La descentralización policial.

Por Raúl Marcelo Cheves para Editorial Seis Hermanas

En los últimos meses se ha renovado el tema de la necesidad de sostener y fortalecer la descentralización de la Policía. Mucho se ha dicho al respecto, "necesidad de cambio", "la propaganda y el éxito en el partido de Lobos" o de "Esteban Echeverría (Ezeiza)", "episodios dramáticos de carácter delictivo", en suma, "la seguridad de las personas". Efectivamente, lo que está en juego ante esta situación es la Seguridad Humana de los Habitantes de la Provincia de Buenos Aires, quienes deseamos estar permanentemente protegidos y que nuestros derechos estén plena y permanentemente salvaguardados por el Estado, independientemente y sin prestarle mucha atención a que si la Policía dependa del Intendente, del Gobernador o del propio Presidente. En primer lugar hay que aclarar que la descentralización policial, muy publicitada en su momento –como novedosa y de llave para el éxito- pero llevada a la práctica de manera atolondrada e improvisadamente con la creación de la domésticamente conocida "Policía Municipal", redundó en la mayoría de los casos en un absoluto fracaso pues a la falta de personal, recursos materiales y financieros –que se sabía serían los mismos que el Ministerio de Seguridad contaba y tenía ya destinados para tales distritos, pues no se podía inventar su incremento-, se le sumo su origen inconfesable y paupérrimos sus fines, pues era necesario repartir el peso y costo político del fracaso en materia seguridad, en los señores intendentes que beneficiosamente se desesperaban por manejar de "derecho" a la policía, sumado a lo cual, la carencia absoluta de planificación, de al menos proyectos, de conocimientos para su aplicación y su orientación; todo ello para satisfacer en adecuada medida a una opinión pública harta de delincuencia y que gracias al Estado se encontraba –y continúa- en permanente situación de víctima. En este mismo sentido, cabe una nueva aclaración, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, estuvo descentralizada desde tiempos inmemorables con las denominadas Unidades Regionales y que luego de la "deforma de diciembre de 1997" en Jefaturas Departamentales, llegando inclusive hasta el nivel comunal. El problema es que los políticos y funcionarios policiales no supieron que hacer con ese esquema de descentralización –más que para beneficio propio- y por ende no aportaron nada para su aprovechamiento y desarrollo, reportando en la actualidad un mero estamento burocrático-administrativo con ribetes de ineficacia. En este contexto, los funcionarios policiales a cargo de cada una de sus comisarías, siempre fueron aquellos que contaban con el consentimiento del Jefe Comunal quien ejercía sobre los mismos una influencia inmediata y superior, al que en la lejanía ejercía su superior directo. Por lo dicho surgió entonces la necesidad de formalizar en términos de Ley una situación de hecho de tantas décadas que derivara en las policías comunales, agregándose una situación no menos importante que las anteriores, dado que al producirse el proceso de deforma policial que concluyo con la desaparición de la fuerza policial provincial y que aún está ausente, surgió como problema la figura de un ministro con quien había de "dialogar" para la designación de funcionarios y asignación de recursos, y no era tan accesible y permeable como el anterior Jefe de Policía. Otro comentario relacionado, refiere a la creación de la Policía Judicial, que efectivamente hubiera sido un logro pero se pretendió crearla muy a la "criolla", muy "a lo nuestro", es decir, no crearla, sino quitarle a la Policía Provincial toda la subestructura organizativa y funcional correspondiente a la entonces Dirección General de Asuntos Judiciales e incorporarla al Poder Judicial, es decir, una "piolada de aquellas", desvestir un santo para vestir a otro. Debemos ponernos de acuerdo entonces, en que la Policía Comunal existió siempre, solo que los propios políticos y funcionarios policiales que la usaban cotidianamente no lo sabían. Que ahora haya bases jurídicas, me parece perfecto pero no condenemos al olvido una historia más que centenaria. En este mismo contexto, la ausencia del Estado al momento de la convocatoria, intervención y expedición de especialistas en materia de seguridad y policía, que hay muchos y muy buenos en nuestro país, provincia y ciudad –sin necesidad de buscarlos o traerlos vía Nueva York-, hace a su fracaso en estas materias, renovando su apuesta siniestra para con amigos, socios, utilitarios pero nunca a profesionales -o al menos idóneos como dice nuestra Constitución Nacional- y con esto no fortalezco la figura de los iluminados o sofistas, sino respetar las incumbencias de cada profesión. O acaso algún vecino cuando tiene dolor de cabeza consulta a un arquitecto, o en supuestos de sentir ruidos en su techo, llamaría un abogado; se llama a la Policía que es la profesional en el tema.

-----