos o penas crueles, in-humanos o degradantes. Es un artículo de alcance absoluto, no admite excepciones, lo cual es lógico pues so pretexto de cumplir la ley no se la puede violar.

El artículo 6º se refiere a nuestras obligaciones para con la salud de las personas que se encuentran bajo nuestra custodia. Es de carácter absoluto por no existe justificación alguna para su incumplimiento.

En todos los casos se ha ejemplificado el contenido de los artículos, atendiéndose los emergentes grupales.

El artículo 7º exhorta al estricto cumplimiento de la Ley desestimando todo acto de corrupción, extensivo al abuso del poder como a toda figura transgresora del ordenamiento jurídico. En el caso de los policías, la comisión delictual queda agravada por su condición de tales.

El alcance de los contenidos del Art. 8º amerita ampliar el comentario. El artículo se divide en dos párrafos. El primero exhorta una vez más al respeto a la ley y al presente Código, con un accionar preventivo que impida su violación y en caso de haberse sucedido, oponerse y combatir el acto delictual. El segundo, establece para los funcionarios, un orden de prelación de medidas legítimas con el propósito de impedir y oponerse a la violación de la ley. Este orden pretende que los funcionarios cumplan con la ley, sin vulnerar la disciplina interna de la institución a la cual pertenecen ni el secreto profesional, comenzando con la comunicación a sus superiores, promover la intervención de los organismos de asuntos internos de la institución a la cual pertenece, la intervención de la justicia e incluye a los medios masivos de comunicación social. En este contexto, será el funcionario encargado de hacer cumplir la ley quien evalúe discrecionalmente el empleo del medio de denuncia más eficaz y que concilie sus obligaciones funcionales con la disciplina interna de la institución a la cual pertenece como de su seguridad personal y la de sus afectos inmediatos.

En los comentarios se menciona además que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, merecen el respeto, el apoyo y la protección de la agencia a la cual pertenecen y de la comunidad en general, situación que debe estar debidamente garantizada e instrumentada por el Estado.

Ahora bien, para el correcto y eficaz cumplimiento de las normas y principios establecidos por nuestro Código de Conducta, los organismos de aplicación de la ley deben ser receptivos a su aplicación, contando en su estructura organizativa y funcional con un sistema eficaz que garantice a sus funcionarios, el respaldo y la protección institucional necesarios para prevenir y coaccionar ante cualquier acto de violación a la ley y al Código de Conducta.

Cuando hablamos de un sistema eficaz, lo hacemos en función de ciertos mecanismos y normas de funcionamiento, arraigados en el cuerpo axiológico que guía a la institución de aplicación de la ley y que permitan a sus funcionarios, el correcto y eficaz desempeño de sus funciones en los términos del Código de Conducta, con profesionalismo, de manera ordenada y adecuada.

Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los Principios básicos representan un cuerpo normativo orientado a garantizar y proteger los derechos humanos de las personas involucradas en actividades de aplicación de la ley. Esto adquiere significativa importancia pues exhorta a los gobiernos, no solamente para asegurar un desempeño laboral ético y lícito de sus agentes policiales, sino también, respetando y tutelando sus condiciones laborales.

Nos remitimos a los comentarios preliminares, oportunamente producidos en el tratamiento del Código de conducta pues ambos instrumentos comparten el mismo ideario:

- El cumplimiento de los deberes que impone la ley;

- El respeto y la protección de la dignidad humana y;

- El mantenimiento y defensa de los derechos        humanos.

De sus prolegómenos.

Es un instrumento de derechos humanos porque fue dictado como tal. La Resolución del VIII Congreso de La Habana, que aprueba los Principios, menciona en sus considerandos, los siguientes documentos internacionales, en los cuales se basó su dictado:

- Párrafo 3º: Declaración Universal de Derechos Humanos (1948);

- Párrafo 3º: Pacto internacional de derechos         civiles y políticos         (1966);

- Párrafo 4º: Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos      (1957);

- Párrafo 5º: Código de conducta para los funcionarios encargados de      hacer cumplir la ley (artículo 3º, 1979);

- Párrafo 6º: Informe de la Reunión interregional de expertos para el       VII Congreso de Milán         (1984);

- Párrafo 7º: Resolución nº 14 del VII del Congreso de Milán (1985).

Transcribiremos algunas partes de interés para su posterior análisis:

""El Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, (…); 9. Pide al Secretario General que: (…) b) Incluya los Principios básicos en el próximo número de la publicación de las Naciones Unidas titulada Derechos Humanos: Recopilación de instrumentos internacionales; (…) ANEXO (…) "Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios,…Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad,…Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (…) Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad personal, atender al papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la administración de justicia y la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social, y a la importancia de sus calificaciones, capacitación y conducta,…Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para asistir a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas como jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público en general. (…) Disposiciones generales. (…) 2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo auto-protector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo. (…) 4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto. 5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; c) Procederán de modo que se presten la antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas; (….). Disposiciones especiales…9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida…10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. (…) Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas…18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico. (…) 20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos."" (Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990)

Los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, determina una gradualidad en la actuación de los agentes policiales.

En la generalidad los exhorta al empleo de medios alternativos para la solución pacífica de los conflictos, antes que la fuerza y las armas de fuego. Asimismo, a la utilización de métodos y armamentos que aseguren la integridad física de los intervinientes, con el propósito de evitar lesiones o muertes. Finalmente no prohíbe el uso de la fuerza y las armas de fuego pero la condiciona a situaciones extremas y cuando sea estrictamente necesario, en los términos señalados en sus Principios 9º y 10º.

En lo específico, establece una secuencia previa de actuación (Principio 10º) que responde a:

1. Identificación;

2. Advertencia y;

3. Tiempo.

Empero, este orden de prelación no es matemático sino subjetivo e inherente al sistema psíquico de los agentes, en cuyo caso, puede alterarse si se pusiera indebidamente en peligro sus vidas, o se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.

De la actitud del agente policial en situaciones límite, podríamos estar hablando de decisiones a tomar y acciones a realizar en segundos, durante los cuales, y en la medida de lo posible, adoptará una posición y aptitud absolutamente defensiva. En tal caso, el paso 2 de advertencia, podría subdividirse en dos secuencias, la primera con la advertencia de hacer cesar sus acciones, y la segunda con la advertencia de emplear su arma de fuego. El propósito, es generar tiempo para la reflexión, sin que ello provoque riesgo para su vida y la de terceros.

La palabra "salvo" en los principios 9º y 10º, habilita a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al empleo de la fuerza y las armas de fuego bajo determinadas circunstancias. Esto amerita un nivel de profesionalidad y constante actualización en el entrenamiento para su práctica profesional, acorde con el grado de responsabilidad que exige la misma.

Sin prejuicio de los reglamentos y protocolos referidos al empleo de la fuerza y las armas de fuego que los organismos de aplicación de la ley necesaria y obligatoriamente deben poseer permanentemente actualizados, el cumplimiento del deber los conmina a la posibilidad cierta y en oportunidades necesaria, de ejercitar su facultad discrecional por cuanto deberán tomar decisiones, virtud a mérito, oportunidad y conveniencia, para adoptar el procedimiento adecuado ante una situación dada.

En este contexto, la realidad ofrece tantas y diversas situaciones, que la lógica nos lleva a considerar que no todas estarán contempladas en los manuales internos de procedimiento y consecuentemente, nuestros funcionarios policiales deberán discernir y tomar decisiones correctas y a contrarreloj.

Consideremos las siguientes frases: "…en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves…" (Principio 9º) o "…con tiempo suficiente…" (Principio 10º). Los agentes policiales y solamente ellos, serán quienes deban evaluar "el peligro eminente" o el "tiempo suficiente" para poder actuar en consecuencia y conforme a derecho. Por esto, en su práctica profesional deben estar preparados, capacitados y permanentemente actualizados sobre aquellas situaciones que exijan procedimientos que no hayan sido reglados y exijan decisiones inmediatas. Son sucesos de enorme compromiso emocional y es el policía quien está ahí, solo, viviéndolos y resolviéndolos. No está ni el fiscal ni el juez.

La discrecionalidad no es sinónimo de "antojo" y menos aún de violación de derechos, sino un comportamiento que exige prudencia. No determina una zona gris incontrolada sino una respuesta profesional de decisiones honestas y acciones con fines lícitos, orientada a la aplicación de la ley como expresión más pura del respeto a los derechos humanos.

En una situación imponderable, nueva y no protocolizada, de las muchas que se les presentan a los agentes policiales a diario, el ejercicio de la facultad discrecional, representa una alternativa legítima para la aplicación de la ley.

El entrenamiento en defensa y tiro policial sin duda es muy importante, pues el agente policial no puede ser un aventurero en el manejo de las armas reglamentarias a su cargo, debe conocerlas y emplearlas de manera experta, pero también será de su pleno conocimiento que existen ámbitos muy acotados en que pueda utilizarlas. Para todo caso se aplicará el principio de gradualidad, adoptando una actitud defensiva, de negociación y de contención de las personas involucradas, en miras de resolver pacíficamente los conflictos por encima de poner a prueba sus capacidades o habilidades en el uso de armas.

Ante el contacto con personas en actitud agresiva o en inequívoco conflicto con la Ley, el barrio o la vía pública en general no es un frente de respuesta seguro como lo son los lugares de entrenamiento de tiro en las escuelas de formación y capacitación. La vía pública representa un lugar de incertidumbre para una respuesta armada por parte de los funcionarios policiales, quienes aun descontando su pericia, deben abstenerse en el manejo de armas. Un enfrentamiento armado está sujeto a variables que deben ser ponderadas en cada circunstancia. El andar de una persona, el paso de un vehículo, una trayectoria balística incontrolada por imperio de las características del lugar, hacen condicionar o desestimar el empleo del armamento sobre cualquier objetivo (fijo o móvil) o disparo de proyectil a la deriva (al aire) sea cual fuese su ángulo de trayectoria y menos aún a distancia.

Esto no implica una negación absoluta, pues la portación permanente del arma reglamentaria es un elemento de disuasión muy importante para el agente de policía y responde a la necesidad de defensa personal y social, aunque sean muy acotadas las situaciones en que pueda emplearla en la vía pública, salvo, en circunstancias diferentes a las señaladas en el párrafo anterior, en las cuales, por su ubicación y cercanía con el agresor resulte inequívoca una acción exenta de riesgos para terceros.

En este mismo sentido, se exhorta a que en todo procedimiento policial, se priorice la asistencia a las víctimas en la escena de los hechos, o donde fueran encontradas, basándose según el caso, en su atención y contención, como en la presunción de vida y no de muerte, antes que una persecución a delincuentes o enfrentamiento armado. Quedará entonces para la labor pericial, contemplar y descartar los rastros producidos por la intervención policial, en la escena de los hechos.

La extracción del arma reglamentaria en la vía pública, implica un nivel en la gradualidad del procedimiento policial de alta significación y consideración pues conlleva al agente policial a adoptar medidas adicionales para salvaguardar a las personas de las consecuencias que pueda aparejar su posible empleo.

Por ello, se exhorta a los funcionarios policiales a emplear medios alternativos de respuesta como el uso de las comunicaciones radioeléctricas con fines de refuerzo de personal y recursos logísticos sobre la base de un despliegue policial estático y dinámico preexistente, previo al empleo de sus armas de fuego.

Con lo dicho, resulta necesario abrir un paréntesis en nuestro tema para efectuar algunas determinaciones sobre otro de suma importancia, cuál es el uso de los vehículos patrulleros. Un vehículo patrullero, no es un bólido, su ámbito de responsabilidad y desplazamiento no es un pista de carreras, su respuesta operativa debe depender del despliegue predeterminado para cada zona o región, resultando inadmisible que so pretexto de la concurrencia a un requerimiento policial o el mero patrullaje de vigilancia, se exceda de velocidad o transgreda normas de tránsito o municipales. Un despliegue operativo adecuado, contempla una conveniente y necesaria cantidad de vehículos intercomunicados de manera radial que permita una respuesta cercana y rápida sin recurrir a extremos imprudentes que puedan poner en peligro a la población con el agravante de responsabilidad, de los propios agentes del Estado encargados de su protección.

Volviendo al tema anterior y para finalizar, al referirnos al arma reglamentaria, es la que debe proveer la institución policial, quedando prohibido el empleo de cualquier armamento ajeno a la misma. Puede que la agencia policial acepte el empleo de armas particulares, en cuyo caso deberá autorizarse previamente y su tramitación concluida.

De los procedimientos policiales.

Introducción.

El término "policial" no merece mayor aclaración pues lo aceptamos por su obviedad y relativo a la Policía. Entonces sigamos con "Procedimiento".

En este sentido, una vez más, nos atenemos al significado en que es empleado usualmente el vocablo y explicado de la manera que es admitido por todos. No obstante, recurrimos al diccionario de la RAE. Pero no basta solamente con conocer y entender su significado sino lo que implica desde el punto de vista jurídico, habida cuenta que está referido a una agencia con misión y funciones para la aplicación de la ley en el marco de la protección de los derechos humanos.

Procedimiento significa: "2. Método de ejecutar algunas cosas". Por su parte el significado de método: "1. Modo de decir o hacer con orden" o "2. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa".

Podríamos conformarnos con sólo amalgamar los vocablos y concluir que los procedimientos policiales implican el modo de obrar o proceder de los funcionarios de policía, pero no nos satisface plenamente.

La palabra método es de origen griego y su significado etimológico es "Camino para llegar a un fin". Pero en el pensamiento griego, ese camino no era cualquier camino, sino aquél más adecuado y seguro para alcanzar un fin previamente establecido y conocido, de manera ordenada y secuencial.

De esta manera alcanzamos nuestro cometido pues todo procedimiento policial debe responder a un método (el más adecuado y seguro), llevado a cabo por agentes policiales y cuyas acciones sean óptimas y ajustadas a derecho, pues su fin último, su razón jurídica es el respeto a la ley y no transgredirla.

Los procedimientos policiales, como toda la práctica policial en general, son inherentes a la aplicación de la ley, y por ende se corresponden con el deber de los agentes de prevenir el delito. Consecuentemente, están obligados a proceder en aras de la seguridad de las personas, que no es otra cosa que un derecho humano, consagrado histórica y universalmente.

Para ello, los funcionarios de policía, llevan a cabo diariamente, procedimientos de diferentes características e incidencia en el devenir de su comunidad, que deben estar acordes al espíritu de la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos pues así, se fortalece su plena vigencia y eficacia.

Esto obliga a la agencia policial, por un lado, a reglamentar convenientemente todas sus prácticas para la debida aplicación de la ley y, por otro, la exigencia de funcionarios policiales con alto grado de profesionalidad, capacitados y asistidos permanentemente, de manera tal que el resultado sea una consecuencia del estado de derecho.

De los procedimientos policiales.

La labor de toda agencia policial es esencialmente preventiva. Para ello dispondrá de un despliegue operativo situacional para proteger a las personas de la comisión de delitos, garantizando y asegurando el pleno goce de sus derechos fundamentales.

La necesidad de llevar a cabo procedimientos es consecuencia directa de sus obligaciones determinadas por la ley, para lo cual, sus agentes actuarán de manera razonable y prudente, evaluando cada situación que se les plantee para saber hasta dónde deben llegar, es decir, hasta donde les permite la ley llegar. Establecido esto, la medida a adoptar será proporcional al objetivo a cumplir y variable en su intensidad de menor a mayor, pues el cumplimiento de la ley no significa la búsqueda de un enemigo, ni lo habilita a salir a la calle de cacería o safari.

¿Cómo debe llevarse a cabo el ejercicio profesional?

La actividad de la policía debe ser fiel al ordenamiento jurídico, de manera tal que sus agentes tendrán pleno convencimiento que, legitimando sus procedimientos conforme a derecho, asegurarán el goce de los derechos humanos de los habitantes, dentro de los cuáles, están incluidos los propios.

En este contexto, el funcionario policial nunca deberá apartarse del concepto "nosotros", pues la aplicación de la ley es en beneficio de todas las personas, víctimas y victimarios, porque el eventual transgresor o presunto transgresor a la ley penal es un integrante más de la sociedad y no un enemigo extraterrestre. Su deber comprende evitar toda acción lesiva o letal, y solamente los límites impuestos para la protección de la vida, propia y de sus semejantes, darán motivo al uso de la fuerza y las armas de fuego.

De los principios fundamentales de actuación  policial.

Vamos a tratar los principios de igualdad, legalidad, defensa, excepcionalidad, racionabilidad, proporcionalidad y gradualidad.

La razón jurídica de estos principios, es mantener la actividad de la policía dentro del marco constitucional y de los tratados internacionales, lejos de toda conducta arbitraria y cumpliendo con su mandato legal de garante y protector de los derechos humanos de los habitantes. Su necesidad radica en la prevención, pues en no pocas ocasiones las acciones dirigidas a la aplicación de la ley deben llevarse a cabo en diferentes escenarios y circunstancias que pudieran derivarse en excesos, abusos o riesgos profesionales, siendo entonces y por medio de estos principios, resolver los problemas que se planteen conforme a derecho.

Por ello los agentes policiales deben tener pleno conocimiento de los mismos como resguardo de su práctica profesional, muchas veces conflictiva en la relación policía-habitante.

Igualdad.

La igualdad ante la ley es un principio consagrado en las constituciones nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Los agentes policiales no deben llevar a cabo una práctica discriminatoria ni otorgar privilegios a favor de determinadas personas o grupos, evitando acciones u omisiones por cuestiones de color, raza, credo, ideología o posición económica.

El principio de igualdad los guiará y comprometerá en su atención y protección a las personas, pues la aplicación de la ley no admite privilegios ni establece categorizaciones, sin perjuicio del posicionamiento y tratamiento procesal para el caso de la víctima o del victimario.

Legalidad.

Como institución de un estado de derecho, y en cumplimiento de su mandato legal, la actuación policial se presume legítima. Lejos se está de prejuzgar que la presencia de la policía, en pleno ejercicio de sus funciones determinadas por la ley, pueda constituir una situación antijurídica, haciendo peligrar la vigencia de las garantías constitucionales.

Como representante del Estado ante sus habitantes, su actividad queda ajustada a derecho, resultando inadmisible e injustificable algún beneficio en la ilegalidad de los actos desarrollados por sus agentes, que, so pretexto del cumplimiento de la ley, se transgreda el ordenamiento jurídico.

Toda actividad policial debe ajustarse al principio de legalidad. No hay excepciones a la ley en los procedimientos policiales pues de lo contrario, lejos de hacerla cumplir, siempre se la estaría violando.

El procedimiento policial debe ser la respuesta profesional necesaria y adecuada con que cuenta la ley para su propio cumplimiento. Al hablar de ley, estamos comprendiendo la totalidad de normas jurídicas que en su conjunto conforman el bloque de legalidad. Los agentes policiales deben obrar solamente si el ordenamiento jurídico expresamente los autoriza y no les prohíbe.

Defensa.

Las situaciones generadas a raíz de los procedimientos policiales no deben ser oscuras ni sospechosas ni de desprotección legal. Los agentes policiales deben garantizar en todo momento y circunstancia, el estado de inocencia y resguardar el principio de defensa de las personas involucradas.

Estas garantías constitucionales están presentes y vigentes en toda la vida comunitaria y no se suspenden por imperio de la actuación policial para reanudarse a partir de la intervención del órgano jurisdiccional competente.

Toda investigación llevada a cabo por la policía, ante la presunta o certeza comisión de un delito debe estar comunicada a la autoridad judicial. El estado de inocencia como el principio de defensa estarán siempre presentes, respetados y resguardados en toda operatoria policial, lo cual no condiciona ni entorpece su práctica sino que la facilita y asegura su legalidad.

En el contacto de la policía con los habitantes, ejerciendo las facultades otorgadas por la ley, no debe vulnerarse el estado de inocencia y provocar su indefensión.

"Artículo 14 (…) 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley…3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; (…) d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; (…) g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable." (Pacto internacional de derechos civiles y políticos)

"Artículo 8.  Garantías Judiciales (…) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; (…) g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, (…) 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza." (Convención Americana de Derechos Humanos)

Consecuentemente, los protocolos de actuación policial, en el marco del ordenamiento jurídico de cada país, determinaran medidas que aseguren que el estado de inocencia no se vea afectado y garanticen el derecho de defensa en juicio, en todas las circunstancias en que se proceda a la privación de la libertad de las personas y posterior interrogatorio, si correspondiere por imperio de ley.

En los casos en que el ordenamiento jurídico, bajo ciertos recaudos, autorice a la policía a interrogar a una persona bajo su custodia, los responsables del acto procesal deberán respetar los estándares constitucionales, asegurando que el mismo no se produzca bajo acciones ilegales.

De la jurisprudencia estadounidense, adoptada por países de nuestra Región, rescatamos las Reglas de Miranda y el Test de voluntariedad, cuya práctica se pone a consideración de los agentes policiales para un desempeño criterioso y ante la posibilidad de un vacío normativo en esta materia.

Reglas de Miranda y Test de voluntariedad.

En el caso Miranda vs. Arizona de 1966, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, señaló una serie de advertencias con el propósito fundamental de respetar las garantías constitucionales en toda situación donde la policía tenga bajo custodia a una persona.

En consecuencia, quedó establecida la lectura de sus  derechos para asegurar el debido proceso y su defensa en juicio: 1. guardar silencio; 2. todo lo que diga puede ser usado en su contra; 3. contar con un abogado presente durante el interrogatorio; 4. asesorarse con el abogado antes de hablar; 5. posibilidad de tener un abogado pagado por el Estado en caso de carecer de recurso.

En 1968, el Congreso Federal, sanciona el Artículo 3.501, estableciendo que la autoridad judicial, para la admisibilidad de una confesión del detenido ante la policía, debía tener en consideración todas las circunstancias inherentes a la misma, incluyendo: 1. el lapso transcurrido entre el arresto y la confesión prestada; 2. si el imputado conocía la naturaleza de la ofensa que se le atribuía al tiempo de prestar la confesión; 3. si acaso se le advirtió al imputado que no estaba obligado a declarar y si lo hace la declaración podría ser utilizada en su contra; 4. si antes del interrogatorio se le advirtió de su derecho a una asistencia letrada y; 5. si el imputado estaba o no con un defensor al momento de prestar la confesión.

Si bien el artículo está dirigido a los magistrados, nos señala los presupuestos que debe sortear la autoridad policial para legitimar ante los mismos su actuación prevencional.

Excepcionalidad.

También reconocido como principio de necesidad. En su artículo 3º y comentario a) del Código de Conducta, se refiere a este principio de la siguiente manera:

"Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas… Comentario: a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites".

Es decir, que el empleo de la fuerza sobre las personas por parte de los agentes policiales, es un recurso excepcional, fuera de lo común y ordinario, consecuente con situaciones en que fracasen medidas menos extremas. En tales casos, el principio de necesidad o excepcionalidad debe unirse al principio de intervención mínima, es decir, la adopción de medidas mínimas pero indispensables para lograr el cometido.

No solamente en oportunidades en que proceda el empleo de la fuerza y las armas de fuego se corresponde el principio de excepcionalidad, sino en toda circunstancia de contacto policía-habitante pues, hasta qué nivel, el interés común hace necesaria la intervención del Estado sobre el pleno ejercicio de los derechos individuales. En este sentido los agentes policiales deben describir la situación -y justificar- que por sus características surgió la necesidad de limitar los derechos de las personas.

Razonabilidad y proporcionalidad.

Se trata de dos principios que tienen su origen en el Derecho y de suma importancia en la teoría y práctica jurídica. Empero, su evolución los ha convertido en criterios de aplicación por parte de la agencia policial para la garantía de los derechos fundamentales.

"El principio de proporcionalidad tiene su origen en el Derecho europeo continental, donde, a partir del siglo XVIII, se utiliza para juzgar la actividad del poder ejecutivo, sobre todo de la policía. El principio prohíbe el exceso en la actuación pública respecto de su fin, y así, como prohibición de exceso (Ubermassverbot), lo recoge el Derecho alemán….El principio de proporcionalidad alemán también ha evolucionado. De ser un límite al poder ejecutivo, pasa a ser un criterio que debe informar la actuación de los poderes públicos, como garantía del respeto al contenido esencial los derechos fundamentales. Así, el criterio de la proporcionalidad, originalmente referido a la prohibición de exceso en la actuación de la administración, llega a identificarse con la exigencia de “reasonableness” de la jurisprudencia anglosajona. La razón de ser de ambos principios vendría a ser la misma: la protección de las libertades fundamentales. Esta aproximación entre los dos principios permitiría utilizarlos más o menos indistintamente; ambos suelen entenderse como prohibiciones de la arbitrariedad o garantías de la razonabilidad en las decisiones del poder público." (Pereira Sáez, 2004)

Si la razón de estos principios es la protección de las garantías fundamentales ante posibles arbitrariedades del poder público, su alcance a las actividades de la fuerza policial es consecuente con su finalidad.

El diccionario de la RAE define razonable como: "1. Adecuado, conforme a razón"; "2. Proporcionado o no exagerado". Para nuestro cometido indistintamente valen las dos acepciones, pues cualifican el comportamiento de los agentes policiales en oportunidad de sus procedimientos.

La aplicación de la ley exige de funcionarios que procedan de manera razonable, prudente y con sentido común, de conformidad al ordenamiento jurídico. Su relación y contacto cotidiano policía-habitante puede suscitar posibilidades de abusos, excesos o actos discriminatorios.

En el marco de su mandato legal, debe estudiarse cada situación en particular y actuar coherentemente para evitar males mayores que el pretendido a contrarrestar.

"La razonabilidad supone un juicio de proporcionalidad, de adecuación de necesidad de la medida y de la proporción de la medida que se va a dictar." (Landa, 2008)

El agente policial debe conducirse siempre como un gestor social pues su permanente contacto con la realidad le atribuye representación suficiente para comprender que bajo determinadas condiciones de diversa índole, la aplicación de la ley puede llevar a injusticias, desamparos, violencia y otros supuestos de impredecibles consecuencias que hace necesaria flexibilizar su actuación y adaptarla a cada circunstancia.

Esto no ha de interpretarse como un acto de deliberación ni desviación que menoscabe el orden, la disciplina y la subordinación, muy por el contrario pues, su condición de profesional le permite diagnosticar, revisar y consultar acerca de adoptar el debido procedimiento frente a las personas, ante la ley y ante la autoridad judicial competente. Para ello, se le exige buena adaptación ante los cambios y situaciones nuevas e inesperadas, autodisciplina y razonamiento lógico y crítico anterior a sus actos, lo cual descalifica a quienes manifiesten tendencias impulsivas, agresivas y psicópatas.

La interpretación que debemos darle al vocablo prudencia dentro del contexto de procedimiento policial, exige que los agentes policiales adecuen su accionar, a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y gradualidad para una respuesta profesional moderada, cauta, sensata y de buen juicio.

Toda persona que se encuentre involucrada en un procedimiento policial (víctima o victimario) no pierde su condición de tal y sigue siendo sujeto de derecho aunque en ciertos casos se le restrinjan algunos. Por ello, el método empleado por la policía para el cumplimiento de la ley, debe ser seguro y adecuado a cada circunstancia particular para no alterar los principios, derechos y garantías consagrados constitucionalmente.

La aplicación del principio de razonabilidad en los procedimientos policiales se articula convenientemente con un control social consensuado y participativo, pues a diferencia de la racionalidad, implica un razonamiento práctico en el cual intervienen otros factores de carácter axiológico. De esta manera, nos permite decidir la acción más equilibrada, conveniente, y no arbitraria, para que el procedimiento sea realizado correctamente (eficiente) y cuyo resultado sea de indiscutible constitucionalidad (eficaz).

En el cumplimiento de la ley los agentes de policía no deben actuar impulsivamente, ni de manera exagerada o improvisada, sino razonables en su juicio y aplicar el principio de proporcionalidad entre la medida adoptada y el fin buscado.

Tanto la razonabilidad como la proporcionalidad, persiguen la protección de los habitantes, limitando su actuación a lo estrictamente necesario e inevitable, en consonancia con el objetivo perseguido. En este sentido, la proporcionalidad exige el estudio situacional del caso a intervenir, la valoración y determinación de la medida necesaria y su nivel de intensidad (el más atenuado) en resguardo de excesos y arbitrariedades que pudieran generar mayores compromisos constitucionales.

A diferencia de la autoridad judicial que interviene sobre sucesos ya acontecidos, la autoridad policial lo hace sobre situaciones en proceso, que se están sucediendo en el presente, en la inmediatez y en diversos y diferentes ámbitos geográficos. Por ello debe adecuar sus procedimientos a los principios antes señalados. Esto hace necesario un alto grado de profesionalidad, de permanente capacitación y entrenamiento por cuanto lo razonable y proporcional (la forma de actuar y en qué medida) de un procedimiento policial, deben resolverlo en tiempo perentorio y exiguo.

Gradualidad.

Hemos citado el Principio de Gradualidad en oportunidad de comentar algunos párrafos de los Principios básicos para el empleo de la fuerza y de armas de fuego como haber señalado algunos niveles de respuesta policial ante situaciones conflictivas.

El principio importa la aplicación de medidas de advertencia, cuya finalidad es disuadir y llamar a la reflexión, previo a iniciar y desarrollar un proceso de intensidad variable que guarde relación con el fin perseguido. Su objetivo es evitar un nivel excesivo e innecesario en la intensidad de la respuesta operativa de la policía, pues se busca la prevención de situaciones peligrosas, violentas y delictivas, la abstención al empleo de la fuerza y las armas de fuego como evitar la vulneración de derechos durante el procedimiento de aplicación de la ley.

En este contexto, el principio de gradualidad lo consideramos en diferentes escenarios de aplicación. El primero corresponde a su despliegue operativo estático de carácter inmueble, representado por sus dependencias policiales. En segundo término su despliegue dinámico, de patrullajes a pie o con movilidad, o de cobertura presencial fija en base a objetivos prestablecidos para la eliminación de las oportunidades de producción delictual. En el tercer escenario, ubicamos a aquellas situaciones programadas o imponderables, sean rutinarias como respuesta a controles públicos o conflictivas debidas a procesos delictivos en que los agentes policiales se vean involucrados.

Los escenarios primero y segundo, están relacionados con la prevención situacional en respuesta a requerimientos comunitarios, oportunamente planificados y dispuestos para su cometido institucional, estableciendo cierto nivel de intensidad "cuali-cuanti" en la presencia policial y presupuestos de disuasión, llamados a la reflexión y coacción para quienes intenten transgredir la ley. La gradualidad permite determinar la intensidad en el contenido y alcance de la prevención.

El tercer escenario contiene situaciones de contacto interpersonal que involucra la conducta de los agentes policiales con las personas. Estas situaciones pueden derivar en conflictivas con la posibilidad cierta del empleo de la fuerza y las armas de fuego, en cuyo caso deben abstenerse, salvo en ocasiones que sea estrictamente necesario e inevitable, donde otros medios alternativos como la disuasión, la negociación o la advertencia hayan fracasado.

El principio de gradualidad ofrece una herramienta idónea a los fines de asegurar un cumplimiento de la ley que no encierre posibilidad letal, o no letal, pero a consecuencia de excesiva intensidad.

La consulta al diccionario de la RAE, nos permite identificar una palabra clave para nuestro estudio y ya empleada en nuestro argumento, el vocablo "grado", al cual define: "1. Cada uno de los diversos estados, valores o calidades que, en relación de menor a mayor, puede tener algo. 2. Valor o medida de algo que puede variar en intensidad".

Retomando lo dicho para el tercer escenario, comprendemos que el nivel de intensidad de la medida adoptada (que sabemos debe ser proporcional al objetivo) debe proceder de grado en grado pero de menor a mayor. Estos extremos, ameritan seguir una secuencia progresiva a partir del nivel menos perturbador e incrementándose hasta niveles extremos, pero solamente en función de resultados desfavorables.

Para todo caso, la gradualidad comprende desde la presencia policial en la comunidad hasta la extremidad no deseaba ni recomendada, pero contemplada, del empleo de la fuerza y las armas de fuego.

La gradualidad cierra el marco jurídico donde se desarrolla la actuación policial, determinado por la igualdad, la legalidad, la defensa, la excepcionalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad.

"Para que una aprehensión policial sea acorde con los estándares internacionales de derechos humanos, las causales para privar de la libertad a una persona (mayor o menor de edad) deben estar previamente establecidas por una ley en sentido formal, obviamente de conformidad con la Constitución Nacional. En segundo lugar, los procedimientos para llevarla a cabo deben estar objetivamente definidos en una ley. En tercer lugar, aun cuando la aprehensión policial se ajuste a lo señalado por la ley, no debe ser arbitraria, es decir, debe ser razonable, previsible y proporcional en el caso particular. Asimismo, debe asegurarse un respeto irrestricto de las garantías judiciales a toda persona privada de la libertad. Tratándose de una persona menor de edad, es imprescindible, además, que su familia sea notificada de la medida y de los motivos de ésta en forma inmediata o en el plazo más breve posible, como resguardo esencial para la tutela de sus derechos." (Caso Bulacio, Sentencia 2003, Págs. 18-9, párrafo 53 a)

Los principios mencionados deben ser tratados con uniformidad en la práctica policial, siendo necesario que las instituciones dicten protocolos de actuación que contemplen su consideración y aplicación para toda situación que se les presente. Consecuentemente, es importante su plena difusión y la capacitación teórica y práctica de los agentes para evitar debilidades o alteraciones en su aplicación.

Camino al delito.

El delito es fundamentalmente una acción humana. Surge en la mente del autor y se exterioriza a través de la ejecución de actos que producen un resultado.

Entendemos por camino al delito (“iter criminis”), al proceso conformado por las diferentes fases y etapas que una persona transita para la comisión de un delito doloso. Se trata de un desarrollo dogmático, creado por la doctrina jurídica, asignando a cada uno de los actos, un grado de responsabilidad penal.

Su desarrollo permite delimitar y comprender mejor la actuación policial.

Fases y etapas.

Al surgir en la mente del autor y luego exteriorizarla, el proceso admite una fase interna y otra externa, cada una de las cuales tendrán características y acciones diferentes.

Fase interna.

Incluye la ideación, la deliberación y la determinación, instancias que sólo se dan en los delitos cometidos dolosamente. No trasciende al mundo exterior, pues permanece en el espacio interior de la mente y mientras no haya manifestación alguna no hay compromiso con el Derecho Penal, pues como dijimos, el delito es una acción, no un mero pensamiento.

Estamos hablando de la libertad de conciencia, del derecho a pensar y que nadie pueda controlar o anular, protegida constitucionalmente a nivel nacional e internacional por imperio de los documentos de derechos humanos.

Pero no se limita solamente a la libertad de conciencia sino a la libertad de vivir y comportarse en pleno goce de los derechos fundamentales que les corresponde por su sola condición de seres humanos.

Esto orienta la actividad policial hacia sus verdaderas y legítimas incumbencias, es decir, que sólo podrán actuar si las personas exteriorizan actos que impliquen responsabilidad penal, y bajo ningún concepto, investigar y analizar los datos sensibles como las acciones privadas de las personas y sus correspondientes comportamientos de seres libres.

1. Ideación. Es el momento en que surge en la mente del sujeto la idea y el propósito de delinquir.

2. Deliberación. Es el momento de estudio y apreciación de los motivos para realizar el delito, los "pro y contra" de llevarlo a cabo.

3. Determinación. Es el momento de la decisión para realizar el delito sobre la base de los motivos de la etapa anterior. Pero tal resolución de ejecutar una infracción penal, continúa en su fuero interno.

Por lo tanto, las etapas descritas de la fase interna, no son punibles.

Fase externa.

Representa la exteriorización del producto de la fase interna, comenzando a realizarse materialmente. Comprende desde la simple manifestación de cometer un delito hasta el resultado final.

La exteriorización determina la realización de una serie de actos preparatorios y de ejecución que pueden ser detectados y neutralizados por la policía virtud a su esquema y gradualidad operativa para la prevención del delito.

Toda información lograda por la policía y basada en esta fase del camino al delito es consecuente con su misión, no vulnera derechos fundamentales y está orientada a adelantarse a su producción.

Veamos dos etapas bien definidas de esta fase:

1. Los actos preparatorios.

Son la consecuencia inmediata de externalizar el propósito delictivo por medio de actos materiales necesarios y adecuados para cometer la acción. Son actos equívocos, pues pueden ser lícitos o ilícitos, dado que no se revela con claridad y precisión la conducta delictiva.

En los primeros, no hay violación de la norma penal y en los segundos, generalmente son de menor entidad jurídica que aquel a cometer.

En este caso la actuación de los funcionarios policiales debe ser razonable. Una persona puede situarse en la vía pública, estar sentada, de pie o caminando a cualquier hora del día y durante el tiempo que su voluntad le dicte, y no estará cometiendo ningún delito, es más, estará gozando del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Los vecinos pueden estar alarmados, comunicar la circunstancia a la policía y ésta, puede llegar a presuponer un comportamiento que obedezca a la realización de actos preparatorios lícitos en proceso delictual, más no es causal para limitar sus derechos constitucionales. Su estado de inocencia lo asiste y protege.

No obstante, nada impide ni vulnera derechos, una actividad policial preventiva de disuasión, de contacto visual, mediante su presencia, la observación de la situación en los términos señalados precedentemente y aún conversar con la persona. Acercarse y dialogar en la vía pública, no conforma una limitación de la libertad ambulatoria. Considerar lo contrario sería demasiado vehemente y nada aportaría a la aplicación de la ley.

Agotando el ejemplo anterior, una persona -o grupo de personas-, estacionado en la esquina de un barrio por un tiempo prolongado, provocando la alarma de los vecinos quienes llaman a la policía o advertidos por la policía misma, sería fatuo pensar que los agentes no puedan acercarse ni siquiera para preguntar sobre la existencia de algún inconveniente o transmitir el sentimiento de los vecinos, sin que se sospeche que están violando derechos constitucionales, sería prejuzgar negativamente su deber de preventor y descalificar la aplicación de la ley.

2. Los actos de ejecución.

Son actos idóneos e inequívocamente ilícitos dirigidos a perpetrar el delito, e independientemente del resultado arribado, tienen responsabilidad penal. Efectivamente, es la etapa previa necesaria para lograr el resultado deseado por el autor, desarrollando acciones, a cuyo término puede lograr su cometido final. Si lo logra llegamos a la consumación, y en caso contrario, será tentativa.

3. Consumación.

Es haber cometido el delito oportunamente pensado, lo cual implica una instancia irreversible. El proceso iniciado por el autor está totalmente concluido y logrado su objetivo antijurídico.

4. Tentativa.

        a. Desistida.

Se da cuando el sujeto activo suspende los actos de ejecución, desistiendo voluntaria y eficazmente de su ejecución para la consumación del delito. Tal es el caso del arrepentimiento pero seguido de acciones eficaces para no cometer el delito. No es punible, salvo que en sus actos previos hubiera cometido algún ilícito menor.

        b. Frustrada.

Cuando el sujeto activo realiza todos los actos necesarios tendientes a la producción del delito, pero por causas ajenas a su voluntad no lo lleva a cabo. En este supuesto, encontramos a la intervención policial como causal ajena a la voluntad.

De las dos entonces, la única que tiene pena es la frustrada y ésta, será penada de conformidad con el ordenamiento jurídico referido a cada país.

Conclusiones.

Resulta clara la actuación policial en la fase externa, sea en los actos preparatorios y de ejecución como en el condicionamiento del resultado. La fase interna se corresponde con la libertad de conciencia y por ende, respetada y vedada para toda actividad policial. Empero, nos sirve para comprender que en las etapas de la "deliberación" como de la "determinación", el correcto despliegue preventivo situacional de la policía como del conocimiento que la persona tenga del mismo y de los resultados eficaces que haya tenido, llama a la reflexión y disuasión, y sopesar, junto a otros presupuestos, al momento de tener que resolver en su fuero interno, el infringir la ley penal.

Del olfato policial.

Tan vituperado desde diversos sectores cuanto no es otra cosa que la experiencia profesional, pero que se ha magnificado en cierta medida asociándolo a violaciones a los derechos humanos. Empero vamos a explayarnos sobre el tema pues reviste particular interés para los procedimientos policiales.

El denominado "olfato policial" no es más que una referencia metafórica a una experiencia sensorial unida y difícil de separar del ejercicio profesional, que demuestra percepción, prudencia y sabiduría para reconocer y resolver situaciones más allá de las evaluaciones que la gimnasia intelectual indica.

Lo encontramos siempre presente en la práctica profesional y es su consecuencia inmediata, vislumbrándose en profesionales comprometidos con su labor.

Nadie cuestionaría el empleo del "olfato clínico", es más, su aplicación demostrada, actúa como un llamamiento a pacientes que desean confianza en su profesional médico. De igual manera, la aplicación del "olfato policial" como complemento de su ritual operativo, brinda reaseguros que redundan en la seguridad de los habitantes.

Si pretendemos una policía profesional y diligente, el "olfato policial" como el ejercicio de la facultad discrecional, deben manifestarse como complementos necesarios para su protocolo operativo reglado, pues no representa una puerta abierta a la cara negra de la subjetividad del agente, y por ende al descontrol o la incertidumbre, sino un complemento necesario que juega a favor de principios fundamentales como la razonabilidad, la proporcionalidad y la gradualidad.

En este sentido, algunas instituciones policiales de países de nuestra región, promocionan agentes de policía sin los conocimientos teóricos necesarios para su desempeño laboral. Por eso, resulta necesario que en el inicio de su carrera y en sus actividades comunitarias sean acompañados con agentes de probada experiencia.

La posibilidad de su mal empleo, no es determinante para desecharlo y desestimarlo como complemento operativo. No debemos adelantarnos a esa posibilidad, y en cuyo caso, el autor responderá ante el sistema de justicia penal, pues el "olfato policial" no significa que el policía sea menos profesional y que en su labor cotidiana pueda hacer lo que quiera o proceder a su antojo.

Tengamos presente dos cuestiones: A. que tradicionalmente al agente policial se le ha llamado pesquisa o sabueso y; B. que utilizamos un americanismo como "tiene cancha" para denominar a quienes tienen ciertas habilidades para afrontar situaciones.

Ahora bien, el diccionario de la RAE define sabueso como: "1. Pesquisidor, que sabe indagar, que olfatea, descubre, sigue o averigua los hechos". Por su parte, Cancha: "6. Habilidad que se adquiere con la experiencia" y también relaciona: "Reconocerle la capacidad de actuar conforme a su voluntad en determinado asunto". Con la debida aclaración que voluntad no es sinónimo de capricho.

En cuanto al vocablo experiencia: "1. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo; 2. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 3. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones vividas. 4. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona". Tomemos las cuatro acepciones pues para nuestro cometido son válidas aunque particularmente la que mejor se ubica es la número 2.

Entonces, si no se desea emplear la frase "olfato policial" pues para algunas organizaciones no gubernamentales o medios de comunicación social es sinónimo de zona negra y descontrolada, reemplacémosla por la de "cancha policial", pero podría no corresponderse con un léxico profesional aunque de lenguaje cotidiano, entonces resolvamos el tema utilizando "experiencia policial" pues realmente es lo mismo.

Observaciones:

Se autoriza su reproducción parcial o total del presente texto de apoyo producido por el docente responsable con la única condición de mencionar su fuente.

El presente texto de apoyo se completará en aula con las clases y actividades llevadas a cabo por el docente responsable.

Bibliografía.

Constitución Nacional (RA);

Constitución Provincial (PBA);

Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU-1948);

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU-1966);

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (OEA-1948);

Declaración de responsabilidades y deberes humanos (ONU-1998);

Convención Americana de Derechos Humanos (OEA-1969);

Cheves, Raúl Marcelo: “La cuestión policial: Manual para la aplicación de la ley”; Editorial Seis Hermanas, La Plata, 2015 (ISBN: 978-987-24197-2-1); “El modelo policial hegemónico en América Latina: Crónica del servilismo policial”, Editorial Seis Hermanas, La Plata, 2008 (ISBN978-987-24197-0-7);

Código de Procedimiento Penal Provincia de Buenos Aires;

Ley Orgánica Policial 13.482/06;

Ley de Personal Policial 13.982/09 y Decreto 1.050/09;

Derechos Humanos y aplicación de la ley (Manual de capacitación en derechos humanos para la policía) (ONU-1997);

Derechos Humanos, seguridad ciudadana y funciones policiales (IIDH-OEA-2011);

Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU-1990);

Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (ONU-1979.

------

La Plata, abril del año 2017.

Raúl Marcelo Cheves